"Trece de los procesos de compra de tierras que llevamos adelante en 2019 tienen un enfoque altamente productivo y con pertinencia cultural", dice el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig. "El alto nivel productivo que tienen estas tierras, que son predios del valle central, que si bien pueden tener un costo más elevado por hectárea, permitirán que las comunidades puedan desarrollarse", sostiene.
El año pasado, el organismo destinó $ 40 mil millones a la compra de 13 mil hectáreas de tierra para devolvérselas a las comunidades indígenas de todo el país, en un proceso que se viene realizando desde 1993. Ese año, se publicó la Ley 19.253 que reconoce el derecho de los pueblos originarios a disputar los predios que con los años fueron vendidos o traspasados a privados.
La normativa, según explican en el Ministerio de Bienes Nacionales, responde a una demanda de estas comunidades que aspiran a mantener sus tradiciones. Hasta la fecha, el Estado ha adquirido poco más de 300 mil hectáreas de tierras.
Con esto, además de resolver una demanda y una reivindicación histórica, "estamos atacando el corazón del problema de la Región de La Araucanía, que es la pobreza de las comunidades en la ruralidad", explica Malig.
Según el abogado, otro de los criterios utilizados para adquirir y traspasar predios a las comunidades indígenas es su condición de sitios de significación cultural, "lugares donde las comunidades indígenas podrán desarrollar su espiritualidad, a través del juego; ya que corresponde a palines, guillatunes y lugares de alto significado para la cosmovisión mapuche", sostiene.
Además de las tierras, el año pasado se destinaron recursos millonarios para riego. En los últimos años, a raíz de la severa sequía que afecta al país, las comunidades indígenas le han pedido al Estado ayuda para mejorar su acceso y manejo del agua. Por ello, en 2019 se destinaron poco más de $ 11 mil millones para implementar sistemas de riego de alta eficiencia como goteo o aspersión, así como también para el mejoramiento de los sistemas existentes en cada familia.
"Es la inversión más alta en la historia de Conadi para obras de riego, que beneficiarán a unas 4.500 familias indígenas, de 51 comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Biobío, La Araucanía y Los Lagos", sostiene el director de la entidad.
Mala evaluación de los programas
En 2019, la Conadi contó con un presupuesto de $ 82 mil millones para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y su programa de apoyo. Para este año, el erario nacional consideró entregarle $ 83 mil millones, en medio de la polémica por la evaluación del sistema.
Desde 1993, la entrega de tierras ha sido duramente criticada por el sector privado.
De hecho durante la discusión presupuestaria, el Gobierno propuso rebajar en $ 6.300 millones -equivalentes a un 5,5%- el presupuesto 2020 de la Conadi, debido a la mala evaluación de sus planes.
Incluso, la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) en la Región de La Araucanía exigió en octubre del año pasado que se paralicen las compras de tierras porque el proceso estaría ligado a los frecuentes episodios de violencia rural en esa zona.
Una de las grandes polémicas por la compra de tierras se produjo en 2002, cuando Forestal Mininco -controlada por el Grupo Matte, a través de CMPC- optó por vender las casi dos mil hectáreas de su Fundo Alaska, ubicado a 10 kilómetros de Ercilla, tras considerar que no podría seguir administrándolo por los constantes incendios y tomas de que estaba siendo objeto.
Cuestionados también han sido los precios que se han pagado. Existen varias denuncias de sobreprecios de terrenos y en 2018, el entonces director de la Conadi, Jorge Retamal, aseguró que en el gobierno anterior se compraron 37 predios a un valor fuera de lo normal. "Estamos renegociando los precios y hemos cerrado acuerdo con algunos propietarios produciendo un ahorro fiscal de más de $ 4.000 millones. Los procesos de tierras no se han paralizado, lo que sí es que queremos que cada peso que se invierta se haga de forma transparente y que se pague un precio justo", dijo en una entrevista a este diario.
A fines de ese año, se creó una mesa de diálogo integrada por las forestales y consejeros de la Conadi que representan a las zonas del sur de Chile, para evaluar en conjunto qué tierras se pueden vender y adquirir por parte del Estado. También se habló de sus precios.
Para el exdirector de Conadi (2007-2009) y actual consejero, Wilson Reyes, el proceso de compra de tierras tiene un aspecto positivo a su juicio insoslayable: "Es una herramienta interesante para descomprimir la tensión", explica.
Reyes admite que ha habido casos en que se ha hecho mal uso de los instrumentos que existen para devolver las tierras a las comunidades indígenas y que algunos han tratado de especular con las tierras, "como algunos notarios, archiveros públicos o los mismos dueños para venderlas más caras", sostiene, pero reitera que se trata de "un buen mecanismo para recuperar tierras que está legitimado, pero que hay que ir mejorando en el tiempo".
Elección de consejeros a la espera
Pese a que a partir del 3 de febrero se inició la inscripción para elegir a ocho consejeros de la Conadi, el proceso quedó suspendido a raíz de la epidemia de coronavirus. Ya hay inscritos 69 aspirantes y se está a la espera que en los próximos días, la Fiscalía del organismo publique el padrón oficial.
En este contexto, el consejero Reyes plantea que, tal como están las cosas, así como el plebiscito se postergó para el 25 de octubre, sería bueno quizás que ese mismo mes se realizara la elección de los consejeros. Varios de los actuales irían a la reelección.
El Consejo Nacional de la Conadi es el organismo que define la política de la institución y vela por su cumplimiento. Está habilitado para proponer el proyecto de presupuesto anual del servicio, aprueba los diferentes programas que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, los evalúa y asegura su ejecución, según consta en la página del organismo.
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