Cuatro hermanos divididos en dos bandos luchando por el control de un conglomerado familiar valorado en varios cientos de millones de dólares. Tras varias querellas, un arbitraje y confrontaciones que incluso llegaron a las manos, el conflicto que estalló hace poco más de cinco años entre los descendientes de Jonás Gómez Gallo, el fallecido empresario y senador radical por Atacama, estaría cerca de llegar a su fin con un último intento de mediación.
Pero la batalla legal no sólo afectó a los descendientes del patriarca, sino que en paralelo, dos empresas del grupo sufrieron los efectos de la contienda, viendo seriamente comprometida su capacidad operacional en un episodio desconocido, que quedó registrado en detalle en una querella ingresada a principios del año pasado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La demanda fue presentada a nombre de Inmobiliaria Conosur y Comercial e Inmobiliaria Nacional Limitada (Nasa), sociedades de la familia Gómez, dedicadas al arriendo de inmuebles que gestionan más de 500 propiedades, entre oficinas, casas, locales comerciales, hoteles, campos, terrenos y estacionamientos. Su patrimonio está valorado en 4,4 millones de UF (unos 146 millones de dólares).
A la fecha de la demanda, ambas compañías registraban 294 arrendatarios en total, y cobraban arriendos por $ 340 millones mensuales.
Aunque la acción legal fue finalmente desistida, porque la familia decidió apostar por un nuevo esfuerzo de arbitraje, la situación llegó a implicar además a algunos de los principales ejecutivos del sector financiero en Chile.
Según consta en la querella, la familia Gómez solicitaba que los gerentes de Scotiabank, Banco Itaú, Banco Estado y Banco de Crédito e Inversiones fueran oficiados para aportar evidencia del caso.
La acción además, fue presentada bajo el nuevo tipo de "Administración Desleal de Patrimonio Ajeno", una figura inédita en el país que se adoptó en la última reforma del Código Penal y que se incorporó en noviembre de 2018.
Actor de bajo perfil
Pese a su escasa figuración pública, el grupo Gómez maneja una fortuna que en el mercado se estima por sobre los mil millones de dólares.
Además de las compañías mencionadas, el grupo participa en numerosas sociedades. A través de Nasa es el principal accionista de las mineras Carola, que produce cerca de 200 mil toneladas de cobre, y Coemin, cerca de Copiapó, dueña de la Planta Cerrillos, con una producción de 9 mil toneladas de concentrado de cobre.
La fortuna incluye además la productora agrícola Agrouva, que exporta cerca de 200 mil cajas de uva de mesa al año y una participación de 9,8% de Clínica Las Condes, que los posiciona como el tercer accionista de la institución de salud.
La confrontación comenzó a fines de 2015, cuando Segundo Gómez Pacheco quiso tomar un papel más activo en la gestión de las empresas, que hasta entonces había estado en manos de su hermano Jonás. Los planes no cayeron bien en el administrador, quien decidió que había llegado la hora de seguir camino por su cuenta, exigiendo la partición de los activos.
Pero las gestiones para repartir el patrimonio resultaron mucho más complejas de lo previsto, y las tensiones llegaron a un punto crítico en octubre de 2017, cuando ambos hermanos se enfrentaron a golpes en las oficinas del grupo en Providencia.
Pero fue a comienzos del año pasado, y tras dar por terminado un primer intento de arbitraje, que la crisis finalmente rebasó el ámbito familiar y golpeó de lleno en la operación de Conosur y Nasa.
Cierre de cuentas
Según consta en la querella presentada en febrero de 2019 por el abogado Julián López a nombre de ambas compañías, un mes antes, Jonás Gómez remitió al entonces gerente general de Banco Itaú, Manuel Olivares, una carta que encendió las alarmas. "Con la decisión de perjudicar gravemente" a las empresas y violando "los deberes de cuidado de los intereses patrimoniales de ambas sociedades" que le correspondían como administrador, dice el instrumento, el querellado informó al alto ejecutivo la revocación de todos los poderes otorgados por Nasa. En la misma carta, que fue entregada materialmente en las oficinas del banco, e invocando su calidad de "apoderado estatutario", ordenó el cierre de todas las cuentas que tenía la sociedad en esa institución financiera y el cese de todos los movimientos en ellas.
Para esa fecha Nasa registraba un saldo en su cuenta corriente del Banco Itaú de $ 487,7 millones, además de un depósito a plazo por $ 1.500 millones, una cuenta en dólares por casi US$ 1,4 millón, y una cuenta overnight por US$ 5,2 millones.
Conosur, por su parte, exhibía un saldo en cuenta corriente de $ 688,3 millones, además de un depósito a plazo también por $ 1.500 millones, y una cuenta en dólares por poco más de US$ 56 mil.
Una tras otra las llamadas comenzaron a sucederse en cascada. Al día siguiente, la tesorera de Conosur habría sido contactada por una ejecutiva de BancoEstado informándole que la cuenta corriente que la compañía mantenía en esa institución, donde registraba un saldo de $ 2,6 millones, había sido cancelada por orden de Jonás Gómez. Ese mismo día la tesorera habría recibido una llamada similar desde BCI. Las empresas contaban con cerca de $ 22 millones en esas cuentas. Dos días después habría llegado la noticia de Scotiabank informando el cierre de cuentas con un saldo de poco más de $ 8 millones, además de una cuenta en dólares de Conosur por US$ 723 mil y otra por 16.900 euros.
Cosecha paralizada
Según la querella, la acción provocó serios perjuicios para la operación de ambas compañías, no solo impidiéndole cumplir con sus obligaciones con terceros, sino además imposibilitándoles percibir los ingresos necesarios para desempeñar adecuadamente su actividad.
De este modo las empresas se vieron obstruidas para pagar los sueldos a sus 33 empleados, incluyendo las cotizaciones previsionales. Pero la situación también comprometió el cumplimiento de otros procedimientos esenciales, como el pago del IVA, de las provisiones mensuales y a sus proveedores. "Como consecuencia de lo anterior fueron protestados 13 cheques", dice en la querella.
Como contraparte, las empresas también se vieron complicadas para el cobro de la mayor parte de sus ingresos correspondientes al arriendo de sus numerosas propiedades.
Junto con ello, la filial exportadora de uva de mesa Agrouva, vio afectado su acceso a los recursos que recibía anualmente en esa fecha de parte de Nasa para financiar los gastos asociados al inicio de la temporada de cosecha. "Todo indica que el cierre de las cuentas corrientes tuvo el propósito deliberado de lograr la paralización de estas faenas y así provocar maliciosamente la pérdida total o parcial de la cosecha, lo que en el evento de lograrse significaría para esa sociedad una pérdida estimada en entre US$ 1,5 millón y US$ 2,0 millones" afirmaba la querella.
Gerentes oficiados
Para respaldar sus denuncias, la parte acusadora acompañó su presentación con diversas evidencias, como una copia de la carta supuestamente enviada por Jonás Gómez a Manuel Olivares donde le habría instruido el cierre de las cuentas, además de las copias de las actas de una junta extraordinaria de accionistas de Conosur y Nasa donde las sociedades anónimas fueron transformadas en sociedades de responsabilidad limitada.
La medida judicial solicitaba además al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la realización de diversas diligencias, como oficiar al gerente general de BancoEstado, Juan Cooper, para que remitiera copia de las comunicaciones sostenidas por Gómez con el banco. La misma gestión se pedía en el caso de Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI, y Francisco Javier Sardón, gerente general de Scotiabank.
La magnitud de los perjuicios no está definida en el documento, pero el total de los activos enumerados supera los $ 4.200 millones en moneda local, además de cerca de US$ 10 millones y casi 17.000 euros. "En los momentos en que materializamos esta presentación, mis representadas realizan enormes esfuerzos por encontrar vías alternativas para poder seguir desarrollando su giro, dar cumplimiento a sus obligaciones, percibir los ingresos a que tiene derecho y aminorar el daño reputacional que los actos ilícitos del querellado le han causado y seguirán causando", se puede leer en la causa.
Pese a todo, la familia finalmente se desistió del procedimiento el 5 de junio, poco más de cuatro meses después de iniciada la medida, y el sobreseimiento finalmente se concretó el 1 de julio. Consultados por Diario Financiero, ni la familia ni sus representantres quisieron referirse al caso, argumentando que se encuentran en negociaciones y no desean comprometer los esfuerzos para un arreglo. Que esta vez sí sería definitivo.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
exportación e importación
