El economista jefe y gerente general del departamento de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y exsuperintendente de Bancos, Eric Parrado se encuentra en Chile para participar mañana en el 2° Foro Latinoamericano de Infraestructura, que reunirá a más de 15 ministros y viceministros de la región para discutir acerca de los desafíos de la infraestructura y que es organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Ministerio de Obras Públicas y el BID.
"En Chile se observan diferentes grados de brechas de infraestructura dependiendo de los distintos sectores. En el transporte las brechas más grandes se dan en porcentaje de caminos pavimentados, seguido de la densidad de los caminos (en relación con la superficie de tierra cultivable) y la calidad general de la infraestructura. En el caso de la energía, la brecha más grande se debe en gran medida al bajo consumo de energía (eléctrica y en general), seguido de muy cerca por las pérdidas de los apagones. En agua y saneamiento se observa una pequeña brecha en el acceso a agua potable mejorada y, por último, en el sector de las telecomunicaciones, hay grandes brechas en las suscripciones de banda ancha y de Internet", afirma Parrado.
Agrega que según un reciente análisis del BID, los principales retos en infraestructura de transporte son los "cuellos de botella" en la implementación, un factor clave en la desaceleración de la inversión en infraestructura. Esto se refleja en dificultades en la capacidad de planificación y ejecución, lo que incluye largos procesos de aprobación para proyectos nuevos y una productividad baja en el sector de la construcción.
Basilea III y conglomerados financieros
Esta mañana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pondrá para comentarios del mercado y público en general, las primeras normas de Basilea III.
-¿Qué espera de las próximas normas que emitirá para comentarios la CMF sobre Basilea III?
-El proceso de implementación de Basilea III va acorde a lo planeado originalmente y dentro de los aspectos que considera la adaptación de estos estándares. Hay que recordar que la emisión de normativa de la CMF para la implementación de Basilea III es de 18 meses desde la integración con la SBIF, así que el taxímetro ya empezó a correr. Dentro de las normas principales que debieran emitirse están las relacionadas con la definición del capital regulatorio, los buffers de conservación y contra-cíclico, los cargos extras de capital a los bancos sistémicos, y los requerimientos de capital asociados a la discreción del supervisor (Pilar 2), y la definición de los activos ponderados por riesgo. Todas estas normas tienen aspectos que necesitan definiciones que se lograran a través de consensos entre la CMF y el Banco Central de Chile, tomando en consideración las opiniones del mercado de alguna forma.
-¿En el mediano plazo, qué modelo de supervisión y regulación debería adoptar la CMF?
-Uno de los aspectos más importantes que la CMF ya debiera estar trabajando para hacerle una propuesta al Ejecutivo es contar con una ley de supervisión consolidada que tenga un foco en la regulación y supervisión de conglomerados financieros. En el corto plazo, la integración es un primer paso en ese sentido ya que la posibilidad de hacer arbitraje regulatorio disminuye y la coordinación entre unidades regulatorias y supervisoras debiera aumentar. Sin embargo, hoy la CMF no tiene las facultades legales para la supervisión de grupos financieros y esto debiera ser un objetivo de mediano plazo para seguir asegurando la estabilidad financiera de Chile.
-¿En ese sentido, cuáles son los mayores desafíos de la CMF?
-La CMF tiene muchos desafíos por delante. Uno de los principales es el de una real integración entre unidades que tienen objetivos y culturas muy distintas. Ese es un desafío para cualquier institución fusionada. Y por lo tanto, es necesario tener un buen diagnóstico del punto de partida para luego a través de un proceso gradual lograr una coordinación adecuada de la regulación y supervisión de distintas industrias. Ejemplo claro es el de balancear los objetivos de solvencia con los de conducta de mercado. Esto no ha sido fácil para ninguna institución regulatoria, pero a través de un proceso coordinado, planificado y eficiente de integración puede lograr materializar los beneficios esperados de la integración.
Guerra comercial
-¿Cómo se observa la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China estando ahí en Washington D.C.?
Washington DC es un lugar privilegiado para poder observar, discutir y analizar las tensiones que se viven tanto en el ámbito comercial como tecnológico. Y obviamente es una de las dos ciudades capitales donde se originan estas tensiones.
Y la conclusión que uno puede llegar es que estamos pasando a un ambiente de mayor pesimismo en la confianza de los inversionistas en alcanzar una solución. Y si la disputa comercial entre Beijing y Washington continúa escalando empezaremos a observar efectos reales en el comercio internacional y también en el crecimiento global.
Y si a esto le sumamos por un lado las tensiones por el ámbito tecnológico, que ya están afectando las cadenas de producción internacional y por otro lado, se agrega lo que está ocurriendo al Reino Unido con Brexit, tenemos una combinación poco adecuada para las perspectivas de crecimiento global.
-¿Cómo espera que esta situación afecte a los mercados emergentes como Chile?
-No estamos inmunes a los efectos de estas tensiones de la llamada guerra comercial entre las dos potencias económicas. En nuestro reciente Informe Macroeconómico precisamente destacamos el riesgo sobre el crecimiento económico de América Latina y el Caribe por las tensiones comerciales. Una caída del crecimiento en China significaba una pérdida de aproximadamente el 1,8% del PIB global. Un shock de esta magnitud podría disminuir el crecimiento en China a 5,3% en 2019 y en 2020 en comparación con el 6,2% de la referencia para ambos años.
Según nuestras estimaciones, el impacto potencial de un shock de ese tipo en América Latina y el Caribe es muy significativo. El crecimiento disminuiría en un 0,5% al año durante tres años, con una pérdida total del 1,5% del PIB regional. El efecto es mayor para el Cono Sur, aunque todas las regiones se ven afectadas negativamente. En este escenario los precios del petróleo disminuirían, lo que podría beneficiar a varios importadores de petróleo como Chile, pero dado que Estados Unidos se vería afectado también negativamente, el impacto neto es negativo.
Un segundo shock potencial es un menor crecimiento en Estados Unidos en caso de una escalada de las tensiones comerciales. El crecimiento en Estados Unidos podría caer a 2,1% y 1,4% en 2019 y 2020, respectivamente. Y esto significaría que el impacto en América Latina y el Caribe sería una disminución en crecimiento en aproximadamente 0,8% del PIB al año durante tres años, lo que equivale a una pérdida del PIB de casi 2,4%.
Si estos dos shocks se produjeran al mismo tiempo, las repercusiones en los mercados financieros probablemente serían grandes. Por lo tanto, a los dos shocks anteriores en China y Estados Unidos se podría añadir un shock financiero. El shock combinado reduciría el crecimiento en un 1,7% al año en la región cada año durante los próximos tres años, lo cual llevaría a la región a prácticamente una recesión.
Lamentablemente no estamos tan preparados para enfrentar una nueva recesión global como la que vivimos en 2008-09. En el mundo desarrollado no hay espacio para políticas económicas contracíclicas y en el mundo emergente quedan menos municiones para enfrentar una debilidad global.
-¿Por dónde pasa la salida a este conflicto?
Primero las contrapartes se tienen que dar cuenta que la guerra comercial es contraproducente e innecesaria para todo el mundo y especialmente para los países involucrados. Los consumidores y productores tanto en China como en los Estados Unidos perderán. Así que tratar de llegar a una solución bilateral es urgente. En el mediano plazo, las reglas de comercio internacional necesitan ser renovadas y fortalecidas para aclarar, por ejemplo, que constituye asistencia no comercial a empresas estatales y que condiciones pueden imponer los gobiernos a la participación extranjera en asociaciones con otras empresas, entre otras materias.
Reforma tributaria y pensiones
-En Chile la economía da señales de un crecimiento estancado, ¿Qué factores están afectando al país, además de la guerra comercial?
-En el ámbito coyuntural, los factores externos son importantes, pero estos son factores que no podemos controlar. Y los factores internos están más relacionados con las demoras en la tramitación de proyectos como el tributario y el previsional.
Pero más allá de la coyuntura, tenemos que pensar en reformas estructurales que nos lleven a aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Y en ese sentido, la productividad es el factor clave que los gobiernos deben considerar en todas sus reformas. Obviamente, los impactos no se logran en un solo periodo de gobierno y es por eso que los consensos y pactos de largo plazo entre distintos grupos son tan importantes. En el reciente Informe Macroeconómico del BID por ejemplo destacamos en esta oportunidad a contar con mejor y mayor infraestructura que nos ayude a aumentar nuestra productividad y por lo tanto, nuestro crecimiento económico. ¿Cómo? Con mayor inversión pública por supuesto, pero también atrayendo mayor inversión privada. Planteamos que los fondos de infraestructura a nivel nacional pueden ser un elemento que pueda identificar las oportunidades y brechas de infraestructura, ayude a desarrollar los proyectos y que al mismo tiempo puedan compartir el riesgo y buscar financiamiento.
-¿En qué grado afecta la demora en la tramitación de proyectos claves como la reforma tributaria y la previsional?
-Claramente las demoras en las tramitaciones de proyectos tan importantes como la reforma tributaria y previsional afectan las expectativas tanto de inversionistas como consumidores. Las decisiones de inversión y de consumo dependen de la certidumbre en términos de los costos involucrados, incluyendo los gastos asociados a los impuestos y a la previsión. Y es por eso que es mejor resolver prontamente a través de acuerdos políticos y siempre pensando en el impacto que esto puede tener en términos de las necesidades tributarias para enfrentar gastos futuros y la continua mejora en la distribución del ingreso.
-¿Qué le parece la reforma previsional, considerando la creación de un ente público que maneje el 4% de cotización extra?
-La cotización extra es necesaria. Las pensiones son bajas porque ahorramos poco y no debido a que las AFP no inviertan de buena forma. Por lo tanto, si hay buena gobernanza y regulaciones, objetivos claros, criterios técnicos y transparentes de inversión, y costos de administración adecuados, si el ente es privado o público es de segunda importancia. El mejor de los mundos sería el que existan más actores y que puedan competir como hoy lo hacen las AFP que compiten por rentabilidad, costos de administración y servicios otorgados. Esta discusión no debiera ser dogmática. Hoy las reservas internacionales y los fondos soberanos son administrados por entes públicos y tanto su administración, transparencia y gobierno corporativo son destacados internacionalmente. Y lo mismo ocurre con la administración de recursos por parte de las AFP.
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