Estafados por Alberto Chang demandan a dos bancos

Mientras Alberto Chang sigue disfrutando de su libertad en Malta, a 11.538 kilómetros de nuestro país, un grupo de inversionistas chilenos que reclaman haber sido estafados por el empresario y sus sociedades el Grupo Arcano y Ónix Capital, demandó a Banco de Chile y a Banco Santander por eventuales negligencias en su actuar en el caso que estalló en abril de 2016.

Según el escrito presentado en el 25° Juzgado Civil, el grupo de clientes afectados demandó a las entidades financieras por “los perjuicios que se les hayan ocasionado con motivo de su negligencia en su calidad de posición de garantes, en razón de no haber alertado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respecto a operaciones sospechosas” de Alberto Chang y el Grupo Arcano.

También acusan a los bancos de “no cumplir con las normas regulatorias del ramo tales como la Circular 3534 de la exSBIF y la Circular 49 de la Unidad de Análisis Financiero, lo cual a su vez trajo como consecuencia la inactividad de reporte al Ministerio Público tal como mandata la ley y, en consecuencia, se produjeron perjuicios que eran del todo evitables”.

Según el texto de la demanda, las sociedades ligadas a Chang, desde la apertura hasta el cierre de sus cuentas corrientes en dichos bancos, tuvieron extensos y prolongados movimientos de “operaciones sospechosas, movimientos inverosímiles con los giros de las empresas, todo lo cual debió prender las alarmas de los bancos en el marco de la debida diligencia a los cuales se obligan voluntariamente en razón de sus propios manuales, como también en virtud de la ley 19.913, y de las circulares de las entidades reguladoras”.

Instrucción telefónica

Según los demandantes, Alberto Chang instruía vía telefónica o mediante correos electrónicos a las ejecutivas bancarias de sus empresas, tanto de Banco de Chile como de Santander, para que transfirieran grandes sumas de dinero que, en realidad eran de los inversionistas dentro de los cuales se encuentran los demandantes, desde las cuentas señaladas a sus cuentas en el extranjero, “sin otra justificación que cubrir sus gastos personales y excentricidades propias de un personaje aparentador”.

Entre el grupo de 19 demandantes destacan miembros de la familia Korlaet, que tienen diversos negocios en el norte de Chile y que hace algunos años vendieron su cadena de supermercados a SMU.

Recuperación de recursos

El abogado de los demandantes, Rodrigo Rettig, quien interpuso la acción judicial en contra las entidades bancarias, señala que exigirán la diferencia que no cubra el proceso concursal transfronterizo que se lleva adelante en el 15° Juzgado Civil de Santiago en contra de Chang, lo cual será de aproximadamente $ 6.000 millones, al Banco Santander y Banco de Chile.

“Estamos planteando que Alberto Chang en el último trimestre del 2015 vació todas sus cuentas corrientes con argumentos muy poco verosímiles, que se enmarcan dentro de lo que se define como operación sospechosa, es decir, que no tienen justificación con el giro del negocio. Eso se debió alertar y es una falla de cumplimiento bancario”.

El abogado detalla que Ónix Capital nació en 2009 y durante cinco o seis años no invirtió en acciones, que era el giro del negocio de esta sociedad y que los bancos debían haberse percatado de que no se estaba cumpliendo. “Si los bancos hubieran alertado, se podría haber evitado el fraude mucho antes”, advirtió.

La historia de la estafa piramidal

Fueron cerca de US$ 100 millones el monto del fraude que cometió Alberto Chang a cerca de 1.000 clientes. El modus operandi consistía en convencer a personas de alto patrimonio en invertir en el Grupo Arcano -entidad no regulada- en instrumentos financieros que ofrecían una rentabilidad asegurada de 10%. Sin embargo, dichas inversiones no se realizaron.
A mediados de 2016, estalló el escándalo luego que Chang fue arrestado en Malta y liberado posteriormente bajo una fianza de 1.000 euros. Tras la solicitud de extradición presentada por Chile ante la justicia de Malta, en abril de 2017 el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para comprobar que los delitos de Chang eran extraditables bajo la Convención de Palermo.