Ley FinTech permite que criptoactivos asociados a una moneda puedan actuar como medio de pago

La Sala de la Cámara dará hoy curso a la tramitación del proyecto de Ley FinTech que anunció el viernes el Presidente Sebastián Piñera. De esta manera, se sella el compromiso que asumió el Gobierno en abril de 2019 cuando se comprometió a regular a esta industria.

El proyecto ingresado al Congreso tiene 86 páginas y comenzará su discusión legislativa en la comisión de Hacienda del Senado. De acuerdo al detalle de la iniciativa, parte del articulado recoge las propuestas que entregó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la cartera.

El proyecto de ley establece que la CMF fijará criterios de proporcionalidad basados en riesgos, modularidad en los servicios prestados y neutralidad tecnológica en cuanto a la carga de regulación y supervisión de las FinTech.

La nueva cancha regulatoria

El perímetro regulatorio de la CMF se ampliará y quedarán bajo su marco de fiscalización cinco nuevos actores: las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), ya sean para inversión u otorgar préstamos; los enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros; las empresas enfocadas en custodia de instrumentos financieros; los asesores crediticios y asesores de inversión.

También quedaron incorporados los sistemas alternativos de transacción de valores e instrumentos financieros. Esto incluye facturas, derivados y los activos financieros virtuales o criptoactivos.

Hacienda definió a los criptoactivos como “la representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente”.

Las exigencias

Para iniciar sus actividades las FinTech deberán acreditar el cumplimiento de requisitos asociados al nivel de riesgo de sus servicios.

Las exigencias son niveles de capital mínimos, constitución de garantías, gobierno corporativo, gestión de riesgo, entre otros.

La CMF tendrá la atribución de dictar una norma de carácter general que podrá eximir el cumplimiento de las exigencias que establezca la ley de acuerdo al tipo de servicio que se ofrece, volumen de operaciones, número de clientes, y otros elementos adicionales.

El proyecto establece que, alcanzando cierto nivel que definirá la CMF, las FinTech deberán constituir un patrimonio mínimo de UF 5 mil o el 3% de los activos ponderados por riesgo.

Las FinTech que abarquen servicios de intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes o custodia de instrumentos financieros deberán constituir garantías y responder de culpa leve en la prestación de sus servicios.

Los cinco sectores FinTech también estarán bajo el paraguas de fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero, quedando obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Se fija además que los bancos que ofrezcan cuentas corrientes “deberán establecer las condiciones públicas, objetivas, y no discriminatorias bajo las cuales ofrecerán y darán acceso a dichos servicios” a los cinco sectores regulados por la Ley FinTech. En caso de no abrir una cuenta o cerrar, deberá justificar las razones.

Las sanciones de la Ley FinTech contemplan penas que arrancan desde los 541 días de presidio.

Las stablecoins

Entre las modificaciones a otros cuerpos legales, se incorpora extender la facultad al Banco Central sobre los pagos minoristas para que las stablecoins -que son cripto activos asociados a una moneda- puedan ser consideradas como medio de pago si es que cumplen con los criterios definidos por el ente rector.

El proyecto avanza en extender las atribuciones de la CMF para la fiscalización a los medios de pago que correspondan a stablecoins, como también el normar las exigencias mínimas de atención al cliente y su protección cuando se realicen pagos con criptoactivos.

Finanzas abiertas

Para el esquema de finanzas abiertas se fija el desarrollo de interfaces automatizadas entre todos los actores del sistema financiero que son regulados por la CMF. Esto, con el fin de que cuando el cliente dé su consentimiento expreso, se pueda transferir la información entre una compañía a otra.

Una figura que se crea son los servicios de iniciación de pagos que podrán prestar servicios a los consumidores de la ejecución de pagos o transferencias a favor de terceros a través de las interfaces desarrolladas.