Las tres recomendaciones de la Asociación de Bancos para mejorar la Ley FinTech

El presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, presentó ante la comisión de Hacienda del Senado que está discutiendo el proyecto de Ley FinTech que se encuentra en segundo trámite constitucional.

Mena valoró esta iniciativa, y sostuvo que es una tendencia global la irrupción de las compañías tecnológicas financieras en el mercado y recordó que las FinTech actualmente son, a la vez, competidoras y socias en el sector financiero.

Sobre el proyecto, señaló que la banca comparte los objetivos de inclusión e innovación financiera que plantea el proyecto, aunque expresó que tiene algunos aspectos que requieren ser mejorados para lograr adecuadamente los objetivos declarados.

En este contexto, hizo ver la importancia de considerar la experiencia de otros países que han implementado este tipo de iniciativas, para lograr un desarrollo armónico de la regulación.

Mena apuntó que el proyecto se podría mejorar en tres ejes. Primero, avanzar en otros proyectos de ley necesarios como protección de datos personales y ciberseguridad. Segundo, equilibrar el marco regulatorio de responsabilidad ante fraudes. Y tercero, llevar una adecuada discusión del proyecto en materia regulatoria, supervisión, gobernanza e implementación.

Las sugerencias de la banca

En cuanto a datos personales, indicó que el marco actual presenta brechas importantes respecto a las mejores prácticas internacionales. Según Mena, el punto central del esquema de finanzas abiertas que impulsa la iniciativa es compartir datos, los cuales, si no están bien resguardados, en definitiva, podrían terminar perjudicando a los clientes frente al tratamiento indebido de datos personales.

"El contar con un marco de ciberseguridad que considere los diversos actores y servicios es, evidentemente, una condición necesaria para que el sistema en su conjunto opere con los estándares de un sistema seguro y confiable para los clientes", precisó.

El timonel hizo especial énfasis en la urgencia de revisar la Ley de Antifraudes, que está vigente desde 2020, que según Mena ha "deteriorado la robustez y desarrollo de los medios de pagos".

Expuso que "hasta mayo de 2020, por cada $100 mil transados, $9 correspondían a fraude, mientras que, al primer semestre de 2021, la cifra de fraude aumentó rápidamente a $130 por cada $100 mil. Es decir, aumentó más de 13 veces la tasa de fraude existente previo a la Ley", detalló Mena.

Precisó que la situación se agrava en ventas por canales no presenciales, donde la tasa de fraude pasó de $32 a $230 por cada $100 mil transados.

Mena recalcó la importancia de dotar de recursos suficientes a la CMF, coherentes con las facultades de regulación y supervisión que la ley le otorga. Al respecto, dijo que la ley solo contempla incorporar 17 personas, y un gasto anual adicional en régimen de US$ 1,3 millones, de los cuales US$ 1,2 millones corresponden a la remuneración de esas personas, y solo US$ 150 mil a gastos e inversiones, lo que no resultaría consistente con los desafíos regulatorios y supervisores de esta ley a juicio del representante de la banca.

Remarcó el interés de la banca de avanzar armónicamente en el desarrollo de las finanzas abiertas en Chile, siendo necesario generar una gradualidad y gobernanza clara para su implementación.

Para ello, explicó que se requiere un rol mayor de parte del Estado en la elaboración de una normativa lo suficientemente robusta frente a este tipo de situaciones. Esta ha sido la experiencia en gobiernos de otros países, donde Estado y privados -a través de mesas de trabajo-, han logrado crear estructuras normativas efectivas en la regulación de los nuevos sistemas que mezclan tecnología y operaciones financieras, según afirmó.

Posición FinTech

Desde FinteChile, gremio que agrupa a las compañías tecnológicas, indicó ante la comisión la necesidad de una "correcta incorporación del concepto de proporcionalidad" y "plasmar celeridad en el proceso de autorización para operar".

El gremio tecnológico llamó a evitar "la duplicidad de requisitos en materia de patrimonio y garantías".

La exchange de criptomonedas Buda.com también participó del debate en la comisión y solicitó considerar el "definir un concepto técnico de criptoactivos, que los diferencie claramente con otros bienes digitales que escapan el objeto de este proyecto de ley".

Planteó que evitar "que el silencio administrativo como limitante en la autorización para operar".

Destacaron que la iniciativa "permitirá desmitificar una serie de falsos supuestos, desinformaciones y 'fake news' que se han vertido sobre nuestra industria sin ningún asidero real y que sólo contribuyen a crear barreras al emprendimiento, innovación y de acceso a ciudadanos que necesitan de servicios financieros como los nuestros, y de nuestros competidores, que faciliten el normal desarrollo de su vida".

Además que "la propuesta de regulación permitirá un normal desarrollo de nuestra industria, en igualdad de condiciones que las compañías que operan en el sistema financiero tradicional, permitiendo que productos y soluciones propias de esta tecnología lleguen a la mayor cantidad de gente, para la cual hoy el sistema financiero tradicional no tiene cabida".

Destacaron que de aprobarse el proyecto, Chile será el segundo mercado latinoamericano en abordar los criptoactivos mediante un marco jurídico, por lo que mencionaron que se debe "tomar la oportunidad de crear una regulación que sea un ejemplo mundial".