La comisión de Hacienda de la Cámara citó la primera sesión para abordar el proyecto de Ley FinTech. La cita se concretará a la vuelta de las Fiestas Patrias y será el 20 de septiembre. Para esta ocasión, están invitados a exponer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda y el ministro de Economía, Lucas Palacios.
De cara al trámite legislativo, diversos expertos comienzan a levantar sus reparos a la propuesta que elaboró el gobierno. Desde Aninat Abogados, Cristián Reyes, apunta que "parece preocupante que el proyecto de ley establezca, además de la obligación de registrarse ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el requisito de que la Comisión deba autorizar el funcionamiento de las empresas".
Según Reyes, "esto no estaba planteado así en el anteproyecto realizado por la misma CMF, y podría entorpecer y desincentivar el desarrollo de las FinTech en Chile".
El abogado de Barros & Errázuriz, Juan Sebastián Alonso, sostiene que "considerando el conjunto de empresas que deberán registrarse y solicitar esta autorización, es fundamental procurar que éste sea un proceso amigable, sin muchas fricciones, y que no requiera que FinTech en etapas iniciales deban incurrir en costos excesivos".
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Los principios de la ley
La asociada senior de Apparcel Uriarte & Vassallo, Consuelo Mackenna, crítica que el requisito de idoneidad que se exigirá a quienes presten servicios en las FinTech "aún no esté claro, generando incerteza a dichas empresas, quienes no tienen claro si la nueva ley les impondrá requisitos de acreditación u otras validaciones que sean más gravosas a las que existen en el mercado tradicional".
La abogada indica que se deberá aclarar durante la tramitación si las exigencias serán aplicables desde el día uno de la entrada en vigencia de la ley o bien existirá una gradualidad.
Alonso comenta que la ley debería desarrollar con mayor profundidad los alcances y efectos esperados de los principios de proporcionalidad, modularidad y neutralidad. Así como también, "podría incorporar criterios de gradualidad en las disposiciones transitorias relativas a los servicios financieros basados en tecnología", dice.
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Mackenna considera que si bien es positivo que se haya dado margen a la CMF para que dicte normas de carácter general para ir regulando a las FinTech, advierte que "el riesgo es que la Comisión impusiera trabas muy grandes para permitir el desarrollo de las empresas de tecnología financiera".
El presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital y socio de Carey, Francisco Guzmán, puntualiza que "para poder dar un diagnóstico preciso sobre la normativa FinTech que se aplicará en Chile, va a ser clave ver cómo se van a implementar estas normas y el marco regulatorio específico que defina la CMF".
Guzmán recalca que "lo más importante es que la regulación debe permitir y a la vez incentivar el desarrollo de las empresas FinTech, entregando certeza jurídica a sus operaciones, potenciando el crecimiento de la industria".
El desafío no es menor según evalúa el socio de CMS Carey & Allende, Diego Rodríguez: "El proyecto representa una carga importante para la CMF a dos niveles. Por un lado, el perímetro de actividades que deberá fiscalizar aumentará de manera considerable y, por otro, en el corto plazo, deberá trabajar en el análisis y la redacción de toda la normativa secundaria que este proyecto considera".
Por ello, observa que debe tenerse en cuenta si la dotación de la CMF es suficiente para abordar ese desafío.
La Dirección de Presupuesto informó que el proyecto implicará una inversión de $ 1.200 millones durante su primer año y en régimen será un poco más de $ 1.044 millones. se contempla aumentar la dotación de la CMF en 17 funcionarios, lo que implicará un gasto de $ 924 millones.
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El giro del negocio
Rodríguez, comenta que uno de los aspectos que llamó la atención del proyecto fue que las FinTech sólo podràn realizar actividades que la CMF autorice.
"Si la idea es que las FinTech tengan un giro exclusivo limitado a los servicios financieros que el proyecto contempla, considero debiera ser objeto de discusión, ¿qué pasa con aquellas FinTech que prestan servicios que quedan fuera de los aspectos que esta ley considera? ¿Deberán dejar de prestar estos servicios para quedar dentro del perímetro de la CMF?", plantea.
Mackenna indica que "es de esperar que esta diferencia no sea utilizada por la industria tradicional para absorber el negocio de las FinTech, sino que por el contrario, busquen complementarse en el día a día en igualdad de condiciones".
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Medios de pago
El socio de DLA Piper, Jorge Timmermann, considera que la regulación de los nuevos proveedores de servicios de iniciación de pagos (PSIP) que se establecen bajo el esquema de finanzas abiertas se puede mejorar en cuanto a su responsabilidad en casos de fraude.
Expone que los PSIP que prestan un servicio asociado a transacciones, sólo deben establecer medidas de seguridad. Menciona que "si bien el proyecto agrega una obligación de los PSIP de resarcir al emisor cuando el PSIP es el responsable de una operación no autorizada, mantiene al emisor como responsable frente al cliente, lo que podría ser revisado. Además, no establece cuáles son las circunstancias que harían responsable al PSIP, frente al emisor, de la operación no autorizada".
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