El Gobierno argentino busca apoyos
parlamentarios para lograr la rápida aprobación del proyecto de ley
de estatización de los fondos privados de pensiones, mientras lanza
mensajes de tranquilidad a grandes empresas afectadas por la
incertidumbre de los mercados y el derrumbe de la bolsa.
Catorce años después de la creación de los fondos privados de
pensiones en Argentina y en medio de un contexto de crisis
financiera internacional, la presidenta Cristina Fernández envió el
martes al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar el sistema
privado de jubilaciones.
La iniciativa ha desatado un aluvión de reacciones y disparado
las alarmas en los sectores bancario y financiero, en tanto el
Gobierno insiste en que se trata de una medida "estructural" que
pretende evitar la descapitalización de los fondos en la actual
coyuntura internacional.
Dudas
Pese a las explicaciones que ofreció el martes Cristina Fernández
y que profundizó después su jefe de Gabinete, Sergio Massa, son
muchas las dudas que plantea la propuesta gubernamental, que ha
precipitado hoy una caída histórica de la Bolsa argentina -el 16 por
ciento a media jornada- y ha disparado el índice de riesgo país.
El proyecto permitirá al Estado hacerse con unos 98.000 millones
de pesos (alrededor de US$31.000 millones) de los fondos
privados de pensiones que operan en el país: diez compañías
controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos,
estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.
Los fondos constituyen una cifra nada desdeñable en un momento en
que Argentina debe afrontar elevados pagos internacionales y sufre
las consecuencias de una caída de los precios externos de las
materias primas que, según analistas privados, se traducirá en una
desplome de los ingresos superior a los 15.000 millones de pesos
(unos 4.750 millones de dólares) anuales.
Además, la nacionalización permitirá al Estado convertirse en
accionista de importantes compañías del país, porque en la cartera
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)
hay inversiones por unos 3.280 millones de dólares en
participaciones accionariales que van del 6 al 25,3% de catorce
empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Para calmar los ánimos, el ministro de Planificación, Julio de
Vido, se reunió hoy con directivos de Telefónica y Repsol YPF, con
capital español, con el objetivo, según fuentes empresariales, de
hacerles llegar un mensaje de seguridad jurídica para sus
inversiones en el país.
Entretanto, desde algunos sectores de la oposición aumentan las
voces que denuncian que la decisión constituye un "saqueo"
encubierto de fondos para conseguir "más dinero y más poder", como
sostiene Elisa Carrió, dirigente de Coalición Cívica.
Sin embargo, radicales y socialistas miran con buenos ojos el
espíritu del proyecto, pero advierten que no firmarán un cheque en
blanco para el Gobierno e insisten en la necesidad de arbitrar
mecanismos que garanticen la estabilidad del sistema público de
pensiones.
En medio de la agitación política, banqueros y empresarios
advierten de que el mensaje que transmite el Gobierno al exterior no
es precisamente de tranquilidad en un momento en que se necesita de
inversiones para limitar los efectos de la crisis internacional que,
según la patronal de empresarios, ya se deja sentir con fuerza en el
país.
Debate en el parlamento
Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, el proyecto de
ley podría empezar a debatirse en las Comisiones de Presupuestos y
Previsión el próximo martes, aunque no hay fecha para su votación.
Pese a las dificultades que ha tenido el Gobierno de Fernández
para sacar adelante temas clave de la legislatura -como la subida de
impuestos a las exportaciones de granos finalmente rechazada con el
voto decisivo del vicepresidente del Ejecutivo-, los expertos
consideran altamente probable que se apruebe esta iniciativa con el
respaldo de la mayoría peronista en el Parlamento.
Una vez aprobada la ley, los afectados dispondrían de un plazo de
15 días para demandar al Estado o a los fondos privados de pensiones
si consideran dañados sus intereses.
De momento, una decisión judicial ha paralizado las operaciones
de los fondos privados de pensiones durante siete días, pero
analistas consultados por Efe reconocen que son incapaces de
responder a las incógnitas sobre qué ocurrirá después con las
gestoras mientras se debate el proyecto en el Parlamento.