Intereses especiales se oponen a medidas de austeridad en Brasil

Cuando este mes el ministro de hacienda lanzó un desesperado esfuerzo para rescatar las finanzas del país, podría haber esperado encontrar una fuerte resistencia de parte de grupos de intereses especiales que enfrentan recortes gubernamentales ... pero no de parte de su propio ministerio.

Mientras Joaquim Levy aparecía en los boletines de noticias el lunes por la noche vendiendo su nuevo paquete de recortes presupuestales, las pausas comerciales mostraban al sindicato de auditores del departamento tributario manifestando su apoyo a una campaña industrial en favor de mayores salarios.

Entre lo destacado de la campaña de los auditores se encuentra un "día nacional" sin computadoras.

"Es importante que las computadoras permanezcan apagadas, sin acceso a los sistemas del departamento tributario", dijo el sindicato.

La presión a favor de mayores salarios, incluso desde dentro del servicio público, demuestra los retos que enfrenta Levy, educado en la Universidad de Chicago, a medida que intenta revertir la atracción fatal que siente el gobierno brasileño hacia un insostenible gasto público en medio de una crisis económica.

Los riesgos se han incrementado desde que la presidenta Dilma Rousseff tuvo una serie de titubeos mal aconsejados en cuanto a los objetivos fiscales que parcialmente provocó la rebaja de la calificación soberana a la categoría de "bono basura" por parte de Standard & Poor's, la agencia de calificación crediticia, la semana pasada, lo cual provocó un agudo aumento de los costos por intereses de Brasil.

Cuando Rousseff comenzó su segundo período de mandato de cuatro años en enero, el objetivo para el superávit fiscal primario de 2016 era del 2 por ciento.

De repente, en julio, el gobierno lo rebajó a 0.7 por ciento, generando descontento en los mercados, los cuales cuestionaron si Levy sería capaz de cumplir con el prometido programa de austeridad diseñado para reducir la creciente deuda pública del país.

Luego, a finales del mes pasado, el gobierno sorprendió a los mercados al rebajar los objetivos de un superávit a un déficit fiscal, una medida interpretada como una capitulación de Rousseff ante las facciones en el gobierno que anhelan más períodos de gastos sin restricciones.

El lunes Levy intentó retomar una posición ventajosa al decir que el gobierno estaba regresando al objetivo de un superávit del 0.7 por ciento. Esto inevitablemente plantea la interrogante de cuál fue la razón por la que Brasil en primer lugar rebajó el objetivo.

Aunque fue positivo ver al gobierno intentar aún buscar la responsabilidad fiscal después de la medida tomada por S&P, el paquete anunciado por Levy el lunes será difícil de implementar, dijo David Beker, economista del Bank of America Merrill Lynch.

La combinación de recortes e incrementos de ingresos de R$65 mil millones necesaria para alcanzar el objetivo del 0.7 por ciento de superávit se basa en varias propuestas políticamente tensas, de las cuales la peor es un intento de reintroducir un impopular impuesto sobre todas las transacciones financieras.

Este impuesto, el CPMF, representaría casi la mitad del valor del paquete, pero el representante de la cámara baja del congreso, el legislador Eduardo Cunha, ya ha señalado que es poco probable que los legisladores lo aprueben.

Otras medidas políticamente difíciles para esta presidenta débil incluyen un plan de R$7 mil millones para posponer ajustes a los salarios para los trabajadores del sector público.

La situación se empeorará con la huelga de los auditores del departamento tributario del gobierno — la infantería del esfuerzo fiscal de Levy.

Conforme Brasil enfrenta una creciente recesión, la habilidad de Levy para ordenar las finanzas será crucial no sólo para su propia longevidad política sino para la de su jefa, la presidenta Rousseff, quien está enfrentando crecientes rumores de juicio político.