Cuando la policía venezolana vestida de camuflaje y armada con rifles de asalto arrancó a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, de su oficina la semana pasada, otro crítico del gobierno fue encarcelado.
Cuando la popularidad del presidente cae en medio de una crisis económica agravada por la caída en los precios del petróleo, muchos están preocupados de que el gobierno socialista trate de aferrarse al poder por cualquier medio antes de las elecciones de mitad de mandato disputadas este año. Una derrota socialista podría abrir la puerta a un referendo revocatorio.
Es probable que una gran parte de la empobrecida base de poder del gobierno siga siendo fiel en las urnas. Pero el presidente Nicolás Maduro -que reemplazó a Hugo Chávez, pero que carece de sus habilidades y atractivo popular- se enfrenta al descontento público cuando la economía se contrae y la escasez de bienes aumenta.
Luis Vicente León, un analista político y encuestador en Caracas, cree que la detención de Ledezma -una figura de la línea dura de la oposición- podría marcar una fase más represiva.
"El gobierno ha cruzado una nueva frontera hacia la radicalización política y está tratando de enviar un fuerte mensaje de poder represivo", dijo León.
Oscar Schemel de Hinterlaces, otro encuestador, dijo que siete de cada 10 venezolanos ahora desaprueban la gestión de Maduro en el país.
La noche del viernes, Ledezma fue acusado de supuestamente conspirar contra el gobierno de Venezuela y fue trasladado a la prisión militar de Ramo Verde para unirse a Leopoldo López, una prominente figura de la oposición radical. López, al que muchos llaman un preso político, fue acusado de encabezar una protesta contra el gobierno, que dejó 43 muertos hace un año. EEUU y la ONU han pedido su liberación.
Maduro calificó a López de "monstruo", y a Ledezma de "vampiro", apuntando a una carta abierta pidiendo un "acuerdo nacional para una transición". Fue firmada por Ledezma, López y María Corina Machado, otra líder de la oposición que fue removida de la legislatura y acusada de conspirar para asesinar al presidente.
En las últimas semanas Maduro ha arremetido contra los que se oponen a él. Ha encerrado ejecutivos del sector minorista a los que culpa de tratar de sabotear la economía, entregó más poder a los militares para controlar las protestas, y llevó a la televisión nacional lo que asegura fueron intentos instigados por Washington dirigidos a derrocarlo. Advirtió que "en Venezuela, nadie es intocable, habrá justicia. La trama golpista ha terminado". Los partidarios del presidente se han movilizado en Twitter bajo el hashtag #ChavistaIronFist.
A más pequeña escala, personas desperdigadas en los mítines en Caracas golpeaban ollas y sartenes y cargaban pancartas denunciando que Venezuela estaba cayendo en el autoritarismo. Jesús Torrealba, un portavoz de la coalición de oposición, dijo: "vamos a ver nuevas provocaciones y agresiones". Gonzalo Himiob, abogado de Foro Penal, un grupo de derechas, dijo que, en el último año, 62 personas habían sido encarceladas por razones políticas.
La preocupación internacional está aumentando. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dijo que espera que todas las partes sean capaces de perseguir el "diálogo". Los funcionarios de la Casa Blanca aseguran que están siguiendo de cerca la situación y ridiculizaron las acusaciones de Maduro.
Brasil, Chile y Perú han señalado su "preocupación" y han reiterado su apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición. Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador se deben a visitarán Caracas en una fecha aún no especificada, aunque un viaje similar el año pasado produjo pocos resultados.
"¿La región necesita más pruebas de que vivimos en una dictadura?", preguntó Emiliana Duarte, una blogger anti gobierno y activista de la oposición.