A mediados de marzo, el ministro de seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, sostuvo una serie de reuniones con funcionarios colombianos, con el fin de mejorar la cooperación entre ambos países. Los esfuerzos van a estar dirigidos a combatir las redes de narcotráfico que van desde Colombia a EEUU a través de Centroamérica.
La visita de Mata forma parte de una campaña para reforzar los lazos de seguridad entre Colombia, Panamá y Costa Rica. Como vecino de Colombia, Panamá es frecuentemente el primer destino de las rutas del narcotráfico, mientras que Costa Rica también se ve afectada. Los tres países están ahora tratando de fortalecer el trabajo conjunto en materia de operaciones, inteligencia y vigilancia, para crear lo que han denominado el “Triángulo Sur” de la seguridad.
Desafíos al alza
El nombre es una referencia al denominado “triángulo norte” de países, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, que registra altas tasas de crímenes violentos motivados por la presencia de redes internacionales y poderosas pandillas criminales locales.
Hasta la fecha, tanto Costa Rica como Panamá han evitado estos niveles de violencia, lo que normalmente se atribuye a que cuentan con economías más sólidas, mayores niveles de vida e instituciones fuertes. Sin embargo, las tasas de delito han comenzado a aumentar, alimentando una percepción de creciente inseguridad pública. En 2016 la tasa de asesinatos en Costa Rica subió por tercer año consecutiva, a un máximo histórico de 11,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque se mantiene muy lejos de las tasas que exhibe el triángulo del norte, el gobierno está desesperado por revertir la tendencia.
Más aún, los desafíos a la seguridad siguen evolucionando y plantean una amenaza para los gobiernos regionales. Las redes de narcotraficantes han comenzado a infiltrar a Costa Rica y Panamá. A fines de 2016 las autoridades de Costa Rica y Honduras capturaron a Wilter Blanco Ruiz, uno de los principales líderes criminales de Honduras, que aparentemente había instalado su base de operaciones en Costa Rica.
El factor FARC
Mientras tanto, la desmovilización de las FARC plantea nuevos riesgos. El grupo guerrillero colombiano ha sido un actor principal en el narcotráfico desde hace décadas y controla amplios territorios donde se produce la droga, al igual que territorio de las rutas costeras de tráfico en la región de Darién en la frontera con Panamá.
La desmovilización de las FARC va a alterar el equilibrio de poder entre los grupos de narcotraficantes, y podría desatar una batalla por el control entre bandas rivales. Eso, a su vez, puede traducirse en un creciente conflicto por las rutas de tráfico. La etapa de desarme también puede llevar a un aumento en la circulación de armas ilegales en la región y a la venta de armas a diferentes grupos criminales. El control de las armas es relativamente estricto en Costa Rica, pero el aumento de las armas ilegales puede permitir a las bandas locales fortalecer su capacidad de fuego, potencialmente llevando a un incremento en los niveles de delincuencia.
Las pandillas costarricenses no han tenido en general una presencia transnacional, enfocándose en vez de eso en la actividad criminal doméstica y en el trabajo con grupos internacionales para organizar la distribución de las drogas. El vacío de poder que seguirá a la desmovilización de las FARC, junto con el aumento en la proliferación de armas, puede llevar a las pandillas a expandir su alcance, potencialmente asociándose con otros grupos regionales para adueñarse de algunas de las actividades anteriores de las FARC.
Cooperación creciente
Se necesitará una creciente cooperación entre Colombia, Costa Rica y Panamá para evitar o contener las negativas ramificaciones en seguridad de la desmovilización de las FARC. La cooperación entre las agencias de inteligencia tiene que apoyar las futuras operaciones conjuntas. Mata visitó la ciudad colombiana de Cartagena en enero para discutir la cooperación creciente entre las guardias costeras de los países.
Adicionalmente, las autoridades de Costa Rica han indicado que se enfocarán en dar un golpe al crimen y al tráfico de drogas en la región costera del Pacífico, Limón. Esa área poco poblada y de bajo control policial es un centro popular de distribución entre los traficantes, considerando sus largos tramos costeros deshabitados y el puerto de la capital regional, Puerto Limón. Los planes para abrir la región a más inversión, población y turismo significan que el gobierno pretende prevenir que los traficantes establezcan allá una presencia más fuerte.
Aparte de trabajar con Colombia y Panamá, Costa Rica también está buscando aumentar la cooperación en seguridad con su vecino del norte, Nicaragua. En una reunión en marzo los dos países acordaron aumentar los controles fronterizos en las áreas de Peñas Blancas y Tablillas, que tienen solo dos cruces fronterizos formales, para prevenir el tráfico.
Un paso adelante
El próximo año del proceso de desarme y desmovilización de las FARC proveerá indicaciones claras de cuánta disrupción creará el nuevo vacío de poder para los gobiernos regionales. Mientras tanto, las últimas medidas de las autoridades de Costa Rica, Colombia y Panamá para reforzar la cooperación regional al menos envían una fuerte señal acerca de su compromiso para combatir la inseguridad pública.
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