La Casa Blanca y los demócratas del
Congreso alcanzaron un principio de acuerdo sobre el paquete de
rescate de US$15.000 millones para la industria del motor,
que podría incluso votarse hoy, según fuentes legislativas.
El acuerdo, que todavía levanta reticencias entre algunos
republicanos, contiene la creación de la figura de un supervisor o
"zar", nombrado por la Casa Blanca, que vigilará el cumplimiento de
los planes de viabilidad e incluso podrá forzar a las empresas del
motor a ir a la bancarrota si no cumplen con su reestructuración.
La ayuda del Congreso proveerá a General Motors y Chrysler un
respiro financiero para seguir con sus operaciones, lo que les
evitará tener que ir a la bancarrota este mismo mes o a principios
del año próximo.
Ford se encuentra en una situación algo más desahogada y podría
no necesitar participar del rescate del Gobierno, al menos en esta
primera fase, según fuentes del sector.
Con esta ayuda, las empresas automovilísticas podrán seguir
operando hasta marzo, fecha en la que tendrán que pactar con el
nuevo Congreso y el Gobierno de Barack Obama unos nuevos planes de
viabilidad a largo plazo.
También dará a las empresas tiempo para poder renegociar las
prestaciones sociales y laborales con sus sindicatos, así como sus
obligaciones con sus propios acreedores.
El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Joel Kaplan, dijo hoy
en una rueda de prensa que aunque las empresas del motor reciban
ayudas, ello "no es licencia para que continúen con una mala gestión
(empresarial) y malos planes de negocios".
El plan de rescate podría votarse hoy en la Cámara de
Representantes, pero es poco probable que esto ocurra en el Senado,
donde se necesita al menos el apoyo de diez senadores republicanos
para que la medida llegue a buen puerto.
Existe la amenaza de que los republicanos puedan torpedear la
votación en el Senado, donde los demócratas no tienen los 60 votos
mínimos necesarios para superar las tácticas dilatorias de la
minoría.
Sobre ese posible escenario, Kaplan insistió en que el proyecto
de ley tiene suficientes salvaguardas y que la propia Casa Blanca ha
insistido desde el principio de las negociaciones sobre la urgencia
de la "viabilidad" del sector.
Una vez aprobado por el Senado, el proyecto de ley sería enviado
al despacho presidencial, con el objetivo de que las empresas
reciban el salvavidas la próxima semana y puedan mantenerse a flote
al menos hasta marzo de 2009.
Para el 31 de marzo, las tres empresas deben detallar un plan de
viabilidad a largo plazo, y el acuerdo prevé que se suspenda la
ayuda a las compañías que no cumplan con los requisitos trazados.
"El arduo trabajo bipartidista ha surtido efecto", pronunció
triunfalista el senador demócrata Carl Levin, cuyo estado de
Michigan es sede central de las tres grandes empresas automotrices.
Aunque el paquete de rescate no se acerca a los 34.000 millones
de dólares que pidieron la semana pasada las tres empresas, sí es
suficiente para que estas eviten el despido de millones de
trabajadores.
Además, entre otros elementos, los demócratas accedieron
finalmente a que el dinero salga de un fondo a cargo del
Departamento de Energía para la fabricación de autos más eficientes
y ecológicos.
A cambio de la intervención del Gobierno, las empresas tendrán
que rendir cuentas a un "zar del auto", designado por la Casa
Blanca, y el Gobierno se convertiría en el principal acreedor y
accionista de las compañías.
Ese "zar del auto" tendrá plenos poderes para supervisar el
manejo de los fondos y la reforma del sector automotriz, incluso
puede suspender el desembolso del dinero si no hay suficientes
progresos en esa materia.