Cámara de Representantes aprobó el rescate del sector automotor

El plan, que prevé otorgar préstamos por US$ 14.000 millones a General Motors y Chrysler, pasa su primer escollo, pero todavía tiene que ser refrendado por el Senado. Los demócratas no tienen mayoría absoluta en la cámara alta, por lo que podrían tener dificultades para que estos créditos salgan adelante.

El presidente de EEUU, George W. Bush, está presionando a los miembros de su propio partido para que voten a favor del rescate y permitan así su materialización.

La iniciativa fue aprobada ayer en una sesión vespertina celebrada en el Congreso, con 237 votos a favor y 170 en contra. Ahora debe ser respaldada por el Senado, previsiblemente entre hoy y el domingo, para lo que son necesarios 60 votos. Los demócratas no llegan a esta cifra en solitario por lo que necesitan el apoyo de varios senadores republicanos.

El proyecto de ley otorga a las empresas tres meses de plazo, hasta el 31 de marzo, para acelerar los planes de viabilidad que presentaron la semana pasada en el Capitolio y para demostrar que tienen una estrategia a largo plazo definida. Cuando pasen los tres meses, las compañías comparecerán ante el parlamento para explicar su situación financiera y detallar en qué han utilizado los préstamos concedidos por el Gobierno.

Tanto General Motors como Chrysler tendrán que aceptar que un supervisor nombrado por el presidente de EEUU, George W. Bush, controle su gestión. Los demócratas, que quieren pactar al elegido con Bush, son partidarios de designar a Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal y asesor de Barack Obama, presidente electo de EEUU.

El supervisor informará al Congreso de la evolución de las compañías y tendrá derecho a vetar cualquier inversión superior a cien millones de dólares, así como a suspender la retribución variable de los 25 directivos de mayor rango de las empresas. Si en estos tres meses descubre que las empresas no pueden ser viables, podrá forzarles a la presentación del expendiente concursal.

El plan de rescate obligará a las empresas a otorgar warrants (opciones de compra) a favor del Gobierno por el 20% de los préstamos, que sólo se ejecutarán si es necesario recuperar el dinero prestado. Si se ejecutaran, la Administración se convertiría en accionista de las empresas.

John Dingell, congresista demócrata, aseguró ayer que sin esta financiación puente “nos encaminaremos a la peor calamidad que este país ha sufrido desde la Gran Depresión”.

General Motors y Chrysler aseguran que, sin esta financiación, se verán obligadas a presentar expediente concursal. Si reciben los préstamos, ejecutaran una agresiva reestructuración, que implicará el rediseño de su producción, la venta de activos y la reducción de costes. Ford, que había pedido 9.000 millones, ha renunciado a esta cantidad porque tiene liquidez, aunque el proyecto de ley permite que pueda solicitar su parte de los créditos.