La luna de miel política llegó a su fin repentinamente para el presidente Jair Bolsonaro, con la dimisión del ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gustavo Bebianno, acusado de desviar fondos de la campaña presidencial.
Aunque el hecho había querido mitigarse con la salida del funcionario, ayer se revelaron audios que confirmarían que el titular de Planalto sí sostuvo conversaciones el pasado martes vía WhatsApp con quien fuera su hombre de confianza, un día antes de ser dado de alta del hospital Albert Einstein, donde había sido operado.
Los audios, que fueron divulgados por la revista Veja, se contradicen con la versión del mandatario y de su hijo Carlos, quienes aseguraban que los políticos no habían hablado.
En el material se constata que ambos abordaron, entre otros temas, todo lo relacionado al esquema de desvío de dinero público para financiar campañas de candidaturas instrumentales del oficialista Partido Social Liberal (PSL).
También conversaron sobre un viaje de una comitiva de ministros a la Amazonía y sobre la relación de Bebianno con el vicepresidente de Relaciones Institucionales del canal de televisión O’Globo.
Bolsonaro salió al paso de la revelación y dijo que la situación se prestó a confusión por tratarse de una conversación por mensajes. La situación pone presión sobre el mandatario quien tiene previsto llevar hoy, personalmente, al Congreso su proyecto de reforma de pensiones.
Más corrupción
En medio del escándalo político, se conoció que la Policía Federal de Brasil arrestó al presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, acusado de fraudes en convenios con el Ministerio de Turismo y el Sistema S, un grupo de instituciones para formación profesional y servicios culturales a trabajadores.
De acuerdo con el reporte, la detención fue resultado de la operación Fantoche, mediante la cual se detuvo también al presidente de la Federación de las Industrias del Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger.
La acción fue lanzada con la colaboración del Tribunal de Cuentas de la Unión para desarticular una presunta organización criminal ligada a crímenes contra la administración pública, fraudes en licitaciones, asociación criminal y lavado de activos.
Según la PF, las pesquisas apuntan a un grupo de empresas fachada bajo el control de una misma familia, que habría desviado recursos provenientes de contratos y convenios cerrados directamente con el ministerio y otras entidades.
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