Despliegue de infraestructura digital se frena: gremio advierte que hay US$ 7.500 millones estancados

Los tiempos de tramitación de antenas son “escandalosos”, aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Infraestructura Digital (Idicam), Daniela Castillo. La dirigente gremial analizó el informe preliminar de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) que arrojó que la instalación de antenas supera la norma legal en un 120%, con demoras de hasta 400 días.

A su parecer, este resultado confirma la tesis que la asociación anticipó hace varios meses: los plazos de tramitación de permisos son excesivos. “La CNEP está aterrizando el impacto y las barreras que existen en el despliegue de infraestructura. Incluso, se hace cargo de los eventos recientes como es el anteproyecto del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que busca modificar las normas de emisiones radioeléctricas”.

Castillo afirmó que iniciativas con exceso de regulación no van en un sentido “positivo”, sino todo lo contrario, advirtiendo que incluso son un golpe a los planes del Gobierno que buscan acortar la brecha digital. “Si eso lo contrastamos con los tiempos de tramitación de los permisos que reveló el informe de la CNEP, el impacto es enorme”.

- ¿Cuánto se ha dejado de invertir en los últimos cinco años por el exceso de tramitación?

- En un cálculo general, cerca de US$ 7.500 millones están estancados producto de las dificultades para el despliegue de infraestructura. Eso incluso se ha reflejado en las últimas licitaciones como 5G. En promocionar nuevas generaciones tecnológicas Chile es vanguardista, pero el marco regulatorio se quedó atrás. El propio informe de la Comisión lo reconoce, porque el Estado da un plazo de alrededor de 12 meses para el despliegue de las redes, pero se tarda 400 días en modificar una concesión.

Un permiso de instalación tarda 154 días, pero dentro del gremio vemos casos que son mucho más extremos, con 2 mil días de tramitación.

- La meta es triplicar las antenas, pero hasta ahora principalmente se han modificado torres. ¿Cree que está paralizada la construcción?

- En la última década, cuando entró en vigencia la Ley de Antena en 2012, vemos que se han construido 600 antenas a nivel nacional. Eso es súper preocupante, sobre todo al pensar que las empresas se comprometieron en cumplir con la licitación de 5G y no todas compitieron por la misma cantidad de antenas. Algunas tenían torres desplegadas y solo se recambió equipo, mientras otras tuvieron que comenzar desde cero. Esa fue la dificultad: levantar infraestructura nueva. Las empresas se encuentran con un montón de dificultades.

El estudio de CNEP arrojó que, por ejemplo, un 88% de la infraestructura se instala en terrenos privados y un 2% en edificios públicos, mientras que el restante es incierto. ¿Qué reflejan estas cifras? Que el Estado debe fomentar la instalación precisamente en bienes nacionales de uso público. Tiene que tener un rol mucho más preponderante en facilitar estos espacios.

- ¿Considera que hay una dualidad en el Gobierno entre la exigencia que se le hace a los operadores y la proactividad para disponer de esos terrenos?

- Es perfectamente conversable analizar la cobertura de zonas en manos del Estado para instalar torres. El estudio señaló que de las 52 comunas de la Región Metropolitana, solo ocho han modificado su ordenanza, estableciendo las zonas preferentes para la instalación de antenas. Si eso lo llevamos a nivel país creo que la cifra podría ser escandalosa con la falta de cumplimiento de la Ley de Antenas que mandata a todos los directores de obras municipales a modificar sus ordenanzas.

La Subtel ha hecho sus mayores esfuerzos con los recursos que tiene, pensando que no solo regula, sino que fiscaliza y promueve. Acá, tenemos que volver a discutir sobre la institucionalidad en materia de telecomunicaciones, y analizar si es necesario crear una superintendencia o un consejo técnico.

- ¿Y hace falta?

- Sin lugar a duda, no podemos ser el único rubro que no tenga esta institucionalidad. Vemos que algo está fallando y, por lo tanto, creo que hay que volver a discutir el proyecto de ley que creaba esta Superintendencia de Telecomunicaciones.

- El ministro Nicolás Grau está diseñando un proyecto para acelerar la permisología en Chile, con un capítulo especial para telecomunicaciones. Hasta ahora, ¿qué conocen?

- El ministro Grau nos expuso la reforma integral de los permisos sectoriales y puso énfasis en telecomunicaciones. Por ejemplo, respecto a Bienes Nacionales se busca mejorar el proceso de otorgamiento de las concesiones para acortar el plazo para la instalación de infraestructura. Junto a esto, mejorar la recepción definitiva de infraestructura para telecomunicaciones. Y si bien todo está en etapa de diseño, en la reunión de hace dos semanas vimos que recogió nuestras preocupaciones como industria.

Como gremio, estamos trabajando en un pliego de soluciones regulatorias. No se necesitan grandes modificaciones para poder producir un impacto.

- ¿Saben cuándo se presentará el proyecto final?

- El ministro no habló de un plazo específico, pero dijo que era uno de los proyectos más importantes a nivel legislativo del Gobierno para 2023. Por lo tanto, de aquí a fin de año querían tener ingresada esta reforma sectorial. Son más de 30 reparticiones públicas con las cuales están dialogando. Y ese proceso es importante, porque las decisiones no se pueden tomar entre cuatro paredes, sobre todo porque se está midiendo un impacto importante y hay que integrar a la sociedad civil. En nuestro caso las inversiones están en retención para no tener un conflicto comunitario, por eso creo que tenemos que buscar una solución.