Andes Salud y expansión de la ACHS: “Pasó de un seguro laboral a grupo económico”

Aunque Gonzalo Grebe, el gerente general de Andes Salud, es muy enfático en que esta no es una pugna ni hay una acusación de ilegalidad contra la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la consulta no contenciosa que activaron ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) al terminar el año pasado, ha ido escalando.

Es que el grupo de salud privado, ligado a inversionistas de la Octava Región -entre los que está Nicolás Imschenetzky-, busca que la autoridad de la competencia investigue si las mutuales -la ACHS en particular-, han ido ampliando su radio de acción hacia actividades de prestaciones de salud en el ámbito netamente privado, usando subsidios cruzados, y si hay competencia desleal respecto de actores netamente privados, como Andes Salud, que no acceden a los recursos que por ley cobran de manera obligatoria las mutuales. Esto corresponde al seguro laboral obligatorio, el 0,9% de la remuneración imponible como cotización básica general, para cubrir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

El TDLC accedió a tal indagatoria, pero de manera acotada, por lo que Andes Salud ingresó el 6 de febrero un recurso de reclamación, cuestionando que se hayan dejado ámbitos fuera, como la expansión de ACHS a través de su red de clínicas regionales y los contratos para prestaciones de salud con el Estado.

“Queremos que se revisen estas autorizaciones para evitar que se produzca competencia desleal (...) Hay cierta presunción de que aquí se podrían estar generando subsidios cruzados”. Gonzalo Grebe gerente general de Andes Salud.

“Lo que nosotros queremos es que se revisen estas autorizaciones para evitar que se produzca competencia desleal (…) Producto de estas autorizaciones que fueron ampliándose en el tiempo, hoy día pasó de un seguro laboral a un grupo económico, que ha desarrollado otra actividad con fines de lucro. Una red de clínicas que incluye Santiago y regiones, en la cual se desenvuelve con plena libertad, compitiendo con prestadores privados que pagan día a día el capital invertido. Pedimos que las reglas de competencia sean equivalentes. Esto es un tema a la autoridad, no hay un juicio a lo que está haciendo la ACHS”, dijo Gonzalo Grebe, cuyo grupo ya está trabajando con el economista Aldo González.

Además, sostiene que debería recalcularse la cuantía de la prima del seguro (el 0,9% actual), dado que la siniestralidad ha ido a la baja. En orden de magnitud y basado en los resultados de 2022, Grebe planteó que por su actividad regulada la ACHS recibe unos US$ 500 millones al año, entre la cotización fija y la variable.

“Se produjo un cortocircuito. Tienes un grupo económico que está desarrollando actividades fuera del ámbito de la seguridad laboral. Y hay cierta presunción -producto de la teoría económica- de que aquí se podrían estar generando subsidios cruzados (…) Queremos que se regule y no se mezclen los ingresos. Eso es lo que llamamos subsidio cruzado”, enfatizó.

Planteó que las autorizaciones en un principio eran todas en el marco de planes piloto, relacionadas con la capacidad disponible ociosa de la mutual, pero que luego, esto se fue ampliando.

“Hemos visto señales complejas. La más concreta y objetiva fue la que se produjo a principios del año pasado, una licitación que realizó Fonasa -la de listas de espera 2023- donde las clínicas de esta mutualidad en las regiones donde competía con otros prestadores salieron a ofrecer precios entre un 20% y un 30% más barato que la competencia. Y en los lugares donde ellos no competían se fueron al precio máximo de la licitación. Entonces, ¿qué se puede inferir? Subsidios cruzados. Lo que estamos pidiendo es que estas autorizaciones que ha dado la autoridad sean revisadas”, expuso.

El abogado Javier Velozo detalló que acá hay un mercado regulado que obtiene flujos de plata constantes. “Que un mercado regulado esté cruzando fondos o apalancamiento, con uno no regulado, eso siempre es un problema. Cuando uno recibe plata fija todo el tiempo, nunca tiene problema de financiamiento porque por ley lo tiene. Y el otro mercado está sujeto a la competencia, probabilidad uno que va a haber problema. Está estudiado”, señaló.

Otro de los puntos que cuestionan es que las mutuales sean juez y parte, al definir y calificar una licencia laboral de la que no lo es. “Efectivamente, las mutuales son juez y parte y ahí hay ciertas estadísticas que muestran que la tasa de licencias laborales en Chile es más baja que los benchmark que existen en el mundo”, dijo Grebe.

TDLC no incluyó indagar a la red de clínicas regionales

Aunque la ACHS, consultada por este medio, no se pronunció sobre el caso, fuentes cercanas a esta organización indican que están muy tranquilos, pues no es primera vez que las autoridades de libre competencia revisan esta participación de las mutuales en salud no laboral, para lo que cuentan con autorización desde hace más de 45 años. Respecto de la consulta, estas fuentes indican que al interior de la ACHS entienden que el TDLC se enfocó en analizar solo un proyecto específico de salud no laboral ambulatoria -no hospitalario o quirúrgico-, en los centros de la ACHS (88 centros, de Arica a Punta Arenas), y para el que pidieron autorización al Ministerio del Trabajo y la Suseso. En otras palabras, el TDLC no incluyó lo que hace la red de clínicas regionales.
Y detallan además que se trata de actividades totalmente distintas, una con fines de lucro y la otra no. La primera corresponde a la red de clínicas, que es una actividad absolutamente independiente de la mutual, autofinanciada con deuda bancaria, sin subsidio cruzado y que desde hace casi una década que no recibe aportes de capital, y que se orienta a pacientes Fonasa. Y que es Andes Salud quien busca evitar esta competencia, pues coinciden en tres zonas en el país: Biobío, Puerto Montt y Talca.
La otra actividad corresponde a cuando atiende por rut ACHS en salud no laboral, donde no puede involucrar utilidad, y debe ser a precio de costo.
Respecto del monto del seguro, estas fuentes indican que no tienen ningún inconveniente en que se haga un estudio actuarial y se revise. La ACHS está trabajando con el abogado José Miguel Gana en esta causa.