Hermanos Calderón llegan a acuerdo tras disputa por propiedad de Ripley

"Comunicamos que en base al respeto y cariño mutuo que siempre han prevalecido, los hermanos Calderón Volochinsky han resuelto sus diferencias en el seno familiar, recomponiéndose las confianzas mutuas". 

En un comunicado firmado por Alberto Calderón y Patricia Volochinsky, junto a sus hijos Verónica, Andrés, Lázaro y Michel, el clan controlador de la multitienda Ripley anunció un acuerdo tras una dura disputa por la propiedad de la compañía.

"Quedaron claros los hechos del pasado y se valoraron los largos años de exitoso trabajo de los hermanos. Como familia de empresarios reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar del país", dijo la familia en el escrito.

La disputa

"Nuestra hija Verónica está equivocada. Esperamos de corazón que recapacite. Lo que reclama fue impulsado por su padre y firmado por todos". El pasado 24 de mayo, también a través de un comunicado, el socio fundador de Ripley, Alberto Calderón, junto a su señora Patricia Volochiksky, cuestionaron el accionar de su hija menor Verónica, que anunció la presentación de una millonaria demanda en contra de sus hermanos Lázaro, Andrés y Michel.

La menor del clan sostiene que tras un aumento de capital realizado en 2011 en una de las sociedades a través de la cual la familia controla Ripley, se diluyó su participación en la firma.

"Sin ser experta en negocios, sí tengo claro que lo mínimo que hubiera esperado de mis abogados, el estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos –quienes aparentemente redactaron la escritura de dilución-, es que me hubieran informado del documento que materializó mi dilución, para mi firma. Nunca hubo ninguna reunión, ni llamado, ni mail, ni ningún otro tipo de comunicación verbal ni escrita, de mis hermanos, o de los asesores legales de la familia, comunicándome las implicancias de firmar aquella escritura, que en definitiva, diluyó mi participación en las empresas del grupo", dice la acción prejudicial presentada por Verónica, en la cual busca el acceso a una serie de documentos para luego presentar la demanda.

"Me veo en la obligación de iniciar acciones legales para defender mi patrimonio, mi dignidad, la de mis padres, la de mi tío, y especialmente la de mis hijos. Dichas acciones serán interpuestas con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de todos aquellos actos jurídicos que fueron celebrados sin mi consentimiento", sostuvo.

Para mantener la diferencia bajo reserva y no exponer al clan, los hermanos le habían propuesto a Verónica cederle el 2,5% de la empresa, paquete accionario valorado en más de US$ 50 millones, lo que no llegó a puerto.

Hoy, ella controla 7,9% y sus tres hermanos un 15,03% cada uno.

"Mis hermanos han pretendido hacer creer a todo el mundo que mis padres fueron quienes acordaron beneficiarlos con mayor participación (en Ripley). Debido a la avanzada edad de mis padres, y valiéndose del cariño y confianza que ellos les tienen, mis hermanos han logrado manipularlos con el objeto de dar una versión favorable a sus intereses", dice la acción prejudicial.

Y añade: "No obstante no compartir la reacción de mis padres, la entiendo perfectamente, pues ellos se vieron forzados por mis hermanos a apoyar la coartada fabricada por ellos, de modo de evitar el escrutinio público, y la posible pérdida de confianza que podía sufrir la empresa, junto al consecuente daño patrimonial y de imagen que eso acarrearía".

Dentro los documentos que solicitó está una carta que habría sido redactada por su padre Alberto Calderón Crispín, de abril de 2011, dirigida a Andrés, Lázaro, Michel. En ella supuestamente expresaría su voluntad de modificar la participación familiar en la propiedad de Ripley.

"Mis hermanos explicaron la dilución (en la sociedad Inversiones Leonardo Da Vinci Limitada) señalando que mi padre en los años ochenta habría expresado su intención de favorecerlos con más participación debido a su trabajo en Ripley; eso me resultaba a lo menos extraño, pues siempre escuché que mi padre deseaba que todo su patrimonio debía ser dividido en partes iguales entre sus cuatro hijos", explicó la mujer en su acción prejudicial.