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“Considerando que el ilícito anticompetitivo fue cometido por ambas demandadas (…) necesariamente deben responder de los perjuicios que de ello derivan, de manera solidaria”, dijo el máximo tribunal.
“Considerando que el ilícito anticompetitivo fue cometido por ambas demandadas (…) necesariamente deben responder de los perjuicios que de ello derivan, de manera solidaria”, dijo el máximo tribunal.
El senador Juan Luis Castro junto a sus pares Javier Macaya, Francisco Chahuán, Sergio Gahona se refirieron al polémico proceso de devolución de recursos propuesto por isapres. “Nos sentimos profundamente indignados de que se diga que los problemas de los irrisorios pagos y devoluciones que están ocurriendo en el sistema pudieran ser responsabilidad del Poder Legislativo, como lo dijo la vocera (Vallejo). Hoy día esta situación debe revertirse y eso depende de la Superintendencia de Salud (…) No es aceptable que las autoridades del Poder Ejecutivo estén mirando a otro lado que no sea resolver un problema que se pudo haber advertido y frenado”, señaló Castro.
El senador Juan Luis Castro junto a sus pares Javier Macaya, Francisco Chahuán, Sergio Gahona se refirieron al polémico proceso de devolución de recursos propuesto por isapres. “Nos sentimos profundamente indignados de que se diga que los problemas de los irrisorios pagos y devoluciones que están ocurriendo en el sistema pudieran ser responsabilidad del Poder Legislativo, como lo dijo la vocera (Vallejo). Hoy día esta situación debe revertirse y eso depende de la Superintendencia de Salud (…) No es aceptable que las autoridades del Poder Ejecutivo estén mirando a otro lado que no sea resolver un problema que se pudo haber advertido y frenado”, señaló Castro.
La empresa Emarco exige una indemnización de casi el doble de lo decretado por una comisión de peritos definida por la alcaldía de Vitacura, que rechaza la petición del privado. La Corte Suprema zanjará la discrepancia.
Eduardo y Daniel Schapira, que acumulan 21,4% de la propiedad, denunciaron al empresario por realizar la operación "a puertas cerradas por contrato privado e incumpliendo la obligación legal de informar" al mercado y sin una oferta pública.
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