A poco más de tres meses de haber iniciado una ofensiva legal contra Codelco, por su intención de desarrollar un proyecto de litio en el Salar de Maricunga, la minera Salar Blanco se desistió del amparo económico que había presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alegaban irregularidades en el otorgamiento que el Ministerio de Minería había dado a la estatal en un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL).
La solicitud de terminar con la disputa se produjo un día antes de los alegatos donde se enfrentarían las posturas de las mineras. El argumento central de Salar Blanco -ligada a Martín Borda, los australianos de Lithium Power International y los canadienses Bearing Lithium- era que la estatal estaría desarrollando actividades económicas “que no le han sido autorizadas”, lo que para este mineral solo se lograría con una ley de quórum calificado.
Esta acción que puso fin a la disputa se dio luego de una respuesta oficial recibida desde el Ministerio de Minería a la consulta realizada por la compañía, la cual disipa las dudas que originalmente motivaron el ejercicio de dichas acciones legales, ratificando la facultad de esta empresa privada de solicitar un permiso especial de litio, informó la sociedad al ser consultada.
Una de las dudas principales que había en la industria era si el permiso otorgado a Codelco interfería con otros posibles desarrollos en el Salar de Maricunga, en Atacama, dada la gran expansión territorial que otorgaba y la alta cuota de extracción que había logrado de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Cristóbal García-Huidobro, CEO de Salar Blanco, señaló que con esto la empresa “manifiesta su plena confianza y concordancia con la visión de futuro de las nuevas autoridades sectoriales, con las que colaborarán, en un marco de alianzas público-privadas, en el desarrollo de un proyecto de litio en el Salar de Maricunga para la región de Atacama”.
En efecto, según el registro de la plataforma de Lobby, la compañía se ha reunido al menos cuatro veces con el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, para abordar el desarrollo del proyecto.
La última de esas reuniones se produjo el 27 de junio, un día antes de presentar el desistimiento ante la Corte de Apelaciones.
Pero la más llamativa fue la del 10 de mayo. En esa reunión no solo estuvieron ejecutivos de Salar Blanco, sino que también de Codelco, encabezados por Alejandro Rivera, vicepresidente de Administración y Finanzas, y Nicolai Bakovic, consejero jurídico de la estatal, lo que ha sido interpretado como un intento del ministerio por buscar puntos de salida a conflictos que mantiene abiertos la estatal y que, en este caso, podrían trabar el desarrollo de la industria del litio.
Esto último, porque Salar Blanco es probablemente el proyecto -fuera de alguno impulsado por SQM o Albemarle- con mayores posibilidades de concretarse en el mediano plazo.
Pese al fin del litigio, Codelco presentó hace unos días un último escrito ante la Corte de Apelaciones. Ahí solicitaba que se deje constancia que la acción judicial de Salar Blanco carecía de toda base, por lo que tenía el deber de responder por los perjuicios que a su juicio había causado en tiempo y recursos humanos.
Incluso hizo ver que la acción había tenido un carácter “instrumental” y pidió que su contraparte se hiciera cargo de las costas del proceso.
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