Una intensa agenda legislativa que pasa por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), glaciares, delitos ambientales y el litio construye el cuadro de tensiones que enfrenta la minería en el escenario local, lo que se ve complementado por la volatilidad de los mercados a raíz de la guerra comercial.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, muestra su preocupación por algunas de estas iniciativas y analiza el rol que ha tenido el gobierno para llegar a acuerdos que destraben la discusión.
“No creo que sea un problema de mano dura o falta de experiencia, sino que de que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde, que ponga la mejor voluntad”, dice y agrega: “La discusión política tiene que adquirir ribetes de seriedad que hoy día echamos de menos”.
- ¿Cómo está viendo el sector?
- En Chile existen proyectos interesantes en desarrollo, como Quebrada Blanca II de Teck, el anuncio que acaba de hacer Anglo American para Los Bronces o lo que está haciendo Codelco, entre otras cosas. Veo una buena voluntad por invertir en el país.
Chile sigue siendo un país atractivo y tiene condiciones y ventajas comparativas para desarrollar minería, sin embargo existen nubarrones, tanto a nivel global como local. Los analistas tienden a pensar que en la libra de cobre debiera estar cerca de los tres dólares o más, pero hasta que no sepamos cuánto se va a extender la guerra comercial, es probable que sigamos viendo inestabilidad.
Internamente, Chile también tiene desafíos. Además de las inversiones, hemos visto malas noticias, una serie de proyectos que no han sido autorizados debido a que, en algunos casos, no se han hecho muy bien las cosas, pero también a deficiencias regulatorias, por ejemplo en la necesidad de perfeccionamientos del SEIA.
En este tema, los cambios que propone el gobierno van en la línea correcta. El gobierno actúa en esto en el arte de lo posible, porque evidentemente se ha enfrentado a un Congreso que no le ha dado mucho espacio para más, pero es insuficiente.
- ¿Por qué es insuficiente?
- Veo cierta miopía política de no darse cuenta del grave problema que se le genera al crecimiento del país con falta de reglas claras -para la ciudadanía e inversionistas- para la aprobación de proyectos.
Además, hay iniciativas en el Congreso que no contribuyen a fomentar el venir a invertir a Chile en minería. Esto lo hemos visto en torno al litio, que al declararlo de interés nacional, constituiría una de las etapas previas a la nacionalización de las empresas. Son pésimas señales. No sé por qué el mundo político se extraña cuando fracasan iniciativas para instalar una industria para agregar valor.
- ¿Cuál es la oportunidad que se está perdiendo?
- Nos podríamos haber consolidado hace rato como los primeros productores de cobre y litio del mundo, pero eso está en tela de juicio.
- A su juicio, ¿esto influyó en que tres empresas o consorcios se bajaran del proceso que estaba haciendo Corfo?
- Efectivamente, porque además ha habido un impacto en el precio del litio en los mercados internacionales. Chile es el primer productor de cobre del mundo, con presencia de una gran y potente compañía nacional, pero también con todas las grandes compañías internacionales que operan acá, lo que se ha dado porque hay libertad para explotar, y se pagan impuestos y royalty. Prácticamente el 40% de las utilidades de las compañías quedan en Chile, no más del 14% se retira.
Estamos perdiendo esa oportunidad porque estamos discutiendo si las cuotas de Corfo son un poquito más grandes o un poquito más chicas, o si creamos una empresa nacional. Debiéramos pasarlo todo al régimen general de explotación de recurso minero, lo cual llevaría a que Chile se transformara en el primer y gran productor de litio en el mundo. Esto, sumado a otras condiciones de mercado atractivas, podrían permitir que inversionistas privados se decidan a desarrollar industrias que agreguen valor en Chile. Los inversionistas no quieren poner el dinero en industrias que agreguen valor en Chile por ahora, porque no han recibido las señales correctas para hacerlo.
- ¿Ve disposición por llegar a acuerdo en torno a este tipo de iniciativas?
- Nos escuchan bastante, pero no nos toman mucho en consideración. Para ser justos, he visto una muy buena disposición del gobierno para agilizar la aprobación de proyectos.
- ¿Pero en el Congreso?
- Hay casos y casos. Hemos visto florecer muchas iniciativas que haciéndose cargo de preocupaciones de la ciudadanía, no toman en consideración una serie de aspectos. Aprobar una Ley de glaciares en Chile, tal como está definida, tiene impactos en actividades económicas.
Se ha conducido a una dicotomía que es falsa: protegemos glaciares y no hacemos minería, o hacemos minería y destruimos glaciares. Esa es una discusión falaz, porque el país tiene el 84% de sus glaciares en áreas protegidas y son intocables. El 16% restante está protegido a través del SEIA, donde se determina que si se afecta, o se compensa o se toman medidas para que no se produzca un impacto en las cuencas. Si es que eso no se pudiera solucionar, o mitigar, no se autoriza.
Veo que hay una manipulación bien lamentable en torno a este tema. La minería no tiene ninguna responsabilidad sobre la disminución de la superficie de los glaciares en la zona centro y sur del país, sino que eso ha sucedido por el cambio climático.
- En un año marcado por la COP 25, ¿cómo ve la discusión en torno a los delitos ambientales que también está en el Congreso?
- Es una materia totalmente distinta. La minería está de acuerdo de que exista una ley de delitos ambientales, pero que sea sensata, porque si va a abrir un espacio a la extorsión, no podemos estar de acuerdo.
Cuando se establecen una serie de requisitos objetivos de punibilidad, es decir, que permiten tener la tranquilidad de que cuando se va a ejercer una acción penal contra una empresa y contra quienes la representen, ya se ha podido comprobar que existe un daño ambiental grave, estimamos que eso es muy aceptable. Pero cuando esos requisitos son difusos, muy interpretables, la verdad es que se va a transformar en una herramienta para chantajear a las compañías.
- El presidente de Sonami decía que era una ley para la galería…
- La ley de delito ambiental puede significar un problema gravísimo para el desarrollo de cualquier actividad. El llamado que hacemos es a regular adecuadamente y a sancionar incluso penalmente el daño grave, pero hay que tener cuidado de no dictar una ley absolutamente paralizante. Lo que está en discusión hoy va a tender a paralizar cualquier actividad.
- ¿Falta manejo político por parte del gobierno?
- Me consta que el gobierno ha desplegado esfuerzos importantes por buscar consensos y acuerdos en torno a muchos proyectos de ley. La política que ha desplegado respecto de la reforma tributaria, a la de pensiones, incluso la laboral, no son ajenas a lo que puede estar haciendo en el tema ambiental, aunque quizás ha tenido menos éxito. Evidentemente la COP 25 ha producido una cierta efervescencia en torno a regulación medioambiental y quizás las fuerzas no alcanzan para organizar la COP y, además, enfrentar la agenda legislativa, pero se están buscando mayores espacios de acuerdo.
Nosotros estamos intentando colaborar con transparencia, porque hay algunas iniciativas parlamentarias que pueden significar una muy bonita fotografía para la COP 25, pero un gran daño para el desarrollo sustentable del país, concepto que no solo incluye el medio ambiente, sino que también el crecimiento económico y social.
- ¿Está de acuerdo con que hoy se hace más difícil llegar a estos acuerdos que antes?
- Sí, hoy día lograr acuerdos en el Congreso es más complejo que hace 10 años.
- ¿Más diálogo de sordos, quizás…?
- Hay una carencia de liderazgos claros. No cabe ninguna duda que hoy día lograr acuerdo en el Congreso es una tarea mucho más desafiante y compleja de lo que era antaño.
- ¿Pero esto es responsabilidad del gobierno o del Congreso?
- Chile tiene una tarea por delante y es una responsabilidad en la cual todos debemos asumir una cuota. El mundo político tendrá que hacer un esfuerzo adicional, para hacerse eco de una manera razonable a las demandas ciudadanas, que permita que eso juegue con el crecimiento y desarrollo del país. Y el gobierno tendrá que arbitrar entre los dos y además liderar algunas iniciativas que vayan a solucionar esos problemas de forma viable.
Consejo Minero sesionará al menos una vez al año en regiones
Tras sesionar siempre en la capital, el directorio del Consejo Minero tomó la decisión hacerlo al menos una vez al año en regiones, especialmente las que tienen un perfil minero. El puntapié inicial lo marcará Antofagasta, el próximo 13 de agosto. "Habíamos sesionado siempre en Santiago y creo que acertadamente el directorio tomó la decisión de sesionar en regiones", indica el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
Pero, además, anuncia que esta actividad se complementará con un seminario que tiene como objetivo reunir tanto al mundo público como el privado para analizar los desafíos sectoriales desde una mirada civil y de políticas públicas.
Tras una exposición donde se entregarán los resultados de un estudio sobre el efecto del superciclo del cobre en la región, se dará paso a un panel de conversación que tendrá como tema principal el futuro de la región.
"Hemos invitado a dos conversatorios bien interesantes, uno del sector privado y otro en el sector público, para analizar el impacto del superciclo en Antofagasta y mirar su futuro de la mano de la minería", explica y agrega que "será un diálogo bien interesante sobre datos y, además, hemos tratado de mover la discusión a un terreno de lo más objetivo posible, tratar de desapasionarnos todos un poco con los actores políticos fundamentales de Antofagasta, porque además en un proceso de descentralización, lo más razonable es que quienes tomen las decisiones sean los antofagastinos".
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