Fue en momentos de debate por la estrechez del sistema eléctrico provocada principalmente por la megasequía, cuando la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) sufrió un remezón. El histórico dirigente Carlos Finat dejó la dirección ejecutiva, tras nueve años en el cargo, gatillando meses más tarde un hito: la llegada de la economista Ana Lía Rojas, la primera mujer en ocupar dicho rol en la historia del gremio.
En su primera entrevista tras asumir en enero, dice sentirse honrada, pero también muy consciente de los desafíos que significa pasar de la consultoría a este nuevo rol.
Rojas plantea que hay claridad en cuanto a la meta -por ejemplo- de que el sector eléctrico alcance la carbono neutralidad a 2040, pero no sobre lo que se debe hacer en éste o los próximos años: "Lo importante es concentrarnos en una agenda de más corto plazo para definir cuál es el plan de trabajo que después nos permitirá tomar las decisiones correctas y luego implementarlas".
Según detalla, el gremio tiene una hoja de ruta. Primero, apuntan a la carbono neutralidad a través de la desfosilización de la matriz eléctrica. Segundo, avanzar en la electrificación de los consumos. Y, por último, el trabajo en el territorio y la relación con las comunidades.
- ¿Cuál es la primera tarea que debe tomar el nuevo ministro?
- Tenemos que ser capaces de definir una matriz de riesgo que hoy parece estar menos clara a propósito de las metas de largo plazo y de no tener claro lo que tenemos que hacer en los próximos cuatro años. El punto más inmediato es hacer una buena administración de los recursos de la matriz eléctrica para 2022, de tal forma de no acercarnos a un episodio de racionamiento eléctrico. Hay medidas de gestión que se están haciendo desde ya, pueden ser mejorables, pero tener identificado que ese es un riesgo del sector eléctrico es parte del trabajo que queremos abordar con las nuevas autoridades y con otras como el Coordinador Eléctrico.
- El nuevo gobierno pone el foco en la descarbonización, pero el Coordinador Eléctrico ha reiterado que se debe postergar el retiro de las centrales a carbón. ¿Cómo se dará esa tensión si las comunidades esperan que se cumplan los compromisos, pero la estrechez del sistema lo hace inviable?
- Lo importante es poner bien los antecedentes sobre la mesa de por qué estamos en esta situación para que se produzca un diálogo de acercamiento. No veo las veredas tan separadas, porque el diagnóstico es uno solo y es bien correcto.
Tenemos menos hidroelectricidad y seguirá siendo así. Tenemos que acelerar las renovables (...) y tenemos que dar más cabida al gas para no tener el conflicto de no poder sacar carboneras y tener que operar con diésel. El primer mensaje para todas las organizaciones y agentes es que tenemos que ver el comportamiento del mercado eléctrico en su real mérito.
- Hoy los ojos están puestos en la extensión del decreto de racionamiento, pero actores han enviado sus cuestionamientos al ministerio. ¿Cómo se ve esta acción en un período crítico del sistema?
- Cuando hay riesgos de estrechez del sistema eléctrico, la gestión debe ser la prioridad número uno de las administraciones, pero hay que hacerse cargo oportunamente. Por ello, nos preocupa la falta de coherencia del nuevo decreto de racionamiento basado sólo en la gestión del diésel, con el proceso de descarbonización que tanto anhelamos, porque el año pasado podrían haberse tomado otras medidas más eficaces y oportunas.
Hemos insistido desde mediados de 2021 con una batería de acciones concretas, por lo que nos sorprende que el nuevo decreto ingresado a la Contraloría el 1 de febrero sólo amplíe las opciones de gestión de la estrechez en base al mayor uso del diésel y de paso un mal incentivo de perpetuar su uso por el hecho de financiar sus costos fijos, incluso desde la generación renovable.
Esto nos parece no sólo incoherente, sino también riesgoso, habiendo propuesto en agosto de 2021 un rango más amplio de acciones, involucrando también al Coordinador Eléctrico, sobre todo con opciones y atribuciones de corto plazo, y sin necesidad de traspasar estas decisiones a una próxima administración.
- ¿Cuál desafío debe afrontar el nuevo ministro en los cuatro años?
- El mayor de los desafíos tiene que ver con la coherencia que se va a imprimir a sus proyectos de ley, a sus reformas, cualquier reglamento o norma técnica, con nuestros compromisos de descarbonización, transición energética y que están bien contenidos en la Política Energética Nacional y la Planificación Eléctrica de Largo Plazo. Preocupan los proyectos de descarbonización que están en el Congreso.
El primer mensaje es tener coherencia para entender que los proyectos de ley tienen que ser fundamentados en base a estudios y miradas distintas. Segundo, hay aspectos a nivel reglamentario de norma técnica que también tienen que ser estudiados en mérito de su coherencia con estas herramientas, que son las envolventes de largo plazo y donde queremos concentrar nuestros esfuerzos de corto plazo.
- ¿Cómo las nuevas autoridades debiesen apoyar el avance del proyecto Kimal-Lo Aguirre?
- Hay un espacio muy rico en donde el Estado debe actuar también en forma coherente para poder cumplir con el principio de largo plazo que es la urgencia climática y la transición energética. Tanto la materialización de inversiones a nivel de generación, como de transmisión y almacenamiento, deben tener un principio rector que facilite, siempre velando por el adecuado tratamiento territorial a las comunidades.
A privados y Estado se les pide lo mismo: coherencia. Y si no nos sentamos en una mesa donde estemos todos, los proyectos serán tremendamente complejos de desarrollar. Una mesa de diálogo y decisiones que tengan carácter vinculante con el territorio, es la forma adecuada de abordar este despliegue de inversiones en infraestructura.
"La pregunta es si la institucionalidad regulatoria
es la adecuada para la transición energética"
Además, la nueva dirigenta gremial cree que estará en primera fila retomar la reforma a la distribución.
Para la nueva líder del gremio, los caminos que faltan por abordarse o los que quedan pendientes son agenda "compleja", pero que se tienen que abordar desde la perspectiva del diálogo y de la construcción multisectorial, a través de un trabajo coordinado con el Congreso y también con la Convención Constitucional.
En esa línea, reconoce que quedó pendiente la reforma a la distribución, que era "tremendamente compleja de abordar en medio del contexto de pandemia y de evitar que las tarifas eléctricas subieran". Más allá de los esfuerzos del Ejecutivo, recalca que se redujo el espacio de discusión parlamentaria porque el gobierno estaba abocado a otras tareas mucho más urgentes e inmediatas. "Eso copará probablemente la agenda de 2022-2026; abordar de nuevo cuáles son las reformas que se tienen que hacer en este período, y ahí aparece en primera fila retomar la de distribución", dice.
Eso sí, puntualiza que tiene que ser un consenso de con qué contenido se hará. "Si es la misma reforma que está en el Congreso o si se reformulará haciendo eco a la discusión parlamentaria y, específicamente, a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara Baja donde se hicieron una serie de indicaciones que deben ser evaluadas por la actual administración", reflexiona.
Pero también en el último tiempo se han gatillado conflictos con organismos técnicos como la CNE y el Coordinador Eléctrico sobre la interpretación de normas. ¿Hay una tarea para el próximo gobierno en esto? "La pregunta que tenemos que hacernos en Acera es si la institucionalidad actual regulatoria es la adecuada para la transición energética. Eso es un capítulo amplio de discusión", advierte.
Según explica, "hay espacio de rediseño que podría discutirse en los próximos años con alguna inmediatez o urgencia, porque hay caminos que se pueden abrir para hacer una mejor transición energética". Además, enfatiza, "tenemos que tener coherencia entre principios que hoy están rigiendo el sector energía y el sector eléctrico particularmente cuando hablamos de este largo plazo". Por ejemplo, apunta a la coherencia que tiene que tener la Política Nacional Energética y la Planificación Eléctrica de Largo Plazo. Consultada por si fue un error que el gobierno impulsara un acuerdo voluntario de retiro de centrales a carbón en vez de un verdadero plan de descarbonización, sostuvo que es un ámbito multidimensional. "No solo se trata de retirar el carbón. El acuerdo que tenemos en forma voluntaria nos da cuenta de ese 65% anhelado a 2025, pero la pregunta es cómo hacemos para retirar el otro 35%. Explorar una solución de mercado, a través de un mecanismo de subasta o cualquier otro, que no quede solo en manos de la voluntad de las empresas, puede ser un camino a explorar en forma de diálogo, con las nuevas autoridades y agentes propietarios de los activos carboneros", dice.
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