A menos de tres meses de asumir como nueva superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer dio el primer golpe de timón, anunciando el viernes a los funcionarios de la entidad la nueva estructura orgánica de la institución. La medida -que comenzará a regir el 3 de abril- se oficializó este miércoles con la firma de la resolución que detalla los cambios y en los próximos días debiese ser publicada en el Diario Oficial.
Desde que asumió el 3 de enero pasado, la primera mujer en liderar el organismo encargado de fiscalizar y sancionar los permisos ambientales sostuvo conversaciones con distintas áreas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Y el jueves se realizaron reuniones con los equipos completos de las reparticiones que se verían más comprometidas con los cambios, en este caso, la Fiscalía y la División de Seguimiento e Información Ambiental.
Fue así que hace solo cinco días se presentaron internamente los cambios, los que -según fuentes- aparentemente podrían representar un cambio relevante, pero no es tan distinto a como esa superintendencia había funcionado durante muchos años. Revierten acciones tomadas anteriormente y, de acuerdo a los tiempos, suma nuevos énfasis.
De entrada, la Superintendencia tendrá dos pilares: la División de Fiscalización y la División de Sanción y Cumplimiento. Y, además, el área de información y seguimiento ambiental tendrá un rol relevante en la continua modernización del funcionamiento de la SMA. De esta manera, la nueva orgánica busca fortalecer las líneas estratégicas y la coordinación entre todas las áreas.
En los principales cambios destaca la Fiscalía, que con la nueva orgánica tendrá tres secciones: de litigios, control sancionatorio y jurídica. La medida busca delimitar el rol de esta repartición y dejarlo enfocado complementamente en el control de legalidad en todas las operaciones, actividades y decisiones de la SMA.
Los motivos tras la decisión, según trascendió, apuntan a que la Fiscalía cumple su rol de control de legalidad, pero -de acuerdo al diagnóstico que se levantó- además esta entidad tiene una serie de funciones propias de la instrucción del procedimiento sancionatorio.
Por esto, delimitando sus funciones, se busca fortalecerla en su rol de control de legalidad y también se refuerza el rol de la instrucción del procedimiento sancionatorio en el área de la División de Sanción y Cumplimiento. En sí, se limita, fortalece y orienta su función al objetivo que persigue una Fiscalía que es el control de legalidad, una pilar fundamental para una jefatura de Servicio.
Otro ajuste está en que el Departamento de Sanción y Cumplimiento -que en la actualidad está dentro de la Fiscalía- se transformará en la División de Sanción y Cumplimiento. La entidad tendrá las secciones de Instrucción y Análisis Estratégico; de Estandarización y Procedimientos Masivos; de Programa de Cumplimiento e Instrumento de Incentivo al Cumplimiento; y de Profesionales de las Ciencias.
Asimismo, la División de Seguimiento de Información Ambiental comenzará a ser el Departamento de Seguimiento de Información Ambiental, el que no dependerá de las divisiones sino que directamente de la jefatura de Servicio. Las secciones serán: de Inteligencia Ambiental; de Desarrollo y Mantención de Sistemas; de Redes e Infraestructura; y de Administración y Gobernanza de Datos.
Lo anterior, representa un revés de la decisión que tomó el 30 de diciembre de 2020 el exsuperintendente Cristóbal De la Maza cuando informó una modificación de amplio alcance en la organización interna de la entidad que data de mayo de 2017. En concreto, entre otros ajustes, definió que la División de Sanción y Cumplimiento pasara a ser un Departamento dependiendo de la Fiscalía; y además creó una nueva División de Seguimiento e Información Ambiental, a cargo de la gestión de datos ambientales y sistemas de vigilancia.
Aunque dicha modificación de De la Maza no fue la única, ya que desde su llegada en octubre de 2019 impulsó diversos cambios, esta última fue un ajuste mayor que abrió el debate entre los expertos. Mientras algunos interpretaron que la hoy exautoridad buscaría una mayor eficiencia en la SMA, otros mostraron sus dudas por la nueva posición que tomaría la entonces antigua División de Sanción y Cumplimiento. Por ejemplo, que no sería adecuado subordinarla como Departamento a Fiscalía, considerando además que era una División central en las labores propias de la SMA.
Cabe recordar que, en su primera entrevista en el cargo, Plumer indicó a DF que -entre sus objetivos- está generar una estrategia de cumplimiento ambiental "en términos claros y transparentes, y mejorar la respuesta de la Superintendencia ante contingencias y la demanda de denuncias ciudadanas". Según explicó, esto involucra fiscalización, seguimiento y el ejercicio de la potestad sancioandora en todo lo que ello implica.
Pero hay más cambios. La División de Fiscalización y Conformidad pasará a ser División de Fiscalización, y cuyas secciones serán: Coordinación Técnica; Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas; de Recursos Hídricos; y de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Si bien la Región de la Metropolitana (RM) hoy no cuenta con una oficina como el resto de las regiones, ya que desapareció en la última orgánica, con la nueva estructura volverá a ser instalada como una unidad propia, considerando las problemáticas de la región. Así, todo el país tendrá una oficina regional. En el diagnóstico se habría concluido que no fue una buena decisión prescindir de esta oficina, porque en la RM hay problemas particulares que ameritan un trabajo focalizado con un encargado especial.
Sello por Escazú y creación de comités estratégicos
Una de los sellos de esta nueva estructura organizacional es que el Departamento de Participación y Relacionamiento Comunitario pasará a llamarse Oficina de Atención Ciudadana y Escazú, reconociendo dentro de la orgánica el acuerdo que lleva este nombre, determinante para efectos del acceso de información y transparencia en los procesos ambientales.
Además, se crearán cuatro comités estratétigos, los que están orientados a trabajar en materias determinantes en la actualidad, buscando la coordinación con otros organismos del Estado y la institucionalidad ambiental. Estos son: Concón-Quintero-Puchuncaví, Gestión de Denuncias, Gestión de Programa de Cumplimiento, Formalización de Equipos Masivos y Control de Gestión de la SMA.
Consultada por los ajustes, Plumer indicó a DF que la estructura orgánica obedeció a lograr una mejor fidelidad respecto a las funciones propias de la Superintendencia, asegurando los controles internos, las sinergias, la coordinación interna y la asignación de roles y funciones con claridad. En ese sentido, reconoce que tuvo "especial cuidado" que esto no afectara a los equipos de trabajo consolidados y por eso fue "un trabajo muy discutido y conversado con el equipo interno para reconocer lo avanzado en una serie de áreas.
"No hay ajustes de desvinculaciones a propósito de la orgánica. Por el contrario, hay una mejor distribución, un mejor aprovechamiento de los equipos, definiciones de rol y de lograr que los énfasis estratégicos sean coherentes con lo que se está buscando a mediano, corto y largo plazo por parte de la Superintendencia", explicó. La autoridad aclaró que sólo se requerirá personal como parte de la dinámica ordinaria. Y recordó que está en concurso público por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) el cargo de jefe de la División de Fiscalización y próximamente también se abrirá un proceso para seleccionar al nuevo líder de la División de Sanción y Cumplimiento.
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