Titular de la SMA realiza ajuste mayor en estructura interna: División de Sanción y Cumplimiento pasa a la Fiscalía

Tras casi un año de espera donde el cargo de jefatura de la Superintendencia del Medio Ambiente se mantuvo vacante, en octubre del año 2019 el ingeniero civil industrial Cristóbal De La Maza fue designado como nuevo titular, impulsando una serie de acciones que no se detienen. El más llamativo:  modificaciones a la organización interna de la entidad que data de mayo de 2017.

Con solo días a la cabeza, luego de realizar un diagnóstico, el 21 de noviembre de ese año vio la necesidad de redistribuir y reorganizar ciertas funciones para focalizar los recursos en áreas indispensables.

En los ajustes, se decidió eliminar el Departamento de Planificación y Control de Gestión junto; e incorporar nuevas funciones a la Oficina de Auditoría Interna que pasaría a denominarse Oficina de Auditoría Interna y Control de Gestión.

Pero si bien ha introducido diversos cambios en la estructura orgánica desde que llegó a la SMA, el pasado 30 de diciembre emitió una resolución en el Diario Oficial, informando una nueva modificación de amplio alcance. Entre los ajustes, la División de Sanción y Cumplimiento pasó a ser un Departamento dependiendo de la Fiscalía; y además se crea una nueva División de Seguimiento e Información Ambiental, a cargo de la gestión de datos ambientales y sistemas de vigilancia.

El ahora departamento contempla funciones como recibir antecedentes de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental y la División de Seguimiento e Información Ambiental, citar a dependientes de los fiscalizados, y proponer al fiscal que se declare el incumplimiento del programa de cumplimiento y el reinicio del procedimiento administrativo sancionatorio.

Para el abogado de Barros & Errázuriz, Ignacio Urbina, la última modificación de la entidad “es la más relevante que se haya establecido en los últimos años, porque opera a nivel de divisiones (las unidades más importantes) y no únicamente a nivel de departamentos u oficinas”.

Desde una mirada preliminar, según la socia de EELAW, Paulina Riquelme, es evidente el cambio en la jerarquía, pues de ser una División de la SMA de segundo nivel jerárquico pasa a ser un Departamento de tercer nivel a cargo de la Fiscalía. “Es un cambio muy relevante para la SMA dado que en su configuración original todos los temas vinculados a Sanción y Cumplimiento estaban a cargo de una División de segundo nivel jerárquico a cargo de un jefe que debía cumplir con ciertos requisitos y experiencia”.

Al ser consultada, la SMA no se pronunció respecto a los cambios. Para los expertos, éstos podrían buscar fortalecer las capacidades institucionales en un contexto de mayor escasez de recursos. El presupuesto institucional de 2021 no aumentó la dotación de la SMA y en total disminuyó por primera vez respecto al año anterior, pasando desde $ 12.500 millones en 2020 a $ 11.700 millones en 2021. 

Otros apuntan a que los cambios buscan una mayor eficiencia del organismo y fortalecer sus capacidades tecnológicas. Y, en sí, dan cuenta de la apuesta de gestión que quiere impulsar De La Maza.

El análisis de los expertos

La nueva posición que tomará la antigua División de Sanción y Cumplimiento despierta diversas opiniones. A juicio de Urbina, parece razonable que exista sólo una división jurídica y no dos. Así, fusionar la Fiscalía con esta División “parece una opción legítima donde se podrían aprovechar de manera óptima las capacidades jurídicas de la organización, para lograr un funcionamiento más eficiente y disminuir tiempos de tramitación, lo que es un tema de preocupación para el superintendente, como señaló en su última cuenta pública”.

El socio director del área Medio Ambiente y Regulación en Moraga y Cía., Jorge Canals, va más allá y reconoce que, sin perjuicio de la evaluación que se tenga de dicha División, “no es adecuado subordinarla como Departamento a Fiscalía, dotando de mayores atribuciones a la nueva División de seguimiento y mejorando otros procesos”. “Era una División central en las labores propias de la SMA; que debe tener la misma entidad que su par de fiscalización”, sostiene.

De acuerdo a la ley, debe existir una especie de “muralla china”entre la labor de fiscalización e instrucción del proceso sancionatorio. Y aunque según fuentes, la legalidad de los ajustes no está en cuestionamiento, sí habría una preocupación en que se establezcan los controles para garantizar la independencia.

Riquelme precisa que antes del cambio, el Jefe de la División de Sanción y Cumplimiento dependía directamente del superintendente, en tanto que con el cambio el jefe de Departamento pasa a depender directamente del Fiscal.

Esto no implica, dice, necesariamente que se pierda independencia, ya que podría ser lo contrario al evitar una relación directa entre el superintendente con el encargado de los procedimientos sancionatorios. Pero reconoce: “Sí es evidente que la Fiscalía cambia su rol, pasando a tener uno más preponderante y dejando el más neutral que se le había asignado para efectuar control de legalidad de las actuaciones en los procedimientos sancionatorios”.

Y agrega que “hubiese sido deseable que el superintendente hubiese presentado el diagnóstico y propuesta de modificación de la estructura interna al Consejo de la Sociedad Civil de la SMA”. “Espero que lo pueda hacer prontamente junto con el diagnóstico que motivó el cambio para comprender bien los alcances de la modificación”, dice.

Más cauto es el abogado Luis Cordero quien no ve problemas de independencia, pero sí señala que es clave “mantener la identidad del procedimiento sancionador y evitar que el superintendente se involucre en las etapas tempranas”, lo que debe ser aplicado a cualquier estructura.

"Creo que hay una apuesta en orientar la Superintendencia, no sólo en sanciones, sino que también en seguimiento", agregó.

Mientras, Canals asegura: "Se entiende que la modificación no persigue quitarle independencia, pero evidentemente disminuye su significancia y peso institucional pasando a ser un departamento, y eso a todas luces es así. Y al quedar subordinado a fiscalía, que mira al control de la legalidad de los actos de la SMA, se le resiente su capacidad de actuación autónoma".