Un empleado que manejaba las cuentas
de los clientes de Bernard Madoff está siendo investigado para
conocer su intervención en la estafa orquestada por este financiero
estadounidense que, según sus propios cálculos, podría ser la mayor
de la historia.
El diario The Wall Street Journal informa hoy, sin
identificar sus fuentes, que los investigadores están estudiando las
actividades de Frank DiPascali, un empleado en la empresa de Madoff
durante más de 30 años.
Su intención es saber si ayudó a ese inversionista a gestar, durante
más de dos décadas, una estructura piramidal al estilo de un esquema
Ponzi con el que se podría haber causado unas pérdidas de cerca de
US$ 50.000 millones.
"Si querías cualquier cosa, una nueva cuenta, meter dinero, sacar
dinero, llamabas a Madoff", aseguró uno de los investigadores a este
diario, que añade que también se ha emitido una citación para David
Friehling, un contable de Nueva York que auditó las cuentas de la
firma.
La Fiscalía federal, el FBI y la Comisión del Mercado de Valores
de Estados Unidos (SEC) están investigando la "Estafa Madoff".
Este inversionista, que hasta su detención el pasado 11 de diciembre
estaba considerado toda una leyenda de Wall Street, está acusado de
planear una estafa con la cual cientos de inversionistas, especialmente
grandes fortunas, pero también organizaciones benéficas, empresas y
entidades de medio mundo, podrían perder todo su dinero.
Madoff tenía la imagen de un concienzudo inversionista, prometía
rentabilidades medias del 8% de forma sostenida y gozaba de una
aureola de exclusividad y seriedad con la que consiguió que las
grandes fortunas se pelearan por confiarle sus inversiones.
El diario también asegura que una de las clientes de Madoff ha
demandado a la SEC por no haber cumplido con su tarea y descubrir
este fraude, que le ha generado unas pérdidas de US$ 2 millones.
Phyllis Molchatsky, de 61 años, reclama US$ 1,7 millones
en compensaciones a la SEC, que ahora cuenta con seis meses para
negociar un acuerdo o responder a la demanda, ya que, de lo
contrario, la inversora podría iniciar un proceso ante una corte
federal, según el diario económico.