Por María Marañón
Entre los numerosos flancos que aborda el proyecto de ley de reforma tributaria está el capítulo sobre modificaciones que afectan al sector constructor e inmobiliario del país. La iniciativa contempla el gravamen a la reventa de inmuebles nuevos y la limitación al uso del crédito especial en IVA con las que el Fisco pretende recaudar $ 530.411 millones, una cifra equivalente a casi US$ 1.000 millones.
La tasadora inmobiliaria Arenas & Cayo ha analizado el impacto que estas iniciativas tendrían en empresas y personas físicas y ha estimado que impactarían de manera "significativa" en un sector que en los últimos meses ha mostrado síntomas de desaceleración y en el que ya se había estudiado que la propuesta de derogación del IVA en viviendas aumentaría el valor de estas en un 20%.
Los mayores perjuicios se esperan en los precios y el stock de viviendas, que, sin estímulos adicionales, contribuirá a un aumento del desempleo del área y, de manera particular, en aquellas construcciones que se realizan en faenas mineras.
Se prevé un alza de entre el 8% a 10% en los costos directos de construcción, con el consecuente mismo incremento en el precio final de las viviendas y un aumento en las tasas de los créditos, que se situarían por encima del 5% a partir de 2015 debido al mayor riesgo inherente a la subida del desempleo.
En el primer caso, Teodosio Cayo, gerente general de la tasadora, explica que esta alza de costos por el cambio en el IVA del sector se traspasará a los compradores finales en una proporción importante, que finalmente se podrá ir ajustando a través del stock disponible de venta. Ante esta coyuntura, cree que debería monitorearse la cantidad de solicitudes de nuevos permisos de construcción y el volumen de metros cuadrados que entrarán en oferta en los próximos meses.
En el segundo, y relacionado con el impuesto al crédito, estima que con la modificación en vigor, los proyectos de pequeñas empresas podrían ver afectados sus spread, lo que, a su vez, influiría en la colocación y las tasas de los créditos, especialmente, las de corto plazo.
"Las tasas superarían el 5% a partir de 2015 por el mayor riesgo que podría representar un alza del desempleo", explica. Prevé, además, que la medida genere efectos en las ventas y en el stock, con un alza del 4% a 5% en los meses centrales de este año debido a la incertidumbre.
"El efecto directo en una primera fase podría ser en los precios, pero en aquellos productos y servicios con márgenes muy estrechos podría implicar una reducción de mano de obra, que debería tender a regularizarse sólo si el mercado recibe nuevos estímulos de reactivación, lo cual no vemos en lo que va del 2014", asegura.
Asimismo, advierten del retraso en la toma de decisión de compra de ciertos bienes necesarios para la construcción a la espera que se aclare el proyecto final por parte de la Cámara de Senadores y Diputados.
Efectos en proveedores y personas
Las grandes constructoras, por su parte, se verían obligadas a traspasar a precio final al asumir el pago del IVA de sus proveedores pequeños. La razón de ello estaría en que no podrían enfrentarse a la vez al tiempo entre la entrega del producto y el pago efectivo de la factura.
En tanto, el experto asegura que los fondos de inversión que concretaron grandes inversiones en el sector en los últimos años asistirán a una fuga de capitales a las economías con crecimiento sostenido y menores índices de riesgo, desincentivando la inversión inmobiliaria externa, cuyos niveles se verían resentidos. Ante estas medidas, creen que en los próximos años el mercado requerirá generar herramientas que compensen esta baja de inversión en el área inmobiliaria.
Mientras, los compradores, también afectados ante el alza de precios, podrían aumentar el tiempo para el cierre de operaciones. A ello se agregaría un factor no menor, el nuevo avalúo de bienes raíces, que entró en vigor recientemente y el pago de mayores contribuciones, que desemboca en un menor interés del mercado en mayores inversiones. En consecuencia, cabría adelantar un efecto en el arriendo de ciertas propiedades de carácter comercial, al ver un aumento en los costos directos de un bien frente al canon de arriendo ya establecido.