La licitación de documentos de identificación y viajes que involucra al Registro Civil y a la compañía Aisino, se ha transformado en estas últimas semanas en toda una polémica, y está lejos de acabar. Y pese a que además de los reparos técnicos en la oferta del consorcio chino-alemán, la visita de los delegados estadounidenses -en marco de la evaluación del Chile en el Programa Visa-Waiver- figura como la gran responsable de la resolución que dejó fuera de competencia a Aisino, existe una serie de procedimientos e irregularidades al interior del servicio público que no se habían dado a conocer. Eso, hasta ahora.
Según fuentes cercanas al proceso interno, uno de los mayores problema que aqueja por estos días a la entidad administrativa es la falta de un director/a a la cabeza de la Subdirección Juridica del servicio. Es decir, de la "mano derecha" del director de la entidad. Y es que desde hace meses que esto puesto es ocupado de manera provisoria, según cuentan, por una abogada "sin experiencia" suficiente en este tipo de licitaciones.
Según el mismo sitio web del Registro Civil indica que se trata de Mónica Huerta Valderrama, quien habría asumido el cargo el noviembre de 2020.
El problema, según lo revelado, es que este departamento es quien posee una de las mayores atribuciones en el caso que envuelve a Aisino y el Registro Civil. Pues, tras la revisión administrativa y técnica realizada por la Comisión Evaluadora a cargo -que por cierto, aseguran trabajó en una sala privada en completo hermetismo, sin acceso a celulares y sin ningún tipo de contacto con los oferentes-, esta se habría disuelto y posterior a eso habría entregado los resultados a la Subdirección Jurídica, que finalmente otorgó la adjudicación del contrato a Aisino.
Y se trata también de la misma entidad que, junto con el director del Registro Civil y tras la visita de la comisión estadounidense al país, exigió al consorcio que explicara ciertas fallas técnicas en su oferta, para luego dejarlo fuera del concurso.
Según el sitio web de la Alta Dirección Jurídica, la oferta profesional para el cargo de "Subdirector Jurídico del Servicio de Registro Civil e Identificación" se encuentra en evaluación, y el cierre de las postulaciones ocurrió el 10 de octubre de este año, cinco días antes de que se anunciara la adjudicación por parte de Aisino.
Pero este no es el único problema jurídico-administrativo que ha enfrentado el servicio. A principios de octubre de 2020 y con poco más de cuatro años en el cargo, Jorge Álvarez -quien en 2015 asumió como subdirector Jurídico- renunció a su puesto en la Dirección del Registro Civil a petición del gobierno del Presidente Piñera.
Y en junio de este año Sergio Mierzejewski fue anunciado por el ministerio de Justicia y DD.HH. como el nuevo director a cargo del servicio público. Esto, en medio del proceso concursal de la licitación del Nuevo Modelo de emisión de documentos de Identificación y Viaje.
Problemas técnicos en la oferta de Aisino
Una de las mayores dudas en cuanto a la evaluación técnica es por qué se le asignó al consorcio una puntuación total similar (28,1) que al resto de los participantes (30), si entre las inconsistencias replicadas en la resolución emitida por el Registro Civil en la jornada de este martes, se le acusa de, entre otras cosas, alterar y eliminar cierto requisitos exigidos en cuanto a identificación biométrica.
Según las Bases de Licitación, unos de los criterios a evaluar tiene relación con la experiencia de los participantes en cuanto a la cantidad de cédulas emitidas con infraestructura de claves públicas PKI y Sistema biométrico (reconocimiento facial o dactilar) en los últimos diez años. Y a cada oferente le entrega un puntaje de acuerdo a los datos entregados por las empresas en concurso.
Sin embargo, y según conocedores del proceso de revisión, la evaluación no permite hacer mayores distinciones respecto de la experiencia de una empresa u otra. Pues, si bien existen grandes diferencias en cuanto a la elaboración de documentos (Sonda-Thales reportó 22,6 millones de cédulas, Idemia 102,6 millones, UTP Aisino 143 millones, UTP Identidad General 96,6 millones, y Telefónica 21,6 millones), todas cuentan con el mismo puntaje, ya que este se asigna a todas las compañías que superen el mínimo establecido, independiente de la cantidad de documentos elaborados.
Por otro lado, otra de las principales críticas que hace el servicio público tiene relación con la "inconsistencia" de los datos entregados en la oferta. Y se refiere particularmente a "correcciones manuscritas de la información contenida en los certificados técnicos".
De acuerdo a la resolución emitida este martes por el servicio administrativo, la oferta presentada por el consorcio contenía, entre otras cosas, correcciones manuscritas referidas a información técnica, antecedentes que "intentan acreditar experiencia en tiempos de respuesta en identificación biométrica (...) sin que se desprenda con toda claridad que los proyectos tengan relación directa a datos de huella dactilares"; además de la existencia de datos "de proyectos no relativos a enrolamiento de usuarios para la emisión de cédulas de identidad o pasaportes de viaje".
Y no solo eso, sino que además el servicio solicitó a la compañía justificar que los correos electrónicos que acreditaron los requisitos correspondían a correos institucionales; describir el contenido y alcance de la Ley de Seguridad de Datos aprobada hace unos meses en China; e indicar en qué medida concreta la empresa aseguraría el cumplimiento del Programa Visa Waiver.
Todos datos que Aisino, según el Pacto de Integridad contenido en las Bases de Licitación, debió haber revisado y verificado con anterioridad a la presentación de la oferta "para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia".
De esta manera, no es de extrañar que el Registro Civil, acogiéndose al reglamento correspondiente, haya decidido dejar fuera de competencia al consorcio chino-alemán.
Según lo establecido por las bases, entre las causales por las cuales el servicio puede dejar si efecto la adjudicación del contrato, se señala: a) "Si el adjudicatario se negare a firmar o a entregar los antecedentes para elaborar el contrato, dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas"; y g) "Si al adjudicatario se le detecta información adulterada o inconsistente en los anexos o en el contenido de su oferta".
Por su parte, desde el consorcio chino-alemán se defienden y explican que si bien, efectivamente uno de los 388 certifcados presentados por la firma tiene una correción manuscrita, no afecta el resultado de la evaluación. Pues la cantidad de papeles necesarios para la creditación superaba el mínimo requerido, por lo que el Registro Civil pudo dejar de lado este documento sin problemas y aún así otorgar el visto bueno a Aisino.
Además, explican, que este reclamo se había realizado con anterioridad en el Tribunal de Compras, y posteriormente fue rechazado.
Y de acuerdo a un comunicado publicado durante la jornada de este martes, la UPT chino-alemana, el Consorcio acusó ser foco de "ataques orquestados" y aseguró que "contestó todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, tal cual fue requerido por el Registro Civil".
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