La situación de violencia en la macrozona sur del país ha llegado a su punto más álgido. El pasado viernes, un grupo de fiscales del sector la catalogó como un “fenómeno crónico” y detalló que entre los delitos constantemente observados en el área se cuentan usurpación, incendios, robo, hurto, amenazas y otros asociados a la ley de control de armas.
Tan solo en los últimos 10 días se han destacado hechos como los atentados que dejaron 30 camiones quemados en Los Álamos y otros cinco en Mulchén; un hombre baleado luego de un ataque a un predio forestal en Victoria, y una faena clandestina de robo de madera que fue desarticulada por Carabineros en Curanilahue.
La zona de conflicto se extiende por toda la Región de la Araucanía y gran parte de la del Biobío -sobre todo en la provincia de Arauco-, además de una porción de la de Los Ríos.
En este contexto, Diario Financiero conversó con cuatro líderes empresariales sureños que entregaron su visión del conflicto. En general, todos coinciden en el fondo: el problema tiene distintos matices y requiere de una solución multisistémica.
Separan aguas entre demandas legítimas de los Pueblos Originarios (PPOO) y la violencia, y remarcan que son cosas totalmente distintas. Apuntan a una solución que en el corto plazo devuelva la seguridad. En el largo, que aumente la presencia del Estado, y atienda las demandas indígenas y los altos niveles de pobreza de la zona.
También, advierten que la zona afectada ha ido creciendo exponencialmente hacia el norte. Dicen que la violencia ya forma parte del día a día y piden detenerla antes de que se normalice.
“Grupos parten escondiéndose bajo temas políticos y si se les valida, se valida la violencia”.
Fernando illanes,
gerente regional de Corma
“Hay rutas públicas controladas más
de dos años por bandas organizadas”
Dirigente gremial afirma que las zonas tomadas por la violencia aumentaron en 30% solo en el último año.
“Hemos visto como organizaciones delictuales se han tomado un territorio desde hace años y como diferentes rutas públicas llevan más de dos años controladas por bandas organizadas que determinan qué entra y qué sale de esos lugares, o cobran peaje para ello. Es un tema grave de seguridad y calidad de vida de las personas que están en la provincia”, narra Fernando Illanes, gerente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) para Biobío y el Ñuble.
Desde este gremio, estiman que la zona tomada aumentó un 30% entre 2020 y 2021, dato que dedujeron a partir de las hectáreas perdidas por sus socios e información de Carabineros y la Conaf.
Illanes es enfático en decir que hay que separar la demandas legítimas y el reconocimiento nacional que se le debe a los PPOO con la situación de violencia. “Una solución es a largo plazo y la otra a corto, pero ambas deben partir de manera inmediata”, afirma.
El ejecutivo ve un fin económico detrás de esto, pues solo con el robo de la madera las bandas han robado más de US$ 60 millones.
Para el sector forestal, señala que hay falta de abastecimiento, tanto por los incendios como por el área que está tomada por la delincuencia, lo que ha ido mermando la cantidad y disponibilidad de materia prima. Como ejemplo de los problemas del sector pone el caso de la japonesa Volterra, que este año dejó Chile. “Ahí quedaron 250 personas sin trabajo”, asegura.
Bola de nieve
El gerente regional se muestra preocupado porque cree que la situación irá escalando. “En otros países se han visto grupos como las FARC y la ETA que parten escondiéndose bajo ciertos temas políticos y, si se les valida, se valida la violencia. Y eso trae heridos y hay gente que está siendo afectada; este año ya van al menos siete muertos. Sus familiares están mal y hay otros muchos que han perdidos sus casas”, dice.
“Todos los días hablo con gente que no sabe qué hacer, porque no tienen la opción de irse del lugar. Acá tienen su negocio y sus hijos, llevan acá desde años, entonces no podemos justificar la violencia de ninguna manera”, argumenta.
“¿Quién va a invertir o instalarse en una zona con estos niveles de violencia desatados?”.
Mónica Álvarez,
vicepresidenta de Irade:
“Necesitamos que la inversión se promueva.
Sin inversión no hay desarrollo”
La empresaria cuenta que su compañía de buses debe tener distintos planes de operación según los niveles de violencia.
Es la vicepresidenta del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), organización que agrupa a compañías con presencia en la VIII Región y que busca ser un puente articulador entre el sector público y el privado.
Desde esta posición, Mónica Álvarez señala que el conflicto debe mirarse desde una perspectiva social: “No es un problema que solo afecta a las empresas, sino que a todas las personas. Afecta la seguridad personal, niños, familias, el vivir de la comunidad. El desplazamiento en auto por zonas en que hace cuatro o cinco años todos circulaban, ya no es posible. Hay carreteras que no utilizamos, porque la sensación de inseguridad y la probabilidad de sufrir un evento violento es sumamente alta”.
Afirma que el desarrollo de la zona está bastante deteriorado en muchas actividades económicas, no solo forestales, sino que también en otras como el turismo y el emprendimiento.
“¿Quién va a invertir o instalarse en una zona con estos niveles de violencia desatados? ¿Quién va a querer trabajar acá? Nosotros necesitamos que la inversión se promueva. Sin inversión no hay desarrollo, ni crecimiento ni bienestar”, señala.
Y agrega: “Yo no quisiera que se asociara la violencia y el terrorismo al pueblo mapuche. Son territorios que tienen que ser abordados desde una mirada multidisciplinaria, pero lo primero y urgente es que tenemos que recobrar los niveles de seguridad por las personas”.
El caso de los buses
Además de su rol en Irade, Álvarez es presidenta de Buses Hualpén, empresa de transporte de la zona. Cuenta que tienen distintas maneras de operar según los niveles de violencia que están viendo, por lo que forma parte de su día a día. “Nuestros conductores también viven el riesgo de forma permanente”, comenta.
Para ella, todo el turismo de la zona se ha visto afectado. “Aquí en Concepción había mucha gente que tenía casas de veraneo, había un polo de turismo, y se las han quemado a todos. Esto no es un problema de las forestales. Probablemente ellas son el grupo económico más dañado, pero esto afecta a las personas de carne y hueso”.
Los militares son una “contención momentánea, pero si no hay articulación profunda, es como tomarse una aspirina para el cáncer”.
Michel Esquerré,
presidente de Pymemad:
“El abandono del Estado dejó que
se albergara un virus en el territorio”
El líder de pequeños madereros dice que el Estado debe articularse en la zona para responder a la deuda cultural con los PPOO.
Para Michel Esquerré, presidente de PymeMad, gremio de pequeños empresarios madereros, los habitantes de la macrozona son los que tienen el diagnóstico más claro.
Afirma que hay una gran deuda cultural con los pueblos originarios (PPOO), que “nadie ha enfrentado con la fuerza que se necesita, que es venir aquí al territorio e instalarse con los tres poderes del Estado”. Agrega que una estrategia de esta naturaleza “significa comprar tierras, solucionar el abandono territorial y entender bien las demandas de las comunidades. Hay mucha pobreza en estas comunas y el Estado nunca articuló bien”.
“Esto dejó espacio para que en este territorio se albergara un virus, que no son los PPOO. Son anarquistas violentos, grupo que fue creciendo con más violencia, con armas, capturando gente cada vez más joven y comunidades”, relata.
Todo esto, dice, confluyó en un problema similar al de barrios pobres de la capital que son capturados por el narcotráfico, donde no pueden entrar ni autoridades ni policías. Sobre la presencia permanente de militares que propone el Ejecutivo, apunta a que “son una contención momentánea, pero si no hay articulación profunda, es como tomarse una aspirina para el cáncer”.
Dolor de la industria
Esquerré admite que el sector forestal cometió errores históricos, pero asegura que estos ya están siendo abordados y que hoy tiene potencial para convertirse en una de las industrias más sustentables del país. “Hay un ataque muy duro, sobre todo contra las grandes compañías, y no hay una gobernanza que permita controlar la violencia, desde hace muchos gobiernos atrás. Los atentados partieron hace más de ocho años y no han parado”, sostiene el dirigente.
Como resultado, Esquerré estima que hay más de $ 140 mil millones de pérdidas en quemas de maquinaria de contratistas forestales, a lo que se suma el robo de madera. “Es especialmente grave para el sector, porque las inversiones entregan sus retornos muchos años después y necesitan de certeza jurídica”, afirma.
“Este abandono territorial está generando informalidad en los trabajos, no pago de impuestos y platas negras que no permiten velar por el bien común del país”, añade.
“Acá los camioneros piden seguridad, no que baje el precio de la bencina”, dice el presidente del parque.
Óscar Olate,
gerente general del Parque Escuadrón
“Necesitamos niveles de seguridad
que nos permitan producir y operar”
Advierte que la actividad del complejo que alberga a 50 firmas está afectada por el temor de transportistas y empresarios.
Ente Concepción y Coronel se ubica Escuadrón, parque empresarial de 279 hectáreas que alberga más de 50 empresas. Este centro se vio particularmente afectado por el paro de camioneros, ya que la ruta 160 es la única carretera que conecta todo este sector.
El presidente, Alejandro Toledo, y el gerente general del parque, Óscar Olate, afirman que estos problemas viales hacen que se vean doblemente afectados por la situación de la región.
“Nos falta sensibilización, desde Santiago no ven lo que está pasando en el sur. Solo ven que se quemó un par de camiones, pero no entiende que esto es para todos los que vivimos acá. Acá los camioneros piden seguridad, no que baje el precio de la bencina”, dice Toledo.
En la misma línea, Olate señala que necesitan “un Estado de derecho que realmente nos proteja. Es un problema transversal, se requieren niveles de seguridad que nos permitan producir, operar y movilizar nuestra carga, además de dar trabajo a toda la gente que tenemos acá: somos más de 10 mil trabajadores en el parque”.
El ejecutivo alerta que “lo peor es que cada año va avanzando más y más metros. Antes era solo en la zona de Cañete y Tirúa, hoy está llegando a Los Álamos y Curanilahue, que es acá al lado de Concepción”.
Por otra parte, Toledo cuenta que los transportistas no quieren trabajar en el lugar y que las personas no quieren arriesgar ni su capital ni su gente para entrar a la zona.
“Intentamos abastecer el sur y cada vez se nos hace más difícil. En la próxima reunión de directorio vamos a conversar qué medidas de seguridad tenemos que implementar”, señala, y agrega que ha tenido que buscar otros lugares para acopiar productos y poder cumplir a sus clientes.
Parque abierto
Olate y Toledo dicen que esta situación les ha enseñado que como empresas deben estar conectados con la comunidad, motivo por el cual el Escuadrón tiene libre acceso para cualquier persona que quiera entrar. “Lo definimos como un pilar, hacer parte de los procesos a las juntas de vecinos, para que la gente nos conozca y cualquier problema podamos abordarlo juntos”, afirman.
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