Megalínea Antofagasta-Santiago: empresa define primera propuesta de trazado y asegura que costos “son razonables”

El trabajo para impulsar la megalínea Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago, cuyo monto de inversión podría llegar a los US$ 2 mil millones y que se erige como una habilitante de la descarbonización, fue abordado este jueves por la gerenta de Asuntos Públicos, Medio Ambiente y Comunidades de Conexión Energía, Carola Venegas.

En el marco del seminario “Realidad y futuro de la transmisión eléctrica en Chile”, organizado por Clapes UC y Acenor, Venegas recordó los temores de los costos que enfrentaba la obra cuando estaba en su proceso de licitación y aseguró: “Hay un alivio respecto de que los costos del proyecto son razonables. Creo que el segundo proponente que no se lo adjudicó obviamente era considerablemente más caro que la propuesta que el consorcio -que hoy se llama Conexión Kimal-Lo Aguirre S.A. ofertó”.

Esto, dijo, tiene que ver con que cada empresa estaba preparando su propia licitación y se dio cuenta que cada una asumía un riesgo muy grande en términos financieros y técnicos, y decidieron alearse.

Venegas dio luces de los avances de la iniciativa. Según señaló, están haciendo la Participación Ciudadana Anticipada antes de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y comenzaron un proceso de casas abiertas para presentarles a las comunidades la primera propuesta de trazado.

“Confío en que habrá disposición y también tenemos que hablar en buenos términos de las dos experiencias anteriores”, dijo. Al respecto, explicó que “la interconexión SIC-SING y luego el proyecto Cardones-Polpaico trajeron grandes beneficios al país. Tenemos que atrevernos a hablar en mejores términos y con menos complejos de lo que significa desarrollar proyectos de esta envergadura”.

Tras su intervención, explicó que la Ley 20.283 que protege el bosque nativo de preservación prohíbe la corta de las especies en categoría de conservación. Sin embargo, tiene una excepcionalidad y esta es para proyectos que demuestren el interés nacional y uno de los requisitos es ser concesionario, ya sea de carretera, de puerto, en este caso eléctrico. “Tenemos una concesión eléctrica (...) y en virtud de esta presentamos a la Corporación Nacional Forestal la tramitación para la obtención de nuestra declaratoria de interés nacional, que es un prerequisito para tener el permiso de corte de bosque Nativo de Preservación, que a su vez se tramita ambientalmente dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, puntualizó.

Sobre el anuncio de la definición de la primera propuesta de trazado, la gerenta sostuvo: “Tenemos un documento que se denomina estudio de trazado, en donde tenemos la evaluación de los objetos de valoración ambiental, social y la factibilidad técnica y económica del proyecto. Nos quedamos con la alternativa de trazado que implica la menor cantidad de afectación a estos objetos de valoración: sitios arqueológicos, zonas de alto valor para la biodiversidad”.

Precisó que no intervienen ningún cauce de río, se alejaron de los centros poblados, no están en los límites urbanos e identificaron dónde podían tener la menor cantidad de afectación de bosque nativo de preservación. “Hoy a partir de ese trazado solicitamos esa declaratoria de interés nacional”, agregó.

Sobre la fecha en que ingresarán el EIA, dijo que es difícil decir una porque depende de la tramitación de los requisitos previos, aunque indicó que están dentro de lo que establece el decreto de adjudicación. “Es un proyecto que hoy no tiene conflictos sociales, aun cuando podrían haber personas eventuales que no les guste”, indicó.

La gerenta afirmó que un proyecto de esta envergadura requiere mucho respaldo: “Los invito a apoyar un proyecto país y ayudarnos a cumplir las metas de entrar en operación el año 2029”.

Mientras, el ministro de Energía, Diego Pardow, apuntó que “tanto la inversión en almacenamiento como la inversión en estas grandes obras, como estas mejoras relativamente más pequeñas que tenemos que hacer sobre lo existente, se enfrentan con un problema de que los incentivos de nuestra regulación no han sido los adecuados”.