Ahora es el turno de la Constructora Santafe. El grupo –ligado a Pablo González y Patricio Vivanco- solicitó la apertura de un proceso de reorganización judicial y así evitar la quiebra.
Se suma a una seguidilla de empresas del rubro que han tenido graves problemas de liquidez, lo que se ha atribuido, principalmente, a los efectos de la pandemia (por retrasos en los proyectos por las cuarentenas) y al alza de costos de los materiales de la construcción. Algunas empresas han decidido pedir su quiebra y otras intentan renegociar con sus acreedores, la mayoría bancos, para mantenerse a flote.
En este último grupo figura La Cruz Constructora, de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y Marcelo Garrido. Los pasivos son cercanos a los US$ 80 millones y los principales acreedores son los bancos Scotiabank, Consorcio y Santander. La negociación está siendo liderada por Capital Trust, vinculada a Rodrigo Muñoz Vivaldi, y por el estudio jurídico del abogado Luis Felipe Castañeda, ambos reconocidos por su extensa experiencia en resolver situaciones de crisis financieras en múltiples sectores económicos.
“Aunando voluntades”
El grupo Santafe es asesorado por el estudio jurídico Alvarado & Elgueta. La solicitud de reorganización incluye solo a la constructora, que se llama Constructora e Inmobiliaria Santafe. No obstante, la Inmobiliaria Santafe no es parte de este proceso: tiene otro RUT y socios adicionales.
“Desde su creación, la sociedad logró un importante desarrollo de sus actividades, que sufrió una repentina y grave contracción a partir del denominado estallido social de octubre del año 2019. A partir de este punto, la empresa inició un proceso de declinación acelerado que se incrementó en forma dramática con los efectos de la pandemia”, detalló el abogado Gonzalo Alvarado en su solicitud de reorganización de la constructora, presentado a la justicia el miércoles.
Añadió que la crisis sanitaria implicó durante los últimos dos años la ralentización o, en muchos casos, la paralización temporal de obras durante largos períodos.
A todo lo anterior, el abogado dijo que la empresa ha debido lidiar con sustanciales aumentos de costos del orden del 50% en el valor de los insumos requeridos para la actividad, así como la escasez de la cadena de suministro de materiales.
“Por todo lo anteriormente descrito, se hace imposible a mi representada afrontar su situación financiera sin una colaboración sustantiva de nuestros acreedores y un ajuste en nuestra organización y contratos”, dijo el jurista.
“Es necesario iniciar un procedimiento de reorganización judicial, con el objeto de reestructurar sus pasivos, aunando las voluntades de sus acreedores para tal efecto, resolviendo estructuralmente su situación financiera, y así viabilizar el desarrollo de sus operaciones y sus planes de negocios a futuro”, añadió.
El grupo se fundó en el año 2005, de la mano de exejecutivos de otras empresas del sector inmobiliario y construcción. Se estima que su facturación ronda los US$ 100 millones al año.
En sus inicios, los socios se dedicaron a prestar servicios inmobiliarios y de ingeniería, pues no contaban con los recursos necesarios para levantar proyectos propios.
Pero, al poco tiempo, lograron elevar su volumen de negocios, lo que les permitió construir más de una treintena de edificios, tanto de viviendas como de oficinas.
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