Una mejora en sus estándares mostraron los 292 organismos que el Consejo Para La Transparencia (CPLT) fiscalizó este año y que en promedio obtuvieron un 84,91% de cumplimiento en las Solicitudes de Acceso a la Información (SAI) que el organismo realizó vía web.
Esto implica un avance del 0,89% respecto de 2016, cuando la media fue de 84,02%.
Año a año la institución que vela por el cumplimiento de la Ley 20.825 hace este monitoreo a partir de solicitudes de información que realiza tal como lo haría un individuo común. Y aunque a nivel general se ve un avance, a ocho años de la promulgación de la norma persisten temas pendientes.
Este año el análisis se centró en cinco ámbitos de consulta relacionados con temas de probidad, como el pago de horas extraordinarias, viáticos, multas por incumplimiento en obras, licitaciones sin adjudicar y la entrega de información sobre visas. Excepcionalmente, se eximió a las regiones de O’Higgins, El Maule y Biobío debido a los incendios del verano.
Así, 2017 arrojó que 30% de las instituciones controladas está bajo el promedio general, es decir 86 organismos no cumplieron con la calidad, oportunidad y formato para la entrega de información. En tanto, el deficiente desempeño del Sernac y de algunos hospitales regionales les valió no recibir puntaje.
Bajo el promedio se ubicaron Dipreca, Serviu Metropolitano, Agencia Nacional de Inteligencia, ISP, Subsecretaría de Hacienda, Ejército de Chile, Fonasa y el Sernageomin.
Las mayores faltas se relacionan con exigencias formales. El 18% entregó la información sin la firma de la autoridad, y 26% usó un formato distinto al solicitado, mientras que el 2% de las requeridas simplemente no respondió, entre ellas el Sernac y el Consejo Nacional de Televisión.
El 13% de los organismos utilizó en sus respuestas un lenguaje muy técnico, legal o financiero, incluyendo siglas que no se explican. El 5% empleó palabras rebuscadas y 12% proporcionó información innecesaria.
“Aún hay dificultades que muchos organismos públicos deben mejorar. Las principales falencias están relacionadas a los tiempos de respuesta. Aquí se deben reforzar los esfuerzos por mejorar el desempeño, integrando buenas prácticas y reforzando los sistemas de atención”, explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Los que se portaron bien
En la vereda opuesta está el 38% de las entidades que cumplió con el 100% de la información solicitada.
Se trata de 113 organismos entre los que destaca el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y Secretaría General de la Presidencia, así como la Presidencia de la República y la Subsecretaría del Interior.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones y La Junta Aeronáutica Civil (JAC) fueron más allá de la ley y cumplieron además con un 100% de buenas prácticas. “Esto nos ayuda a indagar en elementos clave para el cumplimiento de esta norma, como los tiempos de respuesta, la información entregada y las buenas prácticas, todo desde un punto de vista ciudadano, que nos permita identificar las barreras de acceso que persisten”, comentó Santa María.
MINREL pasa prueba en consulta de horas extras
La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI), la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) y el Instituto Antártico Chileno (Inach) fueron los cinco organismos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) seleccionados para resolver las consultas sobre el pago de horas extras a sus funcionarios.
El análisis arrojó que el total de las entidades consultadas respondió dentro del plazo legal y conforme a lo solicitado por el Consejo para la Transparencia. Entre los datos requeridos se pidió la nómina de los funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas y festivas en un periodo determinado.
Examen de viáticos para las "super"
Las consultas sobre la nómina de funcionarios que realizaron comisiones de servicio al extranjero fue el requerimiento que el CPLT hizo a las once superintendencias. En la solicitud se debía precisar el destino del viaje, la razón del traslado, el viático otorgado y fechas de permanencia en el extranjero.
En este caso todos los consultados respondieron, aunque con distintos niveles de cumplimiento. Mientras nueve superintendencias superaron la prueba, ya que ocho respondieron dentro de plazo y usaron el formato solicitado, una de ellas refirió que los datos estaban disponibles en la Plataforma del Lobby. La Superintendencia de Seguridad Social respondió diez días fuera del plazo y la SEC pidió prórroga.
Serviu: Foco en multas de obras
Un total de doce fueron los servicios de vivienda y urbanismo consultados en temas relacionados con las multas aplicadas ante el incumplimiento en la ejecución de contratos de obra. El requerimiento pedía precisar la empresa o la persona multada, el motivo de la penalización, el monto y el tipo de documento que acredita el pago de la multa.
Respondieron todos los consultados, sin embargo sólo las oficinas del Serviu de Los Ríos y de Valparaíso tuvieron un 100% de cumplimiento. En tanto, el servicio en Arica respondió fuera del plazo legal, con dos días de desfase.
El Serviu de Magallanes denegó la información solicitada por oposición de terceros a la entrega de la información.
Licitaciones a prueba en hospitales
33 de un total de 44 hospitales autogestionados que fueron consultados en esta oportunidad respondieron dentro del plazo a las consultas efectuadas por el Consejo para la Transparencia.
El foco fueron las licitaciones públicas que no habían sido adjudicadas.
El organismo solicitó a los recintos de salud responder sobre sus grandes compras que no fueron resueltas y la razón por la que éstas no fueron asignadas, indicando la fecha, cierre del proceso y el tramo según el monto de la adquisición del servicio. Además, se pidió indicar los motivos por los que se encontraba sin resolver. Tres de las entidades consultadas no respondieron y dos de ellas pidieron prórroga para proporcionar los datos, mientras que ocho respondieron, pero fuera de plazo.
Gobernaciones provinciales al debe
El listado de rechazo de solicitudes de visa de residencia definitiva de las distintas gobernaciones provinciales, fue la prueba del CPLT que estas instituciones no superaron.
Así a 44 organismos se les requirió indicar los motivos del rechazo, estipulando las fechas de presentación de la solicitud y de rechazo de la misma y la nacionalidad de la persona que la solicitó. Aunque son estos los organismos obligados a entregar esta información, el estudio arrojó que sólo 14 respondieron, en tanto que 15 derivaron las solicitudes al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y nueve informaron que la petición debía cursarse a la Subsecretaría de Interior. En tanto, dos gobernaciones no entregaron la información e igual número la denegó sin fundamento.
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