El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló hoy parte de la estrategia del gobierno de cara al trámite en el Senado que enfrentaría el proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos en las cuentas individuales de las AFP, bajo la condición de un estado de catástrofe.
El proyecto fue aprobado en general el miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados con votos del oficialismo, lo que desencadenó una profunda crisis entre la coalición y el gobierno, que llevó inclusive a suspender el tradicional Comité Político ampliado de los lunes.
En entrevista con radio Pauta, el titular de las finanzas públicas señaló que no habrá una negociación en la Cámara Alta en torno a apoyar o no el proyecto, sino que más bien el Ejecutivo insistirá con su nuevo plan de clase media, anunciado el domingo pero modificado este miércoles.
"Acá la cuestión es clara, aquí uno tiene que actuar por convicción, hay temas donde uno actúa por convicción y este es uno de ellos. Por lo tanto, acá no es una negociación de si un poquito más por acá o un poquito más por allá", afirmó en relación a la posibilidad de fijar límites al retiro de fondos, por ejemplo, solo para quienes hoy se encuentran desempleados.
"Hemos planteado con mucha claridad y con mucha fuerza que esta es una mala idea. No lo hemos dicho solo nosotros ni tampoco solo los economistas ligados a nuestro sector. Destacadísimos economistas exministros asociados a la oposición, estoy pensando en Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, y también otros como Carlos Ominami, han dicho exactamente lo mismo respecto a que el retiro del 10% es una mala idea", aseguró la autoridad.
De esta manera, Briones anticipó que en los próximos días ingresará al Congreso los proyectos de ley que dan forma al plan de apoyo a la clase media.
"Nosotros tenemos que persuadir, estamos en una discusión democrática, nos parece a nosotros una mala idea y lo hemos dicho hasta la saciedad, y al mismo tiempo hemos dicho que tenemos una propuesta que nos parece una mucho mejor idea. De lo que se trata aquí es de persuadir y agotar todas las instancias para que finalmente esta iniciativa no avance en los términos que ha sido señalado. Vamos a ingresar los proyectos de ley y creemos que una vez que se vayan conociendo será cada vez más evidente que son superiores a lo que plantea el 10%", manifestó.
La autoridad también arremetió contra parte de la oposición que promovió la iniciativa parlamentaria.
"Acá el punto de fondo es que se estamos comprometiendo pensiones futuras, es lo que dice la OCDE, y lo están haciendo por gobernar en base a aquello que es popular, por gobernar en base al Twitter, por gobernar en base a las redes sociales. Por lo tanto, ahí el asunto es de convicciones. Hay una serie de decisiones donde hay que poner el interés del país, lo que creemos que es bueno y responsable y lo hemos dicho como gobierno: para nosotros lo más simple sería subirnos al carro popular y dejar la cuenta a quienes vengan después. Eso sería extremadamente irresponsable. Nosotros no vamos a estar gobernando mañana, van a estar otros, ¿pero por qué le vamos a dejar este problema, esta cuenta a otros por el actuar irresponsable de hoy?", cerró.
Las iniciativas para la clase media
El miércoles, en medio de la negociación con Chile Vamos para contener el apoyo oficialista al proyecto de retiro de fondos, el gobierno accedióa modificar los pilares del plan de clase media dado a conocer el domingo.
Por una parte, puso sobre la mesa modificar el préstamo estatal "blando" anunciado el domingo pasado. En principio, el esquema contemplaba cuatro aportes mensuales por hasta $ 650 mil, los cuales serían devueltos al Estado con una gradualidad de hasta cuatro años y contingente al ingreso. El Ejecutivo se abrió a modificar dicha estructura, proponiendo que un 25% del monto solicitado sea un subsidio estatal y que el restante 75% mantendrá el esquema de reintegro en cuatro años.
Una familia que accede al préstamo por el monto máximo de $ 650 mil mensuales por cuatro meses, (un total de $ 2,6 millones en cuatro meses), quedará comprometida a enterar, contingente a su ingreso futuro, $ 1,9 millones. De esta forma queda liberado del pago de $ 650 mil. O sea, una de las cuatro mensualidades recibidas.
Según el gobierno, para el 80% de los afiliados que no cotizan regularmente (5,2 millones de personas o 52% del total de afiliados), esta cifra es mayor que la que obtendrían con el retiro del 10% de sus saldos en sus cuentas individuales. "Para trabajadores suspendidos o desempleados y que son beneficiarios de Fondo de Seguro de Cesantía, esta transferencia es mayor que el retiro del 10% en más de la mitad de los casos".
También, el gobierno puso sobre la mesa reducir los requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bautizando al nuevo beneficio como "IFE Plus".
Así, se establece que el único requisito para acceder al beneficio será estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, "de forma tal de facilitar el ingreso a familias de clase media que hoy quedan fuera", señala el texto del acuerdo.
Así, se elimina, a la hora de postular al beneficio, dos de los parámetros que contempla hoy el beneficio: el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE) y el requisito de vulnerabilidad del RSH.
"A su vez, el gobierno se compromete a facilitar la inscripción de grupos de beneficiarios que puedan ser reunidos o juntados por los gobiernos locales u otras autoridades con despliegue en terreno", asegura el documento.
Cabe señalar que el acuerdo del 14 de junio modificó el IFE original, aumentando el aporte desde $ 65 mil a $ 100 mil por integrante del grupo familiar. También, se hizo compatible con otros subsidios y se amplió a hogares con ingresos formales. Pero a su vez pasó de ser un subsidio a un complemento de los ingresos domésticos.
Por último, las propuestas incluyen modificaciones a las medidas de alivio para la clase media en el sector vivienda, que fueron un eje clave del anuncio presidencial del domingo.
Por un lado, se agregaron 50 mil subsidios de arriendo a los 50 mil anunciados el 5 de julio, creando un nuevo tramo de hasta $ 250 mil para arriendos de hasta $ 600 mil. La duración será por un período de tres meses, con un gasto fiscal por US$ 50 millones.
Por otra parte, también se modificaron las condiciones para acceder al programa para postergar las cuotas de los dividendos hipotecarios con la banca por seis meses. Uno de los requisitos era encontrarse en mora por hasta 29 días en el pago de una cuota de crédito hipotecario, lo que levantó críticas incluso de parlamentarios oficialistas.
Por lo mismo, el gobierno accedió a aumentar el plazo de mororidad a 89 días. En este caso, el plazo de postergación del dividendo será el plazo residual entre el período de mora y los seis meses planteados.
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