Registro censal y lista pública de quienes no cumplan: ejes de la reforma a la Ley de Pago a 30 días

Una agenda de 46 medidas para que la productividad vuelva a crecer al 1,5% anual presentó el viernes el Gobierno. El trabajo liderado por los ministerios de Economía y Hacienda considera proyectos de ley, indicaciones y medidas administrativas (ver relacionada), y el primer cambio legislativo se presentará este martes al Congreso: la esperada reforma a la Ley de Pago Oportuno, o Pago a 30 días.

El titular de Economía, Nicolás Grau, se reunió este lunes durante casi dos horas con los gremios que integran el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño -que sesiona al alero de la cartera- para conversar el diseño final de los cambios. Tras la cita, la autoridad recordó a DF que el problema de la ley actual es que “no cumple su propósito”: que a las empresas se les pague en 30 días.

El nuevo proyecto de ley se empezará a discutir en marzo, en la comisión de Economía del Senado. El secretario de Estado destaca que la principal modificación de la reforma es, a su juicio, “un cambio de paradigma”. “Se hace cargo realmente de las asimetrías que existen entre las empresas de menor tamaño y las de mayor tamaño”, celebra.

Así, se generará un registro censal de todos los plazos en los que se paga cada una de las facturas, lo que va a estar alojado en el Servicio de Impuestos Internos (SII). La empresa pagadora deberá informar al SII cuándo se efectuó el pago, y una vez que eso ocurra, la firma vendedora tendrá un plazo de dos días para confirmar si se le pagó en la fecha señalada.

En este nuevo esquema, la información del vendedor -generalmente PYME- se va a considerar como lo oficial, describe el ministro. Y agrega que, con este modelo, no será necesario realizar denuncias, como se pide actualmente, lo que suele ser una carga extra para las firmas de menor tamaño, que por diversos motivos no realizan reclamaciones judiciales.

Las consecuencias

El nuevo registro implicará que las consecuencias de no pagar en 30 días se apliquen automáticamente. El primer efecto será “un tema reputacional”, dice la autoridad, que adelanta que existirá un registro público de “malos pagadores”, alojado en Economía.

Además, el SII hará una revisión anual, y si en el período que está analizando una firma tuvo “incumplimientos importantes” -concepto definido en la ley- en el pago en 30 días, por tres meses o más, continua o discontinuamente, se le cambiará el sujeto tributario para el año siguiente. En ese período, la empresa compradora -y “mala pagadora”-, tendrá que pagar el IVA, a diferencia de lo actual, donde el vendedor paga el impuesto.

Y si durante el año de sanción la empresa sigue incumpliendo los plazos, en los seis meses siguientes no podrá utilizar el crédito IVA, a menos que pague la factura.

Además, se eliminará la posibilidad de pactar plazos de pago excepcionales entre vendedores y compradores, entre otros cambios.

“Es una reforma relativamente extensa”, dice Grau, que resume que en ella se definen “un conjunto de consecuencias que se ejercen de forma automática”, pero que se gatillan tras “un incumplimiento más recurrente”.

El camino recorrido

Desde que llegó al Gobierno, el ministro ha señalado que modificar esta ley es una prioridad. Una inquietud que comparten las PYME, que desde abril han pedido apurar los cambios.

Grau y la subsecretaria Javiera Petersen habían comprometido varias fechas para presentar los cambios: primero junio, después julio. Luego, en octubre, el secretario de Estado hizo un mea culpa por la demora. “Nos hemos dado cuenta de que este es un proyecto mucho más difícil de lo que pensábamos”, indicó.

A inicios de este mes, dijo que a fines de enero ingresarían los cambios, y así se concretaría hoy.

“Estamos conscientes que nos hemos demorado un tiempo en presentar esta ley, pero justamente nos estábamos demorando porque queríamos hacer algo bien hecho”, reconoce la autoridad.

La ruta en el Congreso de las propuestas

El plan dado a conocer el viernes considera siete nuevos proyectos de ley y ocho paquetes de indicaciones, además de medidas administrativas.

Un total de 46 medidas contempla la Agenda de Productividad que presentó el Gobierno el viernes. De ellas, siete son nuevos proyectos de ley y ocho son cambios a iniciativas en tramitación en el Congreso, y otras implican reformas reglamentarias y de gestión. Ese día, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que se espera que todas las iniciativas de la agenda estén “caminando en el transcurso de este año”, y acotó que en materia legislativa hay “desafíos importantes”.
Los nuevos proyectos de ley de la agenda, además de los cambios a Pago a 30 días, son la reforma del sistema de permisos para inversiones -que se presentaría el segundo semestre-; la creación de un Fondo de Capital de Riesgo para financiar empresas innovadoras; el rediseño de subsidios de empleo con foco en mujeres y jóvenes; la modernización de ChileValora; la armonización regulatoria de rentas municipales; y la disminución de los plazos de tramitación de los procedimientos contenciosos y no contenciosos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
A esto se sumarán ocho medidas relacionadas a proyectos de ley en tramitación. Estas son las indicaciones para lograr mayor competencia en el cabotaje marítimo; compras públicas innovadoras; incentivos a la innovación e investigación y desarrollo (I+D); fomento de las MiPyme y cooperativas dentro de las compras públicas; desnotarización vía legal; firma electrónica avanzada; reforma al sistema registral y notarial; y la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.