Camila Vallejo: “La asociación (Codelco-SQM) nos permitirá sentar las bases de lo que sería una empresa nacional del litio”
La secretaria de Estado hace un balance de los casi dos años de la actual administración y traza las tareas para 2024. Y, en este marco, refuerza que el acuerdo en pensiones y pacto fiscal no pueden seguir esperando.
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A 21 meses de haberse iniciado la administración del Presidente Gabriel Boric, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, hace un balance de los logros y desafíos pendientes de la actual administración. En el plano personal, sostiene que “no es una Camila muy distinta” a la que asumió en marzo de 2022, pero que su experiencia en el sector público le ha ratificado la importancia de “empujar transformaciones desde el Estado, superando una burocracia” que asegura es difícil de administrar.
Es el último jueves del año y en su oficina se alista a detallar los desafíos para los próximos meses cuando los compases de la banda militar, que rendirá honores a nuevos embajadores que presentan cartas credenciales en La Moneda, obligan a un inesperado cambio de sala. Lo que no cambia es el mensaje: la necesidad de avanzar en las reformas estructurales y la de lograr acuerdo con la oposición.La asociación Codelco-SQM para explotar el litio es el otro gran tema.
“Como Gobierno salimos de nuestra posición original, cedimos en la distribución del 6%, pero algo de ese 6% tiene que ir a seguridad social”.
“Hoy lo que espera la ciudadanía es que el alza de los impuestos sea a las personas que tienen más altos ingresos, no a la clase media hacia abajo”.
“Si seguimos en esta pelea, esta disputa, solo vamos a alimentar con justa razón un descontento social”.
- ¿A casi dos años de Gobierno hay algo que la tenga frustrada?
- Cosas que me frustran es no haber alcanzado todavía un acuerdo en materia de pensiones. Y frustra no porque sea un tema personal, sino porque todavía vemos gente que no llega a fin de mes con la pensión que tiene y es sumamente -no sé si es desesperante la palabra- complejo que por diferencias políticas o por procesos electorales o por la lógica del atrincheramiento, no hayamos logrado en esta tercera oportunidad -2023- un acuerdo para aumentar las pensiones.
- Pero ha habido una apertura en los últimos días de parte de la oposición.
- Hay que pasar de las palabras a los hechos, pero valoramos que hay apertura, porque cada día tiene su afán. Hoy vemos, a diferencia de hace dos o tres días, una disposición distinta de algunos sectores y algunos liderazgos en la oposición. Hay que comprender primero que como Gobierno salimos de nuestra posición original, dimos un paso hacia adelante, cedimos en la distribución del 6%, pero algo de ese 6% tiene que ir a seguridad social, porque un sistema de pensiones significa hoy por ti, mañana por mí.
Pero no es sostenible un acuerdo si es que se le pide al Gobierno lo imposible, que es hacer que el 6% del aporte de los empleadores vaya todo a una lógica que ha sido fracasada para sostener buenas pensiones, que es la de la capitalización individual, que es el modelo de la AFP, que no da como fórmula para aumentar las pensiones.
- Desde la UDI señalan que ellos no están disponibles para que vayan nuevos recursos a este fondo solidario.
- Necesitamos votos de oposición y esperamos tener cada vez más señales de diálogo, que haya un decantamiento de la negativa y que eso se transforme en una apertura el día de mañana, sobre todo en enero, que esperamos empezar a resolver.
Y lo digo sobre todo porque la experiencia -incluso de la oposición, cuando fueron Gobierno-, era plantear que un 3% fuera a un pilar solidario. Entonces, hay que lograr desprendernos de los fantasmas que se han construido con el concepto solidaridad.
- Para el pacto fiscal tampoco están los votos. ¿Cómo esperan lograr el apoyo necesario para más gasto social cuando la misma oposición señala que el eje debe ser el crecimiento y no seguir subiendo impuestos?
- En un momento la oposición sostuvo eso y, por lo mismo, se creó un comité para evaluar las medidas económicas que se requieren. El informe del Comité Experto da cuenta de que no es suficiente la recaudación por concepto de crecimiento económico en el corto plazo o mediano.
Entonces, hay que incorporar elementos adicionales. Nosotros estamos de acuerdo con el crecimiento económico. Pero junto con la recaudación por concepto de crecimiento económico, hay que incorporar otras medidas.
Hoy algún sector de la oposición dice bueno, pero si subimos impuestos, ampliemos la base imponible. ¿Y eso qué significa? Subir impuestos, pero metiendo a la clase media en esa ecuación. Y eso es complejo, porque hoy lo que espera la ciudadanía es que el alza de los impuestos sea a las personas que tienen más altos ingresos, no a la clase media hacia abajo.
Nosotros estamos disponibles a avanzar y llegar a acuerdo en esto, porque necesitamos un pacto fiscal, pero creemos también que es importante sostener un sistema progresivo, un sistema por lo tanto justo y que permita la recaudación suficiente para cumplir con las expectativas ciudadanas que todos además defienden, porque todos están diciendo queremos más seguridad, mejor salud, mejor educación. Y eso implica recursos que actualmente el Estado no tiene.
- ¿Se ha puesto en el escenario de que no avance tanto la reforma de pensiones en los términos que quiere el Gobierno, como tampoco el pacto fiscal?
- No queremos ponernos escenarios, queremos insistir en que nuestro sistema político es capaz de responder a las urgencias ciudadanas. Yo lo he dicho en otras oportunidades, Chile todavía tiene deudas muy grandes que pagar y si no somos capaces de pagarlas, por ejemplo, para con los pensionados, vamos a terminar embargando nuestra democracia. Estamos en una situación crítica de desconfianza de la institucionalidad, desconfianza en el sistema político, no porque la gente no esté de acuerdo con la democracia, sino por esa incapacidad de la democracia y del sistema político para responder a necesidades que son concretas y materiales del día a día.
Si seguimos en esta pelea, esta disputa, no vamos a avanzar, no vamos a ser capaces de responder a esa urgencia y, por lo tanto, solo vamos a alimentar con justa razón un descontento social que va a profundizar el descrédito de nuestro sistema político. Y eso es caldo de cultivo para el populismo autoritario.
“Mantenemos nuestros compromisos”
- ¿Cuál es la hoja de ruta para 2024?
- Nosotros mantenemos los compromisos sustantivos con la gente, porque en cada semana que pasa se reafirma el tema de pensiones, de aumentarlas, de tener una reforma que dé certezas al país.
En materia económica estamos avanzando en nuestros compromisos. Pasar de tener una economía estancada hace más de 10 años en su capacidad productiva a tener una nueva estrategia de desarrollo económico, y eso lo estamos empujando con hidrógeno verde, a través de una política más de conectividad, transporte público y de electromovilidad. Además, ahora con la estrategia nacional del litio y con todos los acuerdos que hemos ido suscribiendo con otros países, tanto con China, Estados Unidos, con la Unión Europea.
Pero claro, para 2024 las prioridades están muy centradas en fortalecer en cuanto a gestión, la agenda de seguridad, fortalecer la agenda económica y de empleo, porque es un año de reactivación económica, pero va a requerir igual que el Gobierno apuntale esa reactivación, o sea, que le dé un empujón adicional y eso implica harta gestión, harta coordinación, harto trabajo a nivel nacional, pero también a nivel regional.
- ¿El acuerdo para explotar litio en el Salar de Atacama entre SQM y Codelco es una señal de confianza en el sector privado para posibles nuevas alianzas?
- No se trata de confianza, sino que del cumplimiento de acuerdos y contratos que nosotros primero como representantes del Poder Ejecutivo, respetamos.
Nosotros tenemos, además, junto con eso, la convicción de que esos acuerdos tienen que darse con el objetivo de las ganancias compartidas.
Si estamos abriendo la posibilidad de mantener la explotación del litio o a explotar otros salares de litio, eso tiene que ir de la mano con no solo generar pago de impuestos para que el Estado tenga recursos para financiar políticas públicas, sino que también para asegurarle a Chile tener una industria de alto nivel en materia de litio con valor agregado, que genere encadenamientos productivos, transferencia tecnológica, que nos permita dar el salto al tan esperado desarrollo al cual todavía no llegamos, a pesar de estar en la OCDE, y que la y los chilenos se sientan y sean partícipes de ese proceso a través de sus empresas públicas.
Estas asociaciones público privadas donde el Estado tiene una participación mayoritaria, como se logró acordar con Codelco-SQM, nos permite justamente ir avanzando en esa dirección con el privado, pero donde el Estado juega un rol estratégico y no queda excluido del proceso de ganancia y de desarrollo que se da con los recursos naturales.
- ¿Se da la paradoja de que la oposición valora el acuerdo, pero hay voces en el oficialismo que critican que se esté llegando a acuerdos con una empresa en la que está el yerno de Pinochet?
- El mandato que hizo el Presidente en abril fue que a través que Corfo le diera la facultad a Codelco a negociar con las empresas que están operando en el Salar de Atacama para justamente lograr la incorporación del Estado. Y una de esas empresas era SQM, que además tiene varios accionistas, tiene accionistas chinos, y esa asociación nos permitirá sentar las bases de lo que sería una empresa nacional del litio, que luego tendrá que ratificarse a través de un proyecto de ley, pero que puede empezar a operar y avanzar desde ahora.
Porque tenemos por un lado Codelco y, por otro lado Enami, que son empresas públicas, y Codelco ingresa con esta asociación público privada y con control mayoritario al Salar de Atacama va a desarrollar las capacidades justamente para sentar las bases de una empresa nacional del litio.
- ¿No incomoda hacer negocios con una empresa como SQM, que estuvo ligada al financiamiento irregular de la política y que ustedes en su momento criticaron?
- Es una forma de reparar también lo que sucedió. Una empresa que ha tenido obviamente un desarrollo a nivel mundial importante, pero donde se está generando una explotación, un salar estratégico, un salar que es muy raro encontrar en otro lugar del mundo.
La gran pregunta es ¿Chile esperaba hasta 2030 para entrar al Salar de Atacama o negociaba con SQM para ingresar en 2025? Y estamos con este acuerdo, logrando como país, como Estado, ingresar a un salar de relevancia mundial mucho antes de lo esperado para que nuestra economía, nuestra gente, las familias de nuestro país, vean los beneficios de lo que es tener ese salar en nuestro territorio y no solamente una empresa privada.
Creemos que es una alianza estratégica y que, además, va a permitir un gran aprendizaje para la gran minería estatal.
Caso convenios:
“Fue un golpe muy duro al Gobierno”
Lo bueno, destaca, es que se actuó con rapidez y fue una oportunidad para avanzar en una mejor legislación.
- ¿El caso convenios fue lo que más complicó al Gobierno?
- Obviamente, fue uno de los temas más complejos del año, es evidente. Fue un golpe muy duro al Gobierno. Lo bueno es que pudimos actuar rápidamente y tomar ese caso difícil también como una oportunidad para avanzar en una mejor legislación en materia de control del uso de los recursos públicos en materia de probidad. Hoy, además, la Justicia está avanzando rápidamente en varios casos asociados a corrupción. Tenemos cierto grado de esperanza en que la justicia va a poder entregar resultados que zanjen responsabilidades penales o no, en todos los casos.
- ¿La situación del ministro Carlos Montes, que constantemente se está pidiendo su salida, dificulta la relación con la oposición?
- La gente no espera que la política se dedique solo a pelear sin resultados. Espera que en la política se discuta para resolver dramas y dilemas de las personas y en eso ha estado el Ministerio de Vivienda. No solo responder ante los requerimientos de la justicia proactivamente, sino que además en seguir adelante con el plan de emergencia habitacional. Ahí hay un despliegue importante que no se frena ni se va a frenar por una interpelación de la oposición o por esta acusación constitucional que se ha ingresado, de la cual, insistimos, no hay argumento jurídico ni político para sostenerla.
Siempre puede haber excusas para no conversar y no sentarse a la mesa a resolver. Puede ser hoy Carlos Montes, el ministro de Vivienda, mañana un asesor del segundo piso u otro asesor o asesora, pasado mañana otro ministro ministra; y así puede ser eterno.
Reporte de la comisión contra la desinformación: “Van a venir proyectos de ley”
Uno de los frentes, polémicas incluidas, de la ministra Vallejo ha sido la comisión contra la desinformación, creada por el Gobierno. “Probablemente, tengan que materializarse algunas recomendaciones en proyectos de ley”, explica a la luz del reporte que ya formuló la instancia con recomendaciones.
Destaca que es “un muy buen informe” de expertos que “sin remuneración alguna, lograron por consenso no solo armar un diagnóstico, sino que sugerencias y orientaciones para elaborar política pública contra los procesos de desinformación”.
A juicio de la ministra, “es un tremendo insumo para el debate legislativo, atendiendo que además haya varios proyectos de ley presentados en el Congreso por parte de parlamentarios para enfrentar la desinformación”.
- ¿Qué debiera priorizarse de ese informe?
- Eso veremos. Nosotros hemos puesto harta atención a los requerimientos, por ejemplo, que ha hecho el Servel para enfrentar la desinformación en contextos electorales, pero eso es algo que estamos todavía analizando, de seguro van a venir proyectos de ley y el evento del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) es un tremendo momento para discutir de esto y otros temas. El eje central planteado por la Unesco tiene que ver con la libertad de expresión, de prensa e información.