El documento “Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución”, dado a conocer ayer por el oficialismo, deja varios elementos sobre la mesa.
Primero, que existe un reconocimiento de que el texto que entregó la Convención el 4 de julio tiene difíciles opciones de aprobarse en el plebiscito. Lo han mostrado las encuestas conocidas –la última Cadem habla de una diferencia de 10 puntos, 37% para el Apruebo y 47% para el Rechazo–, pero también los sondeos internos de La Moneda… y desde hace semanas. En el oficialismo se habla de encuestas con diferencias entre ocho y 12 puntos.
No existe claridad sobre los efectos que la declaración de este jueves tendrá en el electorado. Probablemente, muy poca.
Si no se creyera que la aprobación está cuesta arriba, ¿los sectores más duros del oficialismo, como el mismo PC, se habrían abierto al compromiso de cambios?
Segundo, que los esfuerzos por empujar el Apruebo –el papel que está cumpliendo el Gobierno, la firma de ejemplares, las declaraciones del Presidente, los bonos, la reunión de Boric con Michelle Bachelet– ya han hecho lo suyo y que… se sigue cuesta arriba.
Pero al margen de los números y los cálculos políticos –el Apruebo quiere ganar, cómo no–, la propuesta de ayer deja en evidencia un diagnóstico al que se llega a la fuerza (¿convencimiento o pura calculadora?) y luego de mucha agua bajo el puente: la ciudadanía busca moderación, como lo han mostrado consistentemente las encuestas a través de todo el proceso constituyente y algunos connotados observadores sociales.
Nuevamente: si no se creyera que la propuesta de la Convención tiene varios puntos fundamentales que inquietan a la ciudadanía, sobre todo lo relativo a las libertades, a los cambios moderados y a la participación de los privados en salud, educación o pensiones, ¿los sectores más duros del oficialismo se habrían abierto al compromiso de cambios posteriores al plebiscito?
Lo que conocimos ayer fue el resultado del camino que emprendió la izquierda luego de las definiciones del expresidente Ricardo Lagos del pasado 5 de julio, cuando señaló que ni la propuesta ni la actual Constitución generan consenso, por lo que el proceso constituyente debía continuar luego del referéndum.
Pero el propio presidente no estaba convencido.
El 15 de julio, Boric se lanzó en esta ¿estrategia? de anunciar que, en caso de ganar el Rechazo, habría un nuevo proceso constituyente, sin decir nada similar respecto del caso de ganar el Apruebo. Fue una señal confusa –hubo tantas interpretaciones como analistas hay en la plaza– que apostaba al factor cansancio para incentivar el apoyo al texto de la convención.
El 25 de julio, 20 días luego de la carta de Lagos donde propuso reformas en el caso de que gane cualquiera de las opciones, Boric señaló que “todo es perfectible y vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito”. Es decir, estaba convencido de que… todo era posible, pero después. Una semana más tarde, sin embargo, cambió de opinión y comenzó a empujar la batería de compromisos constitucionales, como el Socialismo Democrático venía pidiendo.
¿Cuáles habrán sido las razones profundas del mandatario para restarse de hacer política cuando la convención todavía estaba funcionando y era posible reformar la propuesta? ¿Por qué solo se abrió a una negociación a un mes del referéndum, cuando las encuestas mostraban que el Apruebo estaba muy por debajo? ¿Fue acaso un convencimiento de que la sociedad camina de acuerdo al diagnóstico trazado por ellos, sin posibilidades de equivocarse?
No existe claridad sobre los efectos que la declaración de este jueves tendrá en el electorado. Probablemente, muy poca, dado que –como dice la investigadora social Kathya Araujo–, la ciudadanía ha estado muy alejada del proceso, ha habido una promesa no cumplida de diálogo social y resulta imposible no perderse en un debate cansador y enredado. Tampoco ayudarán a robustecer el Apruebo las palabras del presidente del PC, Guillermo Teillier, que tras firmar el texto aseguró: “No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque tendrá que haber debate popular”. Su estrategia es evidente: aminorar los costos de la derrota.
Pero lo importante está en otra parte. Aunque probablemente este diagnóstico se esfume con el tiempo, como las definiciones políticas de hoy por hoy –nada queda escrito sobre piedra, todo se evapora–, en lo de ayer hay un reconocimiento claro de lo que teme la sociedad. Basta mirar el documento para entender que, a juicio del oficialismo –ya sea por cálculo, convicción o ambas–, la Convención Constituyente perdió una oportunidad y dejó a buena parte de la ciudadanía con temores respecto a asuntos tan cruciales como la plurinacionalidad, los derechos sociales –reafirma la necesidad de modelos mixtos y respeto a la propiedad privada, algo que ha despertado incertidumbre en la gente–, seguridad, sistema político y el Poder Judicial.
La izquierda doctrinaria está enojada, probablemente con justa razón. ¿No se defendía hasta hace poco que se trataba de la propuesta redactada por el órgano con mayores niveles de democracia y de inclusión de la historia chilena? ¿Es que acaso la política tiene que operar incluso para guiar a una convención de estas características? Parece evidente la respuesta: sí.
Lo de ayer fue la última bala de plata. En el oficialismo –en los partidos y en el Gobierno– los ánimos están por el suelo. La apuesta parece ser ya no intentar ganar, sino estrechar la distancia. El día después...
Compromisos sobre pensiones, salud,
gasto fiscal y propiedad de viviendas
Lo convenido por el oficialismo apunta a delimitar la justicia indígena y se sugiere volver al nombre de Poder Judicial.
Por Claudia Rivas A.
- En compromisos sobre cinco dimensiones se tradujeron las frenéticas conversaciones que se desarrollaron entre los representantes de los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para llegar a un acuerdo en torno a las modificaciones que deberán hacerse a la nueva Carta Magna, en el caso de que el Apruebo se imponga en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
El texto de cuatro carillas advierte de antemano que las materias abordadas “son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional” y acto seguido se hace una prevención -nada menor- para el futuro de estas proposiciones y es que “conforme a la nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana”.
Derechos Sociales
- Pensiones: la implementación del derecho a una pensión digna se basará en un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad.
- Propiedad de viviendas, derecho a la vivienda y derecho a la propiedad: se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.
- Sistema Nacional de Salud: la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud.
- Educación: se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación.
Plurinacionalidad
- Se identificaron temas que se buscarán aclarar, respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile, desde que fuera ratificado el año 2008.
- Consulta indígena: se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.
- Consentimiento previo: se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el Convenio 169.
- Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas.
- Sistemas de justicia indígena: no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial.
- La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema.
Sistema político y gasto fiscal
- Iniciativas de gasto fiscal: se elimina la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado.
- La capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal.
La reelección presidencial no procederá consecutivamente.
Seguridad
- Estados de Excepción: se propone su establecimiento.
Poder judicial
- Poder judicial: se propone reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”.
- Consejo de justicia: se propone revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, se estima convienente hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos.
- Recurso de tutela: considerando la importancia de los Derechos Fundamentales, hay un compromiso a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna.
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