A buen puerto llegaron las frenéticas conversaciones que se desarrollaron este miércoles entre los representantes de los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para llegar a un acuerdo en torno a las modificaciones que deberán hacerse a la nueva Carta Magna, en el caso de que el Apruebo se imponga en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, mismo que se suscribió esta jornada de jueves.
El texto de cuatro carillas advierte de antemano que las materias abordadas en el documento “son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional” y acto seguido se hace una prevención -nada menor- para el futuro de estas proposiciones y es que “conforme a la nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana”.
Uno de los logros del Socialismo Democrático en el acuerdo fue el de reponer en la propuesta el estado de excepción, por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar.
En materia de derechos sociales y más concretamente en materia de pensiones, los firmantes se comprometen a trabajar por un “modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual”; se asegurará el derecho a la vivienda y su propiedad; en materia de salud la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada; y, en materia de educación se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada.
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En cuanto a lo que se refiere materias de justicia, el texto propone cambiar el térmico de “Sistema de Justicia” por el de “Poder Judicial” y, adicionalmente, plantea revisar la composición del Consejo de la Justicia, un órgano que ha generado gran preocupación y debate, no sólo dentro del Poder Judicial, sino también en el mundo político.
Lo anterior, al punto que en el acuerdo plantean que “creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese consejo no considerará el contenido de sus fallos”.
Y, adicionalmente, los firmantes se comprometen a “implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.
En lo que respecta al aspecto político, en el texto se asume el compromiso de “analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”, sin especificar cambios.
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No habrá mociones que irroguen gasto fiscal
Otro logro del Socialismo Democrático en este acuerdo fue que se eliminaría la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado y, además, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal. Y no habrá reelección presidencial consecutiva.
En cuanto a plurinacionalidad y pueblo indígenas se acordó que la consulta indígena se referirá a materias que sólo afecten directamente a estos pueblos y se establecerá de manera explícita que el “consentimiento previo” sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales
Por otro lado, se establece que las atribuciones de las “autonomías territoriales” deben ser coherentes con el carácter único e indivisible de Chile. Y proponen que se establezca expresamente en la ley que “en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
Respecto de los sistemas de justicia indígena, reafirman el principio de igualdad ante la ley, por lo que “no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial”; por lo tanto, la polémica justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales.
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Y en el documento se subraya que la justicia indígena “siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.
Sin embargo, tras la firma del acuerdo el timonel comunista, Guillermo Teillier, sembró la duda respecto de los efectos concretos que pueda tener el documento, advirtiendo que si bien se concretó al acuerdo para asegurar algunos temas, "ese es nuestro compromiso, pero no podemos garantizar que vamos a hace estas cosas".
Las negociaciones que llevaron al acuerdo
Ayer miércoles, los presidentes de partido eligieron la sede del Congreso en Valparaíso para terminar las negociaciones. Y se encerraron a redactar el documento en el cuarto piso del Senado, por donde pasaron senadores y dirigentes de partido como el timonel de RD, senador Juan Ignacio Latorre o el senador comunista Daniel Núñez, y los senadortes socialistas.
En ese comedor se acomodó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y hasta allí llegó también, alrededor de las 19:30 de la tarde el timonel del PC, Guillermo Teillier.
Durante la jornada, los rumores acerca de los avances y retrocesos del acuerdo eran atribuidos al PC, ya que algunos de sus compañeros de coalición del Socialismo Democrático acusaron públicamente a la tienda de Teillier de ser la responsable de que el texto no se hubiera suscrito antes, debido a que –según argumentaban en privado- no querían ceder en ningún punto de la negociación.
Uno de estos temas a los que el PC se negaba -comentan- era a reponer el estado de excepción, que era un punto importante para el Socialismo Democrático. Al que finalmente el PC cedió; sin embargo, sus socios habrían tenido que decer en materia de atribuciones de la Cámara de las Regiones.
Y, en ese contexto, algo a lo que la colectividad no quería renunciar era a eliminar de la nueva Constitución el estado de excepción constitucional, lo que resulta del todo incompresible para sus socios de coalición, considerando la situación que enfrenta el país en materia de seguridad.
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Superados los obstáculos, mientras los parlamentarios y la directiva del PPD cenaban con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo, sin perder el contacto con el resto de los negociadores, se selló un acuerdo que se dio a conocer esta mañana de jueves en la Biblioteca del Congreso, en la sede de Santiago.
Los firmantes de este acuerdo son Natalia Piergentili Domenech, Partido por la Democracia; Patricio Morales Fernández, Partido Liberal; Tomás Hirsch Goldschmidt, Acción Humanista; Lorena Fries Monleón, Movimiento Unir; Paulina Vodanovic Rojas, Partido Socialista de Chile; Leonardo Cubillos Ramírez, Partido Radical de Chile; Juan Ignacio Latorre Riveros, Revolución Democrática; Flavia Torrealba Diaz, Federación Regionalista Verde Social; Guillermo Teillier Del Valle, Partido Comunista de Chile; y Diego Ibáñez Cotroneo, Convergencia Social.
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