Siendo aún diputado promovió y empujó el proyecto de delitos económicos, logrando convencer a un grupo transversal de sus pares a que lo patrocinaran; y si bien entonces no logró generar el mismo entusiasmo en el Ejecutivo, el actual senador Matías Walker sí consiguió el apoyo del actual Gobierno en su empeño por hacerlo avanzar.
Y está satisfecho por el trabajo realizado, al punto que no tiene ninguna duda de que “de todos los proyectos que me ha tocado tramitar en el Congreso Nacional, en estos 13 años que llevo como parlamentario, este es por lejos el que ha tenido más rigurosidad técnica”, retruca a sus críticos.
De hecho, no ha escatimado en salir a defender la iniciativa -fue uno de los parlamentarios que impulsó el "Téngase Presente" en el Tribunal Constitucional para defender el texto- y asegura no comprender el revuelo que ha causado ni la molestia del empresariado.
En esta conversación con Diario Financiero responde a las críticas con nombre y apellido, perdiendo incluso algo de su carácter diplomático que lo caracteriza, al señalar por ejemplo que “la CPC y la Sofofa estuvieron muy mal asesoradas, tanto en sus acciones como en sus declaraciones”.
-¿Está tranquilo con el hecho de que el TC habría visado el proyecto de delitos económicos?
-Estamos muy tranquilos, no solamente por fallo del Tribunal Constitucional. Estamos muy tranquilos por la seriedad del proyecto en el que trabajamos por cinco años, en una larga etapa de diálogo prelegislativo, con los mejores profesores de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales; en que participaron todos los entes reguladores, en que fueron escuchadas todas las entidades que quisieron, como la Asociación de Bancos que concurrió representada por el destacado penalista Juan Ignacio Piña; la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos. Para un proyecto que me tocó encabezar, pero que es transversal.
-Pese a ello han surgido dudas en algunos sectores.
-Es un proyecto que se aprobó mediante un acuerdo en la Comisión de Constitución en que senadores como Rodrigo Galilea fueron muy celosos en la aprobación de las normas. Por ejemplo, en algo que ha dado mucho que hablar y que se ha tergiversado respecto al contenido, porque nos preocupamos especialmente con Rodrigo Galilea y con Luz Ebensperger de dejar claramente establecido que en el caso de la responsabilidad, como agravante de los directivos de una empresa, ello ocurre cuando participan activamente en la comisión del delito no por el sólo hecho de ser gerente o directivo de una empresa.
-Pero la CPC no está tranquila…
-Yo quedé realmente muy decepcionado y me llamó mucho la atención la presentación de la CPC, no podemos entender que hoy día Ricardo Mewes hable de que esperan que después haya una discusión técnica para las modificaciones. ¡Si esa discusión técnica ocurrió estos cinco años y al más alto a nivel! Respecto de un proyecto que tuvo decenas de sesiones en ambas cámaras. Realmente no puedo entender esta reacción tardía, de última hora, que afortunadamente no fue considerada por el Tribunal Constitucional.
-Usted mencionaba que en la discusión del proyecto participó Juan Ignacio Piña, pero él también manifestó algunos reparos a la iniciativa.
-Por supuesto, todos tienen derecho a manifestar sus preocupaciones, sus opiniones, pero finalmente lo que primó fue una decisión unánime, transversal, después de escuchar a todos los especialistas, de dar un salto a estándares exigentes que hoy día existen en el derecho anglosajón, en el derecho alemán, respecto de los delitos económicos, de “cuello blanco”, en que se atiende como agravante la magnitud del daño y el rol dentro de la empresa, de quienes cometen los delitos. Finalmente, estas discusiones se zanjan democráticamente.
-Con la votación en el Congreso.
-Ahora, acá ni siquiera hubo mayoría y minoría, este proyecto se aprobó prácticamente por unanimidad. Nosotros estamos muy orgullosos de la tramitación. O sea, perdón, cuando el abogado Zaliasnik decía que este proyecto tenía un sesgo ideológico, antiempresarial… ¿alguien podrá decirme a mí, que hace dos semanas le presentamos nuestra propuesta procrecimiento a la CPC y a la Sofofa, que tenemos un sesgo antiempresarial o ideológico? ¿Alguien puede decir que los profesores de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez tienen un sesgo ideológico contra el empresariado?
“Esto no hubiese ocurrido en una presidencia de Swett”
-¿Cómo se hace cargo, entonces, de las preocupaciones que han expresado la CPC, la Sofofa?
-A ver… primero, han sido muy tardías. Este es un proyecto que estuvo cinco años en discusión y, obviamente, en su momento escuchamos todos los puntos de vista, a los mejores académicos. El gobierno del presidente Piñera nunca quiso participar en la discusión. Nosotros invitábamos al ministro de Justicia Hernán Larraín y, si bien, en privado manifestaba de no tener mayores reparos frente al proyecto, el gobierno de Piñera nunca se hizo cargo de dar su opinión al respecto. Y cuando llega el actual gobierno, yo asumo la presidencia de la Comisión de Constitución y, obviamente, continuamos con su tramitación y tuvimos un apoyo muy importante del ministro Luis Cordero, a través de la suma urgencia. Yo me hago cargo de la seriedad con la que enfrentamos este proyecto desde el primer minuto, que además tiene su génesis en los anteproyectos de Código Penal del gobierno del presidente Piñera y del gobierno de la presidenta Bachelet. ¡Si esta es la reforma más importante en la historia del Código Penal! Este ni siquiera es un proyecto que parte con el diálogo prelegislativo que tuvimos con los académicos el año 2019, parte mucho antes.
-Usted dice que este proyecto no tiene un sesgo ideológico ni antiempresarial, ¿a qué atribuye, entonces, la preocupación que existe en el empresariado respecto de la aplicación de las normas?
-No quiero atribuir intenciones, creo que la CPC y la Sofofa estuvieron muy mal asesoradas, tanto en sus acciones como en sus declaraciones. Y prueba de ello es que ni siquiera fue considerado el téngase presente de la CPC por el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que la CPC se autoinfligió un daño muy importante a su prestigio. Entiendo que tampoco fueron consultadas todas las ramas de la CPC en esta decisión de hacer una presentación al Tribunal Constitucional. Y estoy seguro, por ejemplo, que con un presidente como Alfonso Swett, que fue muy crítico respecto de las malas prácticas después del estallido social, que habló de avanzar en terminar con la colusión, con los que hacen trampa en los negocios… No me imagino que en una presidencia de Alfonso Swett esto hubiese ocurrido.
-En este escenario, ¿usted y quienes apoyaron este proyecto no están abiertos, por ejemplo, hacer alguna revisión?
-Pero Claudia, lo discutimos, ustedes fueron testigo de la discusión de este proyecto desde el 2019, desde antes del estallido social. Fueron decenas de sesiones en ambas cámaras, fueron cientos de horas de discusión. Escuchamos a todas las entidades reguladoras, participaron los mejores profesores de Derecho Penal y llega un momento en que los proyectos tienen que votarse. Un proyecto que se aprobó por unanimidad… ¿Van a acusar a la UDI, que aprobó por unanimidad, de sesgo antiempresarial? Realmente, no entiendo.
-Lo que señalan algunos abogados, entre otros, Gabriel Zaliasnik, es que cuando se aplique esta norma va a estar sujeta a múltiples requerimientos de inconstitucionalidad, ¿no sería más lógico revisar con otros expertos el proyecto ahora para mejorarlo antes de llegar a eso?
-Estuvimos cinco años discutiendo este proyecto de manera pública, de cara al país, en sesiones públicas, televisadas, con coberturas de los medios de comunicación. Nunca escuché, en estos cinco años, una crítica de Gabriel Zaliasnik y se las escuché una vez que el proyecto fue despachado al Senado. Eso me ahorra mayores comentarios.
-Los parlamentarios siempre dicen que los proyectos son perfectibles, ¿no sería mejor…?
-Por supuesto, durante la tramitación son perfectibles, durante los cinco años de tramitación este proyecto fue perfectible. Por eso trabajamos en forma muy consciente, para garantizar un principio, el de la libertad económica, el de la libre competencia, el de que nadie se puede enriquecer a partir de un hecho ilícito, escuchando las mejores experiencias del derecho comparado. No hubo una coma de este proyecto que no se revisara con más de diez profesores de Derecho Penal. De todos los proyectos que me ha tocado tramitar en el Congreso Nacional, en estos 13 años que llevo como parlamentario, este es por lejos el que ha tenido más rigurosidad técnica.
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