Si se tuviera que calificar con una nota de entre 1 y 7, probablemente tres programas gubernamentales no habrían logrado llegar siquiera al 4. Eso es lo que se desprende del Informe de Resultados de Evaluaciones 2022 de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual analizó siete programas gubernamentales.
El informe -que revisa la consistencia del diseño del programa, aspectos de su organización y gestión, y sus resultados a nivel de producto y de objetivos finales-, analizó el desempeño de ocho iniciativas: Programa de Formación para la Competitividad; las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ); el Programa Despega MIPE (Ex Bono Empresa y Negocio); el Hospital Digital; la Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA); el Programa de Fomento Minero para la Pequeña y Mediana Minería; el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; y el Programa de Inserción de Investigadores.
El periodo analizado y evaluado de los programas en cuestión, corresponde a los años 2018-2021.
De las medidas analizadas, las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) -entidades sin fines de lucro que tienen por objeto proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a personas de escasos recursos-, fue el único programa que obtuvo la evaluación de “buen desempeño”.
El informe del programa, que para 2022 tiene un presupuesto de $ 52.956 millones, dice que ha mostrado buenos resultados para sus usuarios tanto en los Patrocinios Judiciales (mejores que los del Ministerio Público) como en la Solución Colaborativa de Conflictos (mejores que los de la Dirección del Trabajo).
“En su diseño, el resultado planteado apunta correctamente a solucionar la falta de acceso a la justicia de las personas que no pueden procurársela por sí mismos”, destaca el informe.
El Programa de Formación para la Competitividad, dependiente del Ministerio de Economía, mostró un “desempeño medio”. En tanto, Despega Mipe (Ex Bono Empresa y Negocio), Fomento de la Pequeña y Mediana Minería: Programa de Fomento Minero para la Pequeña y Mediana Minería , y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) fueron calificados con “desempeño bajo”.
Mal desempeño
De acuerdo al análisis de Dipres, hubo tres programas que mostraron un “mal desempeño” en la evaluación: Fomento de la Pequeña y Mediana Minería: Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), Hospital Digital y el Programa de Inserción de Investigadores.
En el caso de PAMMA, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de ingresos y a reducir la accidentabilidad en las actividades de la pequeña minería artesanal, el informe cuestionó varios aspectos.
De acuerdo al análisis de Dipres, la iniciativa -que está a cargo de Ministerio de Minería y que tiene un presupuesto de $ 3.720 millones para el presente ejercicio-, fue mal calificada, debido a que presenta deficiencias en la definición y cuantificación de su población objetivo.
Además, en su diseño no se han definido ni estandarizado conceptos de calidad, seguridad y sustentabilidad minera lo cual impide fijar estándares mínimos que deben cumplir las faenas para ser objeto de los beneficios del programa.
Así, de acuerdo al análisis, el programa no se articula ni coordina con las otras estrategias del Estado que abordan problemas similares en la minería de menor escala.
Respecto al programa Hospital Digital, que depende del Ministerio de Salud y que busca ampliar la oferta de especialistas y cobertura de atención de salud para la población a través de canales digitales, la evaluación también mostró una crítica lectura.
Así, el informe plantea que si bien el Programa Hospital Digital instala en el sistema de salud chileno una lógica de atención digital “altamente necesaria y pertinente”, es necesario que se revise, actualice y profundice en los elementos de su diseño, resguardando la calidad de sus prestaciones, para maximizar el impacto generado en la población.
“Es en el diseño, en efecto, donde se encuentran la mayoría de las limitaciones de desempeño que son ‘arrastradas’ hacia otros ámbitos de la evaluación, incluyendo una gestión y coordinación débil al interior del Ministerio que trae consecuencias en implementación y eficiencia; y de una conceptualización confusa respecto de los tipos de atenciones y usuarios que el programa atiende”, dice el informe.
Por último, respecto al Programa de Inserción de Investigadores, que depende del Ministerio de Ciencia, particularmente de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el informe fue crítico respecto a su impacto.
En cuanto a este programa, que tiene un presupuesto de $ 7.773 millones -y que tiene como fin el fortalecimiento de la capacidad académica, científica y tecnológica del país, estimulando el mejoramiento de la calidad de los investigadores, tanto en la academia como en la empresa-, el informe cuestionó su diseño.
Así, el informe dice que el diseño de la iniciativa pareciera tributar más a un problema de inserción laboral, que a un problema de fortalecer las capacidades I+D+i de las instituciones.
“Si bien las definiciones estratégicas desde ANID definen el fortalecimiento institucional en I+D+i como el problema público del que el programa busca hacerse cargo, el programa es visto por gran parte de la comunidad académica y científica como uno de inserción laboral. De hecho, de acuerdo a lo relevado en entrevistas, es habitual que la iniciativa de armar las postulaciones venga desde los investigadores, señalando que esta es la población que se ve afectada por el problema”, dice el informe, el cual recomienda analizar el diseño y foco de la iniciativa.
Lo que viene
Según explicaron desde Dipres a través de un comunicado, los resultados de cada una de estas evaluaciones fueron enviados a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional para ser considerados en el proceso de discusión presupuestaria.
“Los resultados de las evaluaciones son utilizados para apoyar las decisiones presupuestarias, contribuyendo así a un mejor gasto público a través de un mejor uso de los recursos. Esto no quiere decir que todo programa evaluado debe modificar su presupuesto, incluso en casos de programas con debilidades, ya que, por ejemplo, se puede tratar de programas establecidos en leyes permanentes o bien que abordan necesidades relevantes y todavía insatisfechas. En esos casos la evaluación puede aportar a corregir debilidades del programa”, señala el jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal, Slaven Razmilic.
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