A las 14:36 del martes 21 de noviembre, la vida de Christian Soto cambió.
Hasta la jornada previa, este abogado y contador auditor era pieza clave del organigrama del Servicio de Impuestos Internos (SII), al ejercer como director de Grandes Contribuyentes -DGC- del organismo, uno de los cargos más apetecidos en la entidad, con una de las remuneraciones más altas (sobre $ 10 millones bruto al mes) y con mayor relación con las empresas y las personas naturales de altos ingresos en el país.
Por lo mismo, el comunicado que emitió el servicio en la hora antes señalada, dando cuenta de su salida del cargo por pérdida de confianza, generó un vuelco en la hasta ahora meteórica carrera del funcionario, abriendo una etapa de incertidumbre con un sumario administrativo abierto, una comparecencia ante la Fiscalía (estaba en eso cuando salió el comunicado del SII), una suspensión preventiva de sus funciones y acusaciones de estar eventualmente involucrado en la anulación de una liquidación de impuestos por $ 3.000 millones al empresario Daniel Sauer, uno de los socios de Factop y quien en un audio revelaba, junto a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, el eventual pago de coimas a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ser favorecidos en las fiscalizaciones, en momentos en que Soto ejercía como director de la Dirección Regional Metropolitana Oriente.
Hoy, el profesional no acudió a trabajar al SII. La suspensión que pesa en su contra -junto a otros cuatro funcionarios que oficiaban en los departamentos Jurídico y de Procedimientos Administrativos Tributarios de la Oriente en la época de Soto- no le permite acceder a la sede del servicio, ni utilizar los sistemas ni usar su teléfono laboral, el que entregó voluntariamente ante la Fiscalía ayer en la mañana.
Carrera meteórica
La salida del cargo y la suspensión de Soto generó un remezón en el SII y fue comentario obligado en los pasillos de Teatinos 120 y de Amunátegui 66 (donde opera la DGC) durante las últimas 24 horas.
Es que su carrera profesional hasta el minuto era considerada como intachable, partiendo como fiscalizador tributario en Temuco para luego ascender a jefe del grupo de fiscalización preventiva y de control en dicha zona, para luego migrar en 2008 como jefe regional del Departamento de Fiscalización en La Serena y luego asumir, en 2011, como director regional de la Décima Región (él nació en Chiloé), para luego volver entre 2013 y 2015 a La Araucanía como director regional.
Todo eso hasta noviembre del 2015, cuando asumió uno de los cargos de mayor relevancia en la entidad: la Dirección Regional Metropolitana Oriente, que tiene jurisdicción sobre comunas donde residen contribuyentes de alto patrimonio y las empresas más grandes del país, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Es común que las regionales metropolitanas sean un semillero para los más altos cargos del SII, como las subdirecciones o incluso la dirección nacional.
Justamente, su paso por la Oriente lo tiene bajo investigación, ya que tanto la Fiscalía como el SII presumen que, de ser ciertos, los hechos citados en el audio ocurrieron durante la etapa cuando el abogado y contador lideró esta área.
Ante la Metropolitana Oriente, específicamente, un contribuyente puede realizar una serie de trámites, como efectuar el término de giro, solicitar condonaciones, presentar peticiones administrativas (en IVA, renta y otros), modificar y actualizar la información, solicitar anulaciones administrativas de giros y otras, rectificar el IVA, los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), retenciones, y rectificar declaraciones de renta, reclamar giros y liquidaciones, y solicitar reconsideraciones administrativas.
Justamente son estos últimos dos trámites los que están bajo investigación, ya que Sauer y sus abogados habrían reclamados los giros y liquidaciones y pedido reconsideraciones administrativas por $ 3.000 millones, las que fueron visadas por el servicio.
Las tesis internas
El exDGC es un personaje que genera sentimientos encontrados tanto a nivel del SII como entre quienes se han relacionado con él en distintos procesos administrativos y de fiscalización.
Algunos lo definen sobre todo como un fiscalizador de base. O sea, alguien que tiene como principal misión aumentar la recaudación fiscal y con un cierto nivel de desapego al mundo privado y de las grandes empresas.
Otros lo ven como alguien afable, que nunca niega una solicitud para reunirse por la Ley del Lobby y que siempre tiene en mente entregar soluciones a los problemas.
"Es alguien muy ejecutivo, que tiene respuestas y soluciones técnicas para todos los problemas. Es muy llano a escuchar, pero eso no significa que a la hora de emitir la liquidación o el giro vaya a acoger tu reclamo", explica un exdirector del SII.
Para algunos, su meteórica carrera también derivó en actitudes arrogantes, como no considerar lo que sugerían otras áreas técnicas del servicio o endurecer su postura durante las conversaciones con asesores de grandes empresas.
"Como es winner y funcionario de carrera, se siente con las espaldas de la organización para no transar", plantea un abogado que ha asistido a varias reuniones por lobby.
De hecho, si se analizan las audiencias que tuvo como director de la Metropolitana Oriente, resaltan reuniones con representantes de empresas y personas naturales de importante incidencia en la economía nacional, como filiales de la constructora Besalco, el empresario Jorge Claro, el director de Cencosud Manfred Paulmann, Lundin Mining, Mercado Libre, Credicorp Capital, Mitsui, BBVA, Methanex, VTR, Melón, Credit Suisse, Costa Verde (ligada a accionistas de Latam), Cerro Dominador, Enjoy Gestión Limitada (relacionada al operador de casinos del mismo nombre), Caterpillar, ENEX, Albemarle, AFP Modelo, Derco Chile, Empresas Copec, el empresario Salvador Said, y Sociedad Matriz SAAM.
Al interior del servicio hay varias tesis para explicar el auge y caída del exDGC. Una de ellas es que el funcionario habría visado las anulaciones de las liquidaciones de impuestos sin tener conocimiento de todos los antecedentes, debido a que en el proceso intervienen a lo menos cinco personas: un fiscalizador del SII, un abogado, un jefe de grupo, un jefe de departamento y en última instancia el director regional. Un exdirector del SII advierte que “$ 3.000 millones sin justificación no se le pasan a alguien meticuloso como Soto”.
La opción de faltas a la probidad no le hace sentido a funcionarios de carrera ni contrapartes del sector privado que han interactuado con él.
"Una cosa es ser duro y no transar, pero otra cosa muy diferente es recibir coimas", plantea un exsubdirector del SII. "Por la experiencia que tiene, yo descartaría que sea leso y no se haya dado cuenta de lo que estaba firmando", dice otro histórico del servicio.
Otra tesis es que se habría cometido un error técnico en la liquidación, algo que ocurre con relativa periodicidad en el servicio, lo que explica la anulación.
Lo cierto es que los hechos bajo investigación del SII y la Fiscalía ocurrieron en 2018. Esto implica que las operaciones impugnadas por el SII y que generaron la diferencia de impuestos liquidada habrían ocurrido entre tres a seis años antes.
"Es decir, si son hechos económicos del año comercial 2014, se debió declarar hasta el 30 de abril de 2015 y, por tanto el plazo para liquidar (sin aumentos o suspensiones de plazo) vencería el 30 de abril de 2018", explica un conocedor de la dinámica del SII, desde donde advierten que los hechos investigados habrían estado cerca de prescribir al momento en que se habría realizado la anulación de las liquidaciones de tributos.
La molestia de los gremios
En la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), presidida por Evelyn Apeleo, hay molestia por la manera en que se ha comunicado el proceso de destitución de Soto y la suspensión de los cuatro funcionarios que lo acompañaron en la Regional Metropolitana Oriente.
De hecho, señalan que se habría comunicado públicamente la salida de Soto de la DGC antes de que el abogado y contador fuera notificado, debido a que se encontraba prestando declaración ante el Ministerio Público durante la mañana de ayer.
Hasta el minuto, las agrupaciones de funcionarios no se han reunido con el director del SII, Hernán Frigolett -quien designó a Soto en la DGC tras un extenso concurso interno en septiembre de 2022-, algo que Apeleo resiente: "Los funcionarios del servicio requerimos respeto y que se cumpla el derecho al debido proceso. Tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, pero los funcionarios no pueden ser los chivos expiatorios de este problema", señala.
Asimismo, argumenta que en la reforma tributaria del año 2020 se establecieron amplias causales para que los contribuyentes solicitaran revisiones administrativas de las acciones del servicio, lo que -dice- estaría generando presiones de parte de asesores a los fiscalizadores del organismo.
"Hay que regular mejor los espacios de lobby y modificar las etapas de revisión de las actuaciones, ya que quedaron muy amplias en la reforma tributaria de Piñera en 2020", expone.
Por lo pronto, también se resiente en la asociación de funcionarios que Soto haya sido removido en circunstancias en que solo ha sido llamado a declarar como testigo, no siendo -hasta el minuto- imputado por el Ministerio Público. Desde el SII se defienden señalando que su naturaleza es distinta, ya que al ser un cargo de confianza tenía que ser removido para ser objeto de sumario administrativo como trabajador de carrera de la entidad.
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