Aunque esta última semana, el Congreso –que suspendió el trabajo en terreno que suelen realizar los parlamentarios a fin de mes– se dedicó a avanzar en la agenda de seguridad, sigue pendiente una serie de temas legislativos tan importantes para el Ejecutivo como el alto nivel de delincuencia que afecta al país. Y, en ese plano, la reforma al sistema de pensiones espera por un acuerdo que permita su avance, sea en el marco del trabajo de la Mesa Técnica Previsional -de la que se restó Chile Vamos- o fuera de ella.

En este sentido, desde el pacto opositor confirmaron a DF que la reunión con la ministra del Trabajo Jeannette Jara, programada inicialmente para esta semana, se realizaría el próximo martes 3 de abril, antes de la sesión de la Comisión de Trabajo, en la sede del Congreso en Valparaíso. Sin embargo, aclaran que la concreción de esta cita no implica que Chile Vamos vaya a ceder en su postura y acepte sentarse a negociar en la Mesa Técnica. Muy por el contrario, fuentes del sector son tajantes en sostener que lo que buscan es negociar solos con el Ejecutivo y en paralelo a la instancia.

En la cita –comentan- se podrán de acuerdo con el Ejecutivo respecto a la fórmula de trabajo conjunto, “pero no vamos a sumarnos a la mesa”, asegura un parlamentario opositor, argumentando que la mesa no es técnica, sino que la integran sólo representantes políticos

Reforma previsional: los puntos intransables que negociará Chile Vamos en su propuesta al Gobierno

El documento que Chile Vamos ha estado elaborando para presentarle al Gobierno en esta oportunidad no es muy distinto a lo que ya han señalado públicamente sus representantes, cuando han detallado sus discrepancias con el proyecto que promueve el Ejecutivo y su columna vertebral está sostenida en siete ejes que se fundan en que “para avanzar en una reforma que responda a lo exigido por los chilenos, es necesario que esta se haga cargo de lo alertado por los expertos y organizaciones que expusieron en su tramitación, junto con recoger los elementos positivos levantados en discusiones anteriores”, aludiendo a la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera.

Ejes de la propuesta

El primer eje apunta a que la cotización adicional de 6% se destine a las cuentas individuales, lo que permitiría generar mejores pensiones y evitaría que se utilizara para fines distintos de la seguridad social; lo que implica que la solidaridad del sistema se financie con impuestos generales. Por otro lado, la gradualidad del aumento de la cotización se deberá aplicar de manera que no destruya empleos ni disminuya los salarios reales.

El segundo eje se refiere a la libertad de los cotizantes a elegir al administrador de los fondos; lo que nos lleva al tercer eje en el que rechazan el monopolio estatal y promueven una mayor competencia, a través de una reorganización de la industria que mantendría a los gestores privados que competirían en igualdad de condiciones con el gestor público.

Según señala el texto que se le entregará al Ejecutivo el proyecto del Gobierno dividió las funciones en entidades distintas, otorgando un monopolio estatal a las de soporte y entregando ventajas competitivas al ente estatal en la gestión de inversiones. Y la propuesta de Chile Vamos “pretende corregir” eso, “separando aquellas funciones en que efectivamente está comprobado que hay eficiencias en su operación, independiente de aquellas que pueden ser realizadas por el mismo gestor”; como, por ejemplo, que la Tesorería recaudara para los trabajadores independientes y una entidad privada –como Previred- lo hiciera para los dependientes.

Los siete temas en los que el Ejecutivo está dispuesto a conversar y que socializó en la Mesa Técnica de Pensiones

Mientras que para lograr una mayor competitividad proponen abrir la competencia en la administración de inversiones con giro único, permitiendo el ingreso de otros actores con y sin fines de lucro, entre ellos un administrador estatal (una empresa pública) que competirá en igualdad de condiciones; la eliminación del default o asignación por defecto, asegurando que sea el afiliado quien elegirá libremente; que los administradores de inversiones también serán responsables de proporcionar la administración de cuenta y asesoría financiera de sus clientes en toda la fase de acumulación de ahorros (vida laboral activa), manteniendo la relación contractual y comercial con el afiliado. Para estos efectos podrán subcontratar servicios de administración de cuentas con otros actores privados o con una empresa estatal. Y, por último, proponen establecer el deber de las administradoras de fondos de pensiones de disminuir las comisiones en caso de rentabilidad negativa de los fondos, en un determinado período de tiempo.

El cuarto eje propone fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU) para llegar a $ 250 mil de manera gradual y financiada con impuestos generales, y focalizado en el 90% más vulnerable. Mientras que el quinto eje apunta a fiscalizaciones más eficaces, en las que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se encargue de evitar la evasión y “subdeclaraciones”. El sexto eje se refiere a facilitar la educación previsional y el último eje habla de incentivar la formalidad.