TPP: Chile y Australia acuerdan grupo de expertos para abordar materias de inversiones

El jueves, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó que Chile y Australia firmaron una Declaración Conjunta en la que ambos países acuerdan trabajar en los asuntos relacionados a la evolución de la práctica de disciplinas con respecto a las inversiones en relación a sus acuerdos comerciales.

Esto forma parte del proceso de implementación del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, ya que están sujetos al capítulo de la Protección de Inversiones y la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés).

“La Declaración Conjunta reafirma el balance que debe existir entre el derecho a establecer regulaciones con el fin de lograr objetivos legítimos de política pública, tales como medio ambiente, derechos sociales, protección del consumidor, entre otros, y la debida seguridad y protección que cada parte debe otorgar a las inversiones extranjeras directas”, indicó la Subrei.

El acuerdo conjunto entre ambos países es instruir a expertos técnicos para discutir el Capítulo de Inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Australia y Chile y promover la mejora continua del funcionamiento del Capítulo de Inversión del CPTPP en el marco de su revisión cada tres años.

La declaración se suma a aquella acordada con Canadá en noviembre del 2022. 

Lo acordado

En el documento, cada país reafirma el derecho de cada parte a regular dentro de su territorio para lograr objetivos políticos legítimos: de la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación, la seguridad, el medio ambiente -incluido el cambio climático-, la moral pública, la protección social o del consumidor, y la promoción y protección de la diversidad cultural. 

En conjunto a asegurar el capítulo de inversiones del CPTPP, “que reflejan el equilibrio entre nuestros compromisos en materia de protección de las inversiones y el derecho de un gobierno a regular para alcanzar objetivos políticos legítimos”.

Además, apunta a reconocer los roles del sector privado, la sociedad civil y otros grupos interesados en cuestiones de política pública relacionadas con ISDS. Al mismo tiempo, se considerará la evolución de la práctica internacional de organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. 

También se acordó promover normas de conducta transparentes sobre las responsabilidades éticas de los árbitros en los procedimientos ISDS, incluídas sobre conflictos de intereses.