Como en pocas oportunidades, una reunión del Comité Político había sido tan tensa. No era la primera vez que los presidentes de los partidos o los parlamentarios que participan en esa instancia se habían mostrado críticos frente a acciones del Ejecutivo. Pero nunca antes, los cuestionamientos apuntaron con tanta fuerza al problema de fondo que perciben en el gobierno: la crisis en el sistema de toma de decisiones.
Con la amenaza inminente de que la situación en Magallanes se transformaría en un conflicto político de proporciones impensadas, los dirigentes presentes en ese encuentro alegaron que no era posible que no se les informara de determinaciones que podían tener un alto impacto, argumentando que ello impedía un análisis adecuado que evitara consecuencias innecesarias.
Pero los duros reclamos no quedaron circunscritos a dicha reunión, porque además de que sus integrantes entre ellos el senador Alberto Espinalos reiteraron con duros términos públicamente, otros destacados personeros del oficialismo, como los senadores Pablo Longueira o Andrés Allamand, se encargaron de reiterar sus reparos a la conducción política.
Con matices, todos consideraron que, tanto la forma en que se adoptó la decisión de subir las tarifas del gas en Punta Arenas, como el manejo posterior de la situación que permitió el estallido de las protestas, era el emblema de los errores que, si no se corrigen, pueden afectar seriamente al gobierno.
Falta información
La crítica más puntual que ha surgido en estos días con el episodio de Magallanes de la que se hacen cargo en La Moneda --es no haber sociabilizado la determinación, de manera de haber buscado una forma de no llegar al extremo que llegó el caso. En esa línea, se ha cuestionado con fuerza la incapacidad de La Moneda para advertir un escenario de conflicto, considerando que son conocidas las particularidades de la región, donde era impensable que sus habitantes, acostumbrados a un trato excepcional, no reclamaran con fuerza ante una medida que aparecía como una merma a sus prebendas. Tampoco resultaba explicable que el gobierno adoptara una decisión tan sensible sin buscar respaldo político, teniendo en cuenta que se trata de una zona donde no cuenta con parlamentarios aliancistas, sino que hay dos independientes --el senador Carlos Bianchi y el diputado Miodrag Marinovicque como caudillos locales, encabezarían las protestas junto a la Concertación. Casi sin entender lo que el senador Espina calificó como autogol, los dirigentes políticos del oficialismo indican que si se hubieran conocido antes las razones para determinar el alza del gas que se informaron posteriormente aclarando bien, además, que no era el fin del subsidiose podría haber elaborado una estrategia política para encarar la situación.
Pero no ocurrió. Por eso, uno de los principales reclamos de los participantes en el Comité Político, fue que dicha instancia carecía de sentido si es que temas como éste al que agregaron el de las sanitarias o de Cotrisaellos los conocían sólo cuando aparecían en la prensa, porque ni siquiera podían colaborar en el control de daños.
Preocupados e incluso molestos por las consecuencias de situaciones como el estallido de Punta Arenas, los dirigentes aliancistas aludieron a la necesidad de buscar mecanismos eficaces para impedir que este tipo de situaciones se repitan.
Estilo en cuestión
Tanto los propios políticos, como personeros de La Moneda, admiten que el problema no es fácil de solucionar, porque apunta a una forma de gobierno donde es el propio Presidente Sebastián Piñera quien concentra todas las decisiones.
Prueba de ello es que, en el caso concreto del gas en Magallanes, la medida la tomó solo, con el ministro de Energía, Ricardo Rainieri, tras conocer la información técnica que éste le entregó. Fue esa decisión, adoptada en una de las llamadas "bilaterales", la que posteriormente ratificó el directorio de ENAP, que está presidido por el propio Rainieri y que además integran el ministro de minería, Laurence Golborne nombrado por Corfo-- además del Vicepresidente de dicho organismo, Hernán Cheyre.
Era conocida la preocupación que tenía Piñera por la situación de quiebra de ENAP que acumula un déficit de 4 mil millones de dólares -- que se ha manifestado, entre otras cosas, en su intento de que Minería retome su tuición a fin de que Golborne, con su experiencia gerencial, intente sacar adelante a la empresa.
Lo que critican los dirigentes aliancistas, sin embargo, es que ese criterio de eficiencia que quiere imponer Piñera en las empresas estatales, pueda ser eficaz para el rendimiento de éstas, pero letal políticamente.
Coincidiendo con lo planteado por el presidente de RN, Carlos Larraín, en cuanto a que las decisiones políticas no las pueden adoptar los directorios de las empresas, otros dirigentes postulan que con este episodio no sólo quedó en entredicho la forma en que el Presidente acostumbra a tomar las decisiones, sino que se sumaron los cuestionamientos al criterios excesivamente económico con que lo está haciendo.
Cambios al esquema
Con el paso de los días, el caso de Punta Arenas confirmó los problemas de la falta de un diseño para encarar situaciones de crisis, donde después de la entrada y salida de escena de los ministros Rainieri y Golborne, debió asumir su conducción el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, secundado por sus pares de La Moneda. En este escenario, los propios políticos que han liderado los reclamos a la forma en que se tomó la decisión o se manejó después le hicieron presente a los ministros, como al propio mandatario, la necesidad imperiosa de generar cambios en el esquema de conducción del gobierno.
Con el argumento, entre otros, de que,pese a sus logros --como las cifras de crecimiento económico o la superación de las metas de empleo su aprobación ha sufrido una fuerte caída en las últimas encuestas, creen que efectivamente pueda producirse un giro.
En general, en palacio miran con distancia las críticas de los políticos, fundamentando que no se acostumbran a ser oficialistas o tienen agenda propia. Pero en esta oportunidad la sola constatación de que la decisión del gobierno no encontró ni una sola reacción de respaldo, sino por el contrario al punto que se acallaron los cuestionamientos de la oposicióngeneró inquietud frente a la posibilidad de que se produzca una desafección creciente de los dirigentes de la Alianza.
En ese contexto, mientras intentan sofocar la crisis magallánica recurriendo a una fórmula similar a la que emplearon con la huelga de los comuneros mapuches --con la mediación de la Iglesia Católicalos ministros políticos e incluso el Presidente Piñera asumieron que era un escenario que no se podía repetir.
Pero eso no siginificó que Piñera considerara realizar un cambio de gabinete como consecuencia de la crisis, lo que se confirmó con el hecho de que ni siquiera aprovechó la salida del ministro de Defensa, Jaime Ravinet --por razones completamente ajenas a esta situación-- para realizar un ajuste mayor. Es que, como indican en La Moneda, la solución a situaciones como la que desató el caso de Punta Arenas, en ningún caso Piñera las zanjaría con cambios en el equipo, menos si lo que aparece cuestionado es la conducción política de la que él sabe que es el responsable final.
Es por eso que, lo único que se espera es la modificación del sistema de toma de decisiones, sea ésta entregándole más atribuciones al Comité Político tal cual está concebido, o ideando otra instancia que cumpla funciones similares a las que podría tener éste.
Cual sea la fórmula, el Puntarenazo podría producir algunas modificaciones en la forma de gobernar, aun cuando ello se enfrenta a la dificultad de que no es fácil cambiar el estilo presidencial.
Pero un elemento que podría colaborar a ello, es que Piñera sabe que cuando las críticas al gobierno surgen del oficialismo, inmediatamente ellas se traducen en una baja en las encuestas. Y todo indica que con experiencias como la de ahora, éstas no se acallarán.
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