El 31 de marzo se cumple el plazo autoimpuesto por el gobierno -en el protocolo de la Ley de Presupuesto-, para iniciar la tramitación del proyecto de ley que busca perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública. Y las últimas señales indican que el debate estará lejos de ser calmado.
¿La razón? Se reavivó el cuestionamiento respecto a si el organismo cumple o no con el objetivo para el que fue creado -de privilegiar la excelencia y no la "simpatía política" en el nombramiento de los directores de servicios públicos, entre otros cargos-, tras conocerse que en su primer año el gobierno de Michelle Bachelet desvinculó al 64% de los altos directivos de primer nivel jerárquico (de mayor confianza) y a un 45% del segundo nivel, cifras muy similares a las del primer año del gobierno de Sebastián Piñera.
También la figura de los cargos Transitorio y Provisional (TyP) ha adquirido notoriedad de la mano de Michel Jorratt, titular del Servicio Impuestos Internos (SII), que hoy está en el primer plano por el caso Penta y su arista SQM; y, al mismo tiempo, en la recta final de un concurso de Alta Dirección Pública con el fin de ser ratificado en el cargo.
A esto, se suma que la probidad en el sistema público está altamente cuestionada a raíz del caso Caval, donde está vinculado el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos.
Así, el diagnóstico es claro: el sistema necesita de manera urgente un perfeccionamiento en sus bases. La duda es si será suficiente con los cambios que planea aplicar el gobierno.
Los cambios: qué hay y qué falta
Entre las propuestas que ya entregó el Consejo de la Alta Dirección Pública al Ministerio de Hacienda destaca restringir la capacidad de desvincular en el caso de los cargos de segundo nivel jerárquico, mientras que para los cargos de mayor confianza se propuso que el presidente pueda designar hasta un 20% de estos casos, previa evaluación del Consejo ADP.
Además, se considera limitar la figura de los TyP, no pudiendo participar en el concurso del cargo que están desempeñando; ampliar el sistema a los servicios del gobierno central que no están incorporados y perfeccionar los convenios de desempeño, de manera que permitan la evaluación del directivo ante un posible despido.
Beatriz Corbo, actual miembro del Consejo ADP, resalta que las cifras demuestran que con el marco legal actual es muy vulnerable y puede mal utilizarse, porque entrega a la autoridad de turno la posibilidad de desvincular sin evaluación del desempeño y lo que es peor en su opinión, le permite nombrar en reemplazo de los desvinculados a personas que no pasan por un filtro de mérito, mientras tanto el concurso se realiza.
"No pone ninguna limitación a aquellos que han sido designados 'a dedo' para que concursen", dice Corbo, y por lo mismo, su propuesta es más radical: suprimir derechamente la figura de los TyP.
Rafael Blanco, miembro del consejo entre 2007 y 2013 y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, coincide con este planteamiento. En su opinión estos directivos, además de ser colocados en su cargo sin postulación y luego compiten con ventaja en el concurso respectivo.
"Los directivos provisionales se usan para hacerle un bypass al sistema de concursos", afirma el ex miembro del Consejo y fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth. También opta por radicar a los TyP.
Otro punto que proponen los expertos y que no está considerado entre las propuestas, es que se dote de una mayor libertad al sistema y al mismo Consejo, "con mayor autonomía de la administración de turno y un modelo de gobierno corporativo que garantice independencias de criterios partidistas", postula Blanco.
En esa línea, Waissbluth propone una figura similar a lo que es hoy el Consejo para la Transparencia. "Hoy, el presidente del Consejo, por muy respetable que sea, debe seguir las órdenes del ministro de Hacienda de turno", recuerda.
Además, los conocedores del sistema ADP plantean que se hace indispensable incorporar un sistema de evaluación que impida el despido injustificado de los funcionarios. Como expone Beatriz Corbo, éste se debe implementar en los primeros cuatro meses de un nuevo gobierno, cuando hay impedimento de desvincular en el segundo nivel jerárquico.
Misma idea tiene Blanco. "Se debe diseñar un modelo efectivo y eficiente de evaluación de desempeño, que permita que las personas bien evaluadas y que han logrado cumplir sus metas sean promovidos en sus cargos y puedan proyectar una carrera pública", afirma.
Evaluación y respuesta a críticas
Todos los expertos consultados coincidieron en que el sistema, a pesar de tener falencias, resulta necesario, ha contribuido a la modernización del Estado y ha alcanzado metas muy importantes.
"El sistema ADP es una fortaleza institucional del país, porque le ha hecho bien a Chile y a sus instituciones", señala el director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña.
Así y todo, no desconoce la necesidad de introducir cambios, y no le da la espalda a las críticas, señalando que tanto en las desvinculaciones como en el uso de la figura TyP, los gobiernos han ejercido esa facultad de manera legal. "Lo importante es, entonces, definir qué tipo de sistema de ADP queremos como país y hasta dónde avanzar, por ejemplo, hacia un servicio civil más permanente", manifiesta.
El presidente del Consejo ADP entre los años 2010 y 2014, Carlos Williamson, hace una defensa férrea del sistema. A su juicio, las críticas y la idea que la ADP no tiene razón de ser "es de una miopía que solamente responde -para no pensar que hay mala intención-, a la ignorancia de cómo funciona el sistema". "Uno podrá poner en duda la prontitud o cómo se realizaron los concursos, pero en el grueso de ellos fueron elegidos los mejores", sostiene.
Waissbluth, en tanto, plantea que su evaluación tras los 11 años del sistema es "agridulce". "La mayoría de las críticas son legítimas, aunque no comparto para nada las posiciones de satanización o eliminación del sistema", postula.
Asume, no obstante, que si este año 2015 no se legisla para blindar el sistema, la ADP tiene sus días contados. "El próximo gobierno se encargará de matarla, sea del color que sea. El sistema no resistirá una tercera crisis", concluye.
los hitos en los 11 años de historia de la adp
La génesis: la ley 19.882
Corría mediados del año 2003 y luego del acuerdo político entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira para una salida pactada al escándalo de sobresueldos denominado "MOP-Gate", se crea por ley el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), organismo que se dedicaría a gestionar los procesos de selección de los principales puestos del aparato público, mediante criterios técnicos y de excelencia. El primer consejo de ADP se constituyó en 2004 y fue compuesto por la presidenta de la instancia Catalina Bau -quien además se desempeñó como directora del Servicio Civil-, además de los consejeros María Luisa Brahm, Mario Waissbluth, José Florencio Guzmán y Rosanna Costa.
Hoy el consejo es liderado por Rodrigo Egaña -director del Servicio Civil-, Beatriz Corbo, María Loreto Lira, Manuel Inostroza y Eduardo Abarzúa.
La fallida reforma de Piñera
En 2011, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la ADP, en vista de las críticas que recibió el organismo por la masiva desvinculación de cargos elegidos a través del sistema luego de los cambios de gobierno. Sin embargo, la iniciativa ingresada en julio de ese año sufrió un revés y fue rechazada.
Sin embargo, en 2013 el Ejecutivo insistió en la materia y envió al Parlamento un proyecto para incluir nuevos cargos de la administración pública elegidos por ADP, como Fonasa y la Dirección del Trabajo en primer y segundo nivel jerárquico, además de los cargos de segunda jerarquía en el Servicio de Impuestos Internos (SII). A la fecha, el proyecto continúa en el Congreso.
Los cambios que prepara Bachelet
Ya con Michelle Bachelet de vuelta en Palacio, en Hacienda trabajan en un nuevo proyecto de ley para modernizar el sistema. Según han señalado en Teatinos 120, el 31 de marzo es la fecha límite para enviar la iniciativa al Parlamento, que en lo medular buscaría limitar el uso de los cargos transitorios y provisionales (TyP), derivar los antecedentes de postulantes eliminados de un concurso hacia otros más aptos a su perfil, mejorar la gestión de los candidatos y evitar que los puestos TyP puedan postular al concurso público del cargo que desempeñan.
La redacción del proyecto la gestiona hoy el coordinador de Modernización del Estado, Enrique Paris, y ha contado con una serie de propuestas del actual consejo de ADP.
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