A inicios de este mes, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, convocó una comisión de expertos transversal -liderada por el economista Eduardo Engel- para proponer una nueva institucionalidad para regular la relación entre política y negocios, en medio de la crisis institucional tras los casos Caval-Penta-SQM.
Pero un poco antes de la conformación de la instancia, la jefa de Estado mandató al comité político -integrado por los ministerios de Interior, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia y Hacienda- proponer una nueva legislación para evitar conflictos de interés y normar la relación entre el sector público y privado.
Si bien el trabajo de cada una de las secretarías de Estado está a la espera de las conclusiones de la comisión Engel, hay algunas reparticiones que han avanzado en su análisis e ideas. Una de ellas sería Hacienda.
En Teatinos 120 se encuentran desde alrededor de un mes evaluando cambios normativos, en línea con lo solicitado por Bachelet al comité político.
Y si bien en el ministerio liderado por Alberto Arenas no han adoptado definiciones "concretas" sobre la materia, altas fuentes señalan que las propuestas irían por el lado de endurecer las penas a los delitos relativos al cohecho y soborno de los funcionarios públicos, tema que ha vuelto a la palestra a raíz del caso Penta, en el cual el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, es acusado -entre otros delitos- de recibir pagos del holding ligado a Carlos Délano y Carlos Lavín mientras se desempeñaba en el sector público.
Bajos castigos
Según el análisis de quienes han participado del trabajo en Teatinos 120, una de las conclusiones a la fecha sería que las sanciones por cohecho y soborno contra funcionarios públicos serían "bajas", por lo que una de las opciones que se analizarían sería, por una parte, aumentar las penas aflictivas, incrementar las inhabilidades de los funcionarios y, en el caso de los parlamentarios, promover la pérdida del escaño de comprobarse la comisión de dichos delitos.
Actualmente en la legislación penal, el delito de cohecho contempla inhabilidades para ejercer cargos en el aparato del Estado y sanciones efectivas de cárcel.
Las penas que se arriesgan por la comisión de este tipo de delitos va desde una inhabilitación -por un nombramiento ilegal- hasta los 15 años de presidio por una malversación de caudales públicos superior a las 400 UTM (ver recuadro).
Sin embargo, la tipificación del delito de soborno sería un poco más compleja de establecer, razón por la cual el análisis de la comisión Engel y de cada uno de los ministerios se abocaría a buscar una manera más explícita de sancionar dicho ilícito.
"Hoy es extremadamente difícil tipificar el soborno y el cohecho, ya que en ambos casos el peso de la prueba hace muy exigente el cómo reconstruir, por ejemplo, operaciones financieras que deriven en cohecho o soborno. Una idea podría ser que desde el momento que se determina el depósito en una cuenta corriente ya se pueda hablar de uno de estos ilícitos", comenta un parlamentario que ha estado al tanto de las tratativas en Hacienda.
Otros legislador plantea que se pueda establecer de manera "más clara" la contraprestación de un servicio a cambio del incentivo económico, algo "clave" para simplificar el proceso sancionatorio.
El ministro Arenas y su staff de asesores ha socializado de manera general -y en reserva- los lineamientos generales de la propuesta ante los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, en los tradicionales almuerzos de coordinación de los lunes.
Otra de las ideas que estaría ganando fuerza sería aumentar las penalidades para quien ejerce desde el sector privado la acción de cohecho o soborno, tanto personas naturales como jurídicas.
"No puede ser que la sanción sea por un solo lado. Las penas deben ser ejemplificadoras tanto al emisor como al oferente", comenta un parlamentario.
La intensa agenda de transparencia
Además de este tópico, la agenda de transparencia por el lado de Hacienda se complementa con proyectos de ley en proceso de análisis, como indicaciones al proyecto de Comisión de Valores y Seguros; el recientemente enviado proyecto que endurece las penas para los delitos económicos y fortalece la libre competencia; y las modificaciones a la Ley General de Bancos, proyecto que se enviará en la segunda parte del año.
sanciones actuales incluyen multas, inhabilitación, suspensión y reclusión
En el Título V del Código Penal está el apartado dedicado a la definición y las penas de los delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Entre otros, se encuentra la usurpación de atribuciones, la prevaricación, malversación de caudales públicos y, por supuesto, el cohecho.
En detalle, entre los delitos incluidos en esta última tipificación está que un funcionario público solicite o acepte mayores derechos o un beneficio económico (para sí o un tercero) por ejecutar un acto propio de sus funciones, o para omitirlo o ejecutarlo con infracción (ejercer influencia en otro empleado público, por ejemplo), y también ofrecer o consentir en dar un beneficio económico a otro empleado público para que realice los actos antes mencionados.
La Ley también señala que los bienes recibidos por el empleado público siempre caerán en comiso.
Además de los funcionarios relacionados directamente a la administración del Estado se incluyen los de sus organimos centralizados o descentralizados, municipalidades y gobiernos regionales.
Actualmente, las penas para estos crímenes van desde una multa en relación a a los derechos o beneficios solicitados o aceptados, suspensión en cualquiera de sus grados (desde 61 días hasta 3 años), inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados (desde 3 años y un día hasta 10 años).
La norma también contempla reclusión, las que pueden ser en su grado mínimo (que va desde 61 días a 540 días) y menor en su grado medio (que va desde 541 días a 3 años y un día).
El cohecho será una de las materias a analizar por el consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción -que encabeza el economista Eduardo Engel-, creado el 11 de marzo por la presidenta Michelle Bachelet, y que por mandato deberá entregar su primer informe a fines de abril.
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