"Convergencia Transversal", el grupo que reúne a más de 30 economistas alerta sobre los mayores riesgos de la propuesta constitucional

A cuatro días de que la Convención Constitucional entregara la propuesta de Nueva Constitución, un grupo de más de 30 economistas, entre docentes y académicos, expusieron 17 puntos que, a su juicio, podrían afectar la “estabilidad política y económica del país” y, por consecuencia, su “desarrollo socioeconómico”.

El grupo “Convergencia Transversal”, se enfocó en diversas áreas abordadas en la propuesta, desde las nuevas iniciativas que implican gasto fiscal hasta un posible riesgo en el desarrollo de la libre competencia en nuestro país.

Entre los expertos que respaldan la misiva están el ex presidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio,  la investigadora Daniela Leitch del Centro de Estudios Públicos, el actual decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena, y los exdecanos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos y Manuel Agosín, entre otras personalidades del área económica y académica.

Atención al gasto fiscal

El primer gran punto de desacuerdo con la nueva propuesta es la eliminación de la “iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias que implican gasto fiscal”, donde recalcan que un “mayor poder” en la Cámara de Diputadas y Diputados aumentaría la presión fiscal, complejizando su disciplina y el control de la inflación.

Sumado a lo anterior, desde “Convergencia Transversal” explican que el traspaso de parte de la responsabilidad fiscal a los gobiernos regionales y locales, sin un "control adecuado del Gobierno central”, resultaría en más burocracia del Estado en temas de recaudación y gasto de recursos públicos, generando así “incentivos perversos a la indisciplina fiscal”.

Los más de 30 académicos y expertos destacaron que la propuesta de Nueva Constitución ha generado “sobre expectativas” en temas de derechos sociales, las que no se condicen con los recursos disponibles. Por un lado, señalan que el país podría enfrentarse a la insostenibilidad fiscal, mientras que, de no proveer estos derechos, se provocaría un malestar, “fomentando crisis sociales y políticas”.

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Rol del Estado y libre competencia

En la carta se detalla la problemática de un Estado con dominio “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de todas las sustancias minerales, fósiles e hidrocarburos, alegando que esto limitaría el derecho de propiedad del productor minero, “desincentivando la exploración y producción de minerales” en el suelo nacional.

Desde el punto de vista jurídico, los expertos aclaran que podrían generarse flancos sobre concesiones mineras vigentes, permitiendo “espacios expropiatorios”, “incertidumbre” y “riesgos en el sector minero”, afectando de manera generalizada la inversión privada.

De la mano económica, la carta analiza los “riesgos a la libre competencia” enfocándose en la falta de neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas, las infracciones mal definidas y las investigaciones criminales que podrá iniciar el Ministerio Público ante el TDLC. Esto último eliminaría la delación compensada, lo que defienden como “herramienta clave para la regulación de la libre competencia”.

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Territorios y compensaciones

La nueva propuesta de Constitución establece una indemnización por el “justo precio”, lo que según “Convergencia Transversal” no entrega claridad respecto a los mecanismos que se utilizarán ni garantiza el pago efectivo, dejando el asunto “a merced de interpretaciones parciales”.

“La incertidumbre sobre esta norma se explica porque la actual constitución establece, junto con el justo precio, la reparación del daño patrimonial, mientras que la nueva propuesta no. Por lo tanto, se puede interpretar que esta omisión voluntaria apunta a un derecho de distintas características”, explicaron en el punto siete.

Respecto al Artículo 191 numeral 2, referido al consentimiento de los pueblos originarios en materias que afecten sus derechos reconocidos en la nueva propuesta a través de una consulta vinculante, expresan que se traduciría en “importantes barreras y riesgos” a proyectos donde se concentra la mayor parte de pueblos originarios.

Mira la carta completa y quienes la firman, a continuación: