DFCumple35 | La defensa a la libre competencia y el combate a los carteles, una guerra sin tregua

Nuevas herramientas para combatir carteles

• En 2009, un año después de que la FNE demandó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión en el precio de 220 medicamentos, se introdujeron una serie de modificaciones al Decreto Ley 211, destinadas principalmente a mejorar las herramientas para el combate de los carteles. Se otorgaron nuevas y amplias facultades investigativas a la Fiscalía Nacional Económica, además de crear un sistema de delación compensada, aumentar las multas para los acuerdos colusorios y extender el tiempo de prescripción de las acciones que persiguen este tipo de ilícitos anticompetitivos.
• Dentro de las atribuciones de la FNE están las denominadas “facultades intrusivas”, que consisten en la posibilidad que tiene este órgano, en casos graves y calificados de investigaciones destinadas a acreditar carteles, de solicitar mediante petición fundada entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, a allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de la infracción, autorizar la interceptación de toda clase de comunicaciones. Facultades que para la institucionalidad eran necesarias como mecanismo efectivo de control, disuasión y persecución de los carteles.

US$ 63,5
millones de multa recibieron las firmas involucradas en el caso pollos, la más alta de la historia.

Mayor cambio institucional

“Normas para fomentar la libre competencia industrial y comercial”. Así fue bautizada la primera ley de competencia que se promulgó en el país el 6 de abril de 1959, marcando tempranamente un interés por el desarrollo de una institucionalidad que ha sido clave para el desarrollo de la economía del país y, particularmente del modelo de libre mercado, años después. De ahí en adelante se han sucedido una serie de reformas. La más profunda fue en 2003, con la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que vino a reemplazar el sistema tripartito que existía hasta ese momento, y que era integrado por instancias administrativas, constituidas por las Comisiones Preventivas Regionales y Central; judiciales, ante la Comisión Resolutiva y ante la Corte Suprema de Justicia y de una Fiscalía Nacional Económica, que tenía un doble carácter, por una parte era auxiliar de la administración de justicia y por la otra, un órgano administrativo autónomo.
Con esta nueva institucionalidad se establecía un sistema dual, compuesto por un órgano que juzga (el TDLC), y otro que acusa (la FNE), sistema que buscaba asegurar un balance en el proceso legal, terminando con la confusión entre los ámbitos de trabajo y atribuciones de las comisiones y del Fiscal Nacional Económico.
La llegada de la economía digital está en la mira de las autoridades de libre competencia en todo el mundo. En Europa las agencias trabajan a toda marcha en resguardos para un modelo de desarrollo que está afectando la competencia y que no necesariamente tiene relación con su poder de mercado o sus ratios de concentración.

Casos de colusión que remecieron al país

En diciembre de 2008 la FNE demandó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios de 220 medicamentos.
Luego vino el caso refrigeradores, que sucedió entre 2005 y 2008, cuando Whirpool y su competidora Tecumseh -empresa que se acogió a la delación compensada- se coludieron para alzar los precios de los compresores, insumo esencial para la fabricación de estos artefactos.
El caso pollos irrumpió en diciembre de 2011, la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC por colusión en contra de las firmas Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA), que no solo terminó con multas sino con la disolución del gremio que los agrupaba.
El caso navieras remeció al mercado en enero de 2015, cuando la FNE acusó ante el TDLC a seis empresas navieras por haberse coludido en varios procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles. Entre las firmas involucradas estaban las chilenas Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI); la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor); y las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd.(MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).
Uno de los más bullados fue el caso papel confort, que se supo en octubre de 2015, cuando la FNE presentó ante el TDLC un requerimiento contra CMPC Tissue y SCA Chile (exPISA) por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue por más de una década.
Otro que también causó revuelo fue el caso Supermercados, que se conoció en 2016, en el momento en que la FNE presentó un requerimiento contra las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU por haber acordado fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca, al menos, entre 2008 y 2011.

La nueva economía, un tema pendiente

• La llegada de la economía digital está en la mira de las autoridades de libre competencia en todo el mundo. En Europa las agencias trabajan a toda marcha en resguardos para un modelo de desarrollo que está afectando la competencia y que no necesariamente tiene relación con su poder de mercado o sus ratios de concentración.
  En las plataformas digitales la mirada está en las economías de escala, los costos de cambio (transferir datos de una plataforma a otra), la cantidad de datos personales que obtienen y los riesgos competitivos que de ahí se derivan, con la aplicación de algoritmos para administrar dichos datos y personalizar la oferta de bienes y servicios y, que en muchos casos, lleva a dichas plataformas a promover que los usuarios las utilicen sin tener o poder recurrir a otras.