La indicación parlamentaria que pone fin a los aportes reservados y a las donaciones de las empresas a las campañas reflotó el debate en torno a la relación entre el dinero y la política. Una discusión que se ha acentuado a raíz de la investigación que lleva la Fiscalía por fraude tributario.
La polémica ha sido recogida por el gobierno y a través de la Segpres ya se afina un proyecto de ley que apunta a mejorar la actual normativa sobre financiamiento y transparencia. Ésta podría contener elementos de una propuesta planteada en 2006 por la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato.
Fin al cinismo y opacidad
Gloria de la Fuente, cientista política de Chile21. "Terminar con el aporte reservado, limita el manto de opacidad y esa especie de cinismo que existe", asegura señalando que derogar este tipo de financiación "despejaría toda duda sobre la intervención o la injerencia del dinero en política", siendo ésta la "consecuencia más deseable". Asimismo, respecto a la indicación que pretende eliminar la donación por parte de las empresas cree que dentro de la discusión es clave dilucidar cómo se repartirán los aportes de empresas ante un marco de puertas abiertas porque, dice, "se ha constatado que, en general, el reparto de los fondos no es equitativo entre todos los sectores". "Las campañas electorales en Chile son muy caras y creo que la tendencia que debería producirse no es solamente prohibir estas dos patas, sino también ver la forma de hacer campaña", afirma. Propone ampliar la discusión a la financiación en toda la actividad política incluyendo entre ella los centros de pensamiento, como ocurre en otros países.
Se debería incentivar el aporte de las personas
Hernán Larraín, director ejecutivo de Horizontal. El abogado es partidario de "multas disuasivas para que ningún candidato o partido caiga en una irregularidad" y de que "los partidos necesiten un esquema de financiamiento con participación del Estado con fondos basales y con la posibilidad de que haya una revisión de cuentas", así como de que "se cree un mecanismo de incentivo para que haya aporte de personas naturales de forma transparente y después de impuestos". Considera necesario abordar la necesidad de perfeccionar la participación del financiamiento público en un sistema mixto con participación privada y con aportes de personas naturales con tope. "En las personas naturales hay bastantes países de la OCDE que permiten que haya aportes reservados hasta cierto punto", agrega. Sobre financiamiento de empresas, en Horizontal aún no definen una posición, pero creen que se debería avanzar hacia un sistema transparente.
matching fund o rebajas tributarias para donantes
Lucas Sierra, subdirector e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Defiende que el aporte reservado "permite preservar la confidencialidad de la preferencia política, lo que incentiva las donaciones". "El sistema admite mejoras, pero antes de prohibir todas las donaciones públicas, lo que va a tener muchos problemas, hay que mejorarlo", explica. "La forma básica es a través de incentivar las donaciones personales permitiendo que los sindicatos y las personas jurídicas sin fines de lucro donen aunque teniendo beneficios tributarios", afirma. "Eso se incentiva, en este último caso, con rebajas tributarias u otro mecanismo, matching fund. Nosotros proponemos esto, que si una persona pone $ 50 mil en una campaña, el Estado ponga otros $ 50 mil", dice. "Tienen que poder donar los sindicatos, las personas jurídicas sin fines de lucro y, sobre todo, las personas naturales", asegura.
contribución de empresas debiera mantenerse
Jorge Ramírez,economista del Instituto Libertad y Desarrollo. En su opinión, "el sistema de donación reservada permite salvaguardar la legítima aspiración de todo ciudadano de la reserva de su preferencia política". Y agrega que "si no existiera el sistema de donación reservada, donaciones que no son tan grandes debiesen ser transparentadas", explica. Ramírez considera que el sistema de donación de empresas a la política "debería mantenerse, porque es una forma de materializar una función social de las empresas". En cuanto a los beneficios tributarios a las empresas, señala que se podría revisar la "discriminación del sistema respecto a las empresas, pero no así las personas naturales que donan a la política". Finaliza señalando que "la tendencia internacional muestra que las campañas políticas más existosas basan su financiamiento en ciudadanos".
CLARIFICAR LOS UMBRALES
René Jofré, analista del PPD. Afirma estar a favor de la idea de terminar con donaciones de empresas con cualquier tipo de forma: "Lo sano en un país democrático es que los parlamentarios no tengan que rendirle cuentas a nadie más que no sean a los electores, y estoy de acuerdo con terminar con el aporte de las empresas ya sean estos reservados públicos o de cualquier otro tipo de forma que se pueda ocupar. Finalmente esa es la dirección que buscan en los países democráticos más avanzados y desarrollados". Respecto a la fórmula que debiera ser la más óptima, sostiene que "el financiamiento público es una opción válida, como también lo debe ser el financiamiento con aportes de particulares, pero estos deben contar con un umbral claro y que, además, sea una cifra creíble para un aporte que provenga de un particular".
un sistema de financiamiento donde el grueso sea el aporte público
Sergio Micco, abogado parte del directorio CED. El académico afirma estar de acuerdo con poner fin al aporte de empresas "porque tenemos el problema de una extraordinaria concentración económica de las empresas, que además, coincide con ciertos planteamientos ideológico". "Casi un 50% de estas donaciones son a la UDI", dice. En los aportes reservados "diferenciaría según los montos". "La ventaja de que sea reservado es que el político que lo recibe tiene más libertad. Sin embargo, en general a las empresas no las mueve el altruismo, por lo que la mayoría de las veces su aporte no es verdaderamente reservado. Distintos son los aportes personales pequeños, porque si hay multiplicidad de personas que hacen aportes reservados, la posibilidad de una presión indebida sobre el candidato, no son más grandes que la que tiene un político con su electorado", asegura. Es partidario de un sistema con el grueso del aporte público -y con privados en menor medida-, pero con mecanismos de "fiscalización draconianos", donde el Servel tenga facultades para hacer respetar las normas, con sanciones altas.
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