Doce años lleva discutiéndose el destino del proyecto minero Dominga, que volvió a ocupar la portada de los medios esta semana, luego que el Primer Tribunal Ambiental acogiera la reclamación en contra de la decisión del Comité de Ministros de junio de 2023, que rechazó su calificación ambiental.
Andes Iron -ligada a las familias Délano y Garcés- la dueña del proyecto, ha pedido terminar con el “espiral” de tramitaciones del megaproyecto de US$ 3.000 millones en La Higuera, que prevé la extracción de hierro y cobre a rajo abierto, y que ha soportado una fuerte oposición, principalmente de grupos ambientalistas.
La decisión de la autoridad ambiental tuvo diversas reacciones y mostró al Gobierno más bien descolocado con el fallo. “Es vergonzoso que el Tribunal Ambiental sostenga que el pronunciamiento del comité de ministros es ilegal. De esto debe hacerse cargo el Gobierno al hacerle un daño tan profundo a la institucionalidad ambiental”, comenta el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Pero Dominga no es el único proyecto que ha enfrentado extensas tramitaciones y la oposición ambientalista, ciudadana o política. En los últimos 10 años hay varios proyectos que integran la lista de los fallidos.
El primer caído
10 de junio de 2014. Los titulares de prensa hacían eco del rechazo del megaproyecto de centrales de pasada Hidroaysén, el megaproyecto que prometía acabar con la escasez energética de una parte importante del país.
Pese a los alegatos de sus mandantes, las empresas Endesa y Colbún, en 2017 la decisión fue ratificada por el Tribunal Ambiental de Santiago, echando por tierra la intención de construir las cinco centrales en los ríos Baker y Pascua.
El fin definitivo del proyecto se registró en noviembre de 2017, casi diez años después de haber iniciado su tramitación. Entonces Colbún y Endesa decidieron renunciar a los derechos de agua que le daban viabilidad al proyecto y comunicaron que el costo había saltado de los originales US$ 3.200 millones a US$ 8.000 millones. “No es factible en términos económicos”, dijeron las empresas para darle fin a Hidroaysén.
“Uno de los problemas centrales es que, en ausencia de mecanismos formales adecuados como la planificación territorial estratégica, el debate sobre estos proyectos queda restringido al ámbito de la evaluación ambiental. Este enfoque, que debería centrarse en lo técnico, termina cargándose de conflictos sociales, políticos y culturales que no tienen un cauce institucional claro. Esto genera incertidumbre no solo para los desarrolladores de proyectos, sino también para las comunidades y el país en su conjunto”, comenta el socio de Táctica Consultores, Rodrigo Castillo.
El “No” de Piñera
Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera un “No” recayó sobre otro megaproyecto. Se trató de la iniciativa de Suez Energy, Barrancones. La historia recuerda que el expresidente se tuvo que hacer cargo de su promesa de campaña, lo que se tradujo en anunciar la solicitud de la relocalización del proyecto en agosto de 2010, a pocos meses de asumir en La Moneda.
La central termoeléctrica estaba ubicada al sur de Punta de Choros y estimaba, en ese momento, unos US$ 1.100 millones en su construcción. En noviembre de ese mismo año, las autoridades regionales aceptaron la renuncia de la empresa a la central.
“En el SEIA se evalúan en promedio un conjunto de 800 proyectos anuales que representan una cartera de inversión, promedio anual, de US$50.000 millones, por lo tanto, el rechazo de un proyecto en particular no es significativo desde el punto de vista de inversión agregada”, analiza Badenier.
Añade que pese al impacto que han tenido estos proyectos las tasas de rechazos en Chile son menores al 10%. “Los titulares de proyectos con evaluaciones ambientales que tienen pronunciamientos sectoriales difíciles o derechamente de rechazo, están optando por el desistimiento, para luego ser corregidos o modificados y muchos de ellos reingresan a evaluación”, dice.
El exsecretario de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero explica que, si bien los efectos no son inmediatos, por ejemplo, cuando se rechazan proyectos de generación “en el ámbito energético significaron en su momento altos costos, ya que recién en 2015 comenzamos a ver nueva generación con menores precios. De hecho, buena parte del costo de las tarifas eléctricas que se congelaron y que hoy se pagan las consecuencias, proviene de contratos caros entre los años 2010 y 2013 donde había muy poca energía y competencia”.
Los otros rechazos
Como la "inversión más importante de Chile”, así se calificó a Alumysa durante el Gobierno del expresidente Ricardo Lagos, recordado como el primer megaproyecto que nunca se concretó. Se trataba de una planta reductora de aluminio en la Región de Aysén, que puso en jaque a las autoridades de entonces y finalmente, nunca vio la luz, luego que el mandatario señalara en un viaje a la zona: “No me parece adecuado que en esta bahía de Chacabuco, vaya a existir Alumysa”.
Otro en la lista fue la Mina Invierno. En junio de 2020, la Corte Suprema rechazó el plan que extendía la vida útil de la operación -ligada entonces a los Von Appen y Angelini- en Isla Riesco, que proponía darle continuidad a la misma por medio del uso de un sistema de tronaduras que no fue autorizado.
“Al observar casos emblemáticos como Barrancones, HidroAysén, Pascua Lama y Dominga, surgen patrones comunes: su magnitud e impacto ambiental, pero también el hecho de que todos se convirtieron en focos de conflicto político y social”, añade Castillo.
La oposición ambiental a ciertos proyectos ha tenido eco, incluso en pleno funcionamiento. Así ocurrió con la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina. La organización de los habitantes de la zona en contra de los fuertes olores de la instalación, implicó que la empresa -de la familia Vial- cerrara sus puertas indefinidamente.
En Viña del Mar, otro proyecto, esta vez que unía a ramas de las familias Said y Bolocco, se convirtió en un elefante blanco de la costa de Cochoa. Se trata del fallido hotel Punta Piqueros. Desacuerdos con el manejo ambiental de la zona y los planes de evacuación ante tsunamis, terminaron con la obra abandonada luego de varios rounds judiciales.
De lo más reciente, se cuenta el rechazo a la línea de transmisión Itahue-Hualqui de la empresa Celeo Group en abril de este año. La firma señaló que acudirá al Comité de Ministros para revocar la negativa. 
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