Un nuevo capítulo se escribe en los polémicos anticipos de rentas vitalicias aprobados por ley y que tienen a un segundo retiro debatiéndose en el Congreso.
Pese a que los adelantos ya habían tomado ribetes internacionales -con algunas acciones legales iniciadas por matrices extranjeras de compañías de seguros en contra del Estado de Chile-, en la última semana entró a escena un actor de mucho mayor tonelaje: el gobierno de Estados Unidos.
El 17 de agosto, la presidenta del Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida (ACLI, su sigla en inglés), Susan Neely, envió una carta a la secretaria del Tesoro de la administración de Joe Biden, Janet Yellen, solicitando la intervención de la Casa Blanca en los retiros de fondos que se están llevando a cabo en Chile, especialmente de los anticipos de rentas vitalicias.
El gremio tiene entre sus miembros a las matrices de compañías de seguros que operan en Chile, como Metlife, Principal y Ohio National.
En concreto, ACLI solicitó a Yellen elevar la preocupación que generan los anticipos de rentas vitalicias a distintos organismos internacionales donde EEUU tiene influencia, como el G20, un grupo que reúne a las 20 mayores economías del mundo, como China, Australia, el Reino Unido y Alemania, entre otros.
"Si el Departamento facilita elevar este problema como incompatible con los estándares internacionales, esperamos que la atención internacional pueda detener un mayor desfinanciamiento y respaldar la supervisión prudencial para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera", señala la misiva de la ACLI a la que tuvo acceso DF.
"Estas acciones están perjudicando desproporcionadamente a la clase media y a las mujeres en su seguridad de jubilación y creemos que es justificado elevar esto al G20", agrega.
Desfinanciamiento y expropiación
Las razones que entregó Neely para que el gobierno estadounidense tome cartas en el asunto es que los procesos de retiros estarían incumpliendo los compromisos que tiene Chile con organismos internacionales.
"Creemos que el desfinanciamiento de activos de pensiones privadas adoptado recientemente y actualmente en implementación, y la violación de la inviolabilidad del contrato de rentas vitalicias son fundamentalmente inconsistentes con los compromisos de Chile con la OCDE y violan directamente las disposiciones de protección al consumidor y estabilidad financiera y del mercado de los organismos que establecen estándares internacionales reconocidos por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, su sigla en inglés)", indica el documento.
En ese sentido, la ACLI solicitó a Yellen proteger la seguridad del sistema de pensiones chileno frente al "desfinanciamiento y la expropiación" que podrían significar los anticipos.
"El impacto micro y macroeconómico perjudicará a nuestros consumidores y esperamos que se detenga la tendencia negativa del desfinanciamiento, por lo que solicitamos la consideración de su Departamento de cómo Estados Unidos puede respaldar la seguridad del modelo de sistema de pensiones de capitalización chileno frente al desfinanciamiento y la expropiación", dijeron.
Las otras cartas
El mensaje que la ACLI remitió a Yellen se suma a dos cartas enviadas el 4 de agosto por el presidente de la Federación Global de Asociaciones de Seguros (GFIA, su sigla en inglés), Don Forgeon, al gobernador del Banco de Italia -país que actualmente lidera el G20-, Ignazio Visco, y al presidente del FSB, Randal Quarles.
En ellas, acusó que Chile ha "desfinanciado la jubilación privada de casi 5 millones de trabajadores" y ha transgredido la "santidad" de los contratos de renta vitalicia.
"Las decisiones políticas en Chile han sacrificado aún más el estado de derecho y la estabilidad del mercado de capitales en la búsqueda de soluciones expeditivas a las presiones económicas provocadas por la pandemia. Estas acciones son contrarias a los principios de la FSB", señala.
En el caso de Visco, en su calidad de mandamás del G20, la GFIA solicitó discutir acerca de la política de retiros de fondos que ha implementado Chile.
"Creemos que el G20 debería abordar el amplio impacto de estas políticas, ya que son contrarias a las normas y principios reguladores mundiales que apoyan la estabilidad financiera y la inviolabilidad de la integridad financiera. Nos gustaría mucho tener la oportunidad de seguir participando en este tema", apuntó Forgeon.
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