La comisión de Hacienda de la Cámara comenzará el martes a discutir el proyecto de Ley FinTech que ingresó el gobierno a inicios de mes. Para la sesión están invitados a exponer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez y el director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra. La iniciativa cuenta con suma urgencia para su despacho desde la Cámara.
De cara al debate que se iniciará, Sierra destaca que el proyecto contiene principios de proporcionalidad basada en riesgos, neutralidad tecnológica y modularidad. También, resalta el rol que tendrá CMF en la elaboración de las normativas para supervisar y regular a las FinTech que quedarán bajo su perímetro.
No obstante, menciona que existen elementos que deben ser perfeccionados para "evitar a toda costa redacciones legislativas que puedan generar interpretaciones de la ley que signifiquen barreras de entrada para las empresas entrantes".
Ejemplifica que los procesos de registro y de autorización contemplados en el proyecto "deben ser sujetos a plazos determinados, evitando usos discrecionales por parte del regulador y, evitando también, la posibilidad de que el 'silencio' del regulador se extienda innecesariamente estos procesos".
Añade que, de la redacción actual del mensaje, "se puede inferir que la CMF establecerá ciertos umbrales, bajo los cuales las empresas podrán prestar sus servicios, sin necesidad de obtener una autorización o bajo estándares de cumplimiento menores".
Recalca que "para promover de manera efectiva y real la innovación financiera, es necesario que sea una obligación de la CMF el dictar a la mayor brevedad posible las normas que contengan estos umbrales, y señalar de manera precisa la manera en que las empresas podrán seguir operando mientras obtienen las autorizaciones correspondientes, una vez superados los umbrales".
Para la puesta en marcha del sistema de finanzas abiertas, que permitirá la conectividad entre todos los actores del sistema financiero, deben hacerse ciertos ajustes, según Sierra.
Afirma que se debe abrir "la posibilidad de que tecnologías distintas a las reguladas en esta ley, que mientras se ocupen de manera legítima, puedan ser utilizadas en la prestación de servicios financieros".
Expone que uno de los artículos transitorios incluye una especie de prohibición a prestar servicios de agregación de información o de iniciación de pagos por medio de tecnologías y estándares distintos a los contemplados en la ley, lo que a su juicio "puede resultar en un grave daño a la innovación y la competencia, y ciertamente incumpliría con el principio de la neutralidad tecnológica".
La mirada de la banca
El proyecto de Ley FinTech no sólo aborda a los nuevos actores tecnológicos del sistema financiero, sino que también incluye la relación con los bancos en el esquema de finanzas abiertas.
El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, subraya que entre los aspectos positivos de la iniciativa es "que se establece un marco general para definir la regulación de servicios que hoy están completamente desregulados, estableciendo principios básicos tales como la proporcionalidad basada en riesgos y simetría regulatoria".
Consultado sobre los aspectos del proyecto que deben ser perfeccionados, dijo que existen cuatro focos de atención. El primero es la responsabilidad ante fraudes porque "los emisores de medios de pagos siguen siendo directamente responsables ante el cliente, con un estándar probatorio único en el mundo, el cual en la práctica ha debilitado la cadena de pagos".
Un segundo punto es el tratamiento de datos personales. Opazo explica que "los conceptos asociados a la protección de los datos personales -consentimiento, finalidad, confidencialidad, etc.- son el eje central de open finance, y en la mayoría de las jurisdicciones de países avanzados esto es materia de ley por su importancia. Este no es el caso de Chile".
El tercer reparo que hace es la regulación simétrica: "El proyecto plantea en sus ejes la simetría regulatoria, es decir, regulación equivalente a instituciones que realizan el mismo servicio. La regulación de la CMF deberá abordar su aplicación, pero la ley, en su estado actual, ya contiene elementos que limitan el concepto de proporcionalidad y simetría, por ejemplo, los requisitos de capital", dice Opazo.
Respecto al rol del regulador en dictar las normas, puntualiza que "esto plantea un importante desafío y recursos para la CMF, los cuales debieran ser considerados en la planificación e implementación de la ley".
La Dirección de Presupuestos informó que la Ley FinTech implicará una inversión de $ 1.200 millones durante su primer año y en régimen será un poco más de $ 1.044 millones para la CMF. Dentro del presupuesto, se contempla aumentar la dotación de la CMF en 17 funcionarios, lo que implicará un gasto de $ 924 millones.
Sobre la creación de un ecosistema de finanzas abiertas, Opazo considera que "es necesario disponer de una hoja de ruta más clara, para evitar los errores cometidos en la implementación de la Ley de Portabilidad Financiera".
Según Opazo, esta hoja de ruta debe contener al menos, "una planificación y disponer de recursos que sean acordes con la magnitud del desafío, junto con una planificación de cómo abordar los marcos legales faltantes, especialmente los vinculados a tratamiento de datos personales y ciberseguridad- así como una necesaria revisión a la Ley de Fraude".
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