Un nuevo capítulo en la pugna que tiene la banca con las exchange de criptomonedas se dio en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El conflicto data de 2018 cuando algunos bancos cerraron sus cuentas o bien se negaron a operar con las empresas que transan criptomonedas. Esto conllevó a que las exchanges acusaran discriminación y abuso de posición dominante por parte de los bancos ante el Tribunal.
Banco BICE, representado en el caso por Pellegrini & Rencoret, ingresó un escrito en donde hicieron presente un artículo periodístico respecto a los motivos que hacen al Bitcoin poco sostenible, de acuerdo a un estudio elaborado por Candriam.
La compañía del grupo Matte sostuvo que "la probabilidad de que las criptomonedas constituyan un sustituto más o menos cercano del dinero es remota".
Según BICE, esto "implica que bancos y exchanges de criptomonedas no compiten ni podrían competir en el mismo mercado relevante". A juicio de la entidad, se "descarta cualquier hipótesis de exclusión anticompetitiva, sea por negativa de venta o por discriminación".
El banco agregó que los bancos no tienen ningún incentivo económico para excluir a los exchanges, porque no los consideran competidores.
Caso Paraguay
Banco Itaú Chile también se defendió el mes pasado de las acusaciones de falencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos en Paraguay que hicieron las exchanges al hacer ver que "la enorme cantidad de instituciones bancarias y financieras que también son permanentemente investigadas o sancionadas en Chile y el mundo por los reguladores encargados de la prevención del lavado de activos".
Esto, pues Itaú anteriormente manifestó ante el TDLC que la comercialización de criptoactivos estaría "asociada a diversos ilícitos a nivel global, como el financiamiento de actividades ilegales y el lavado de activos".
Los abogados del banco precisaron que el Banco Central de Paraguay inició un sumario administrativo a Itaú Paraguay por "no haber realizado una gestión oportuna de las alertas internas" generadas de lavado de activos sobre operaciones sospechosas entre octubre de 2017 y mayo de 2018 dentro de un plazo máximo de 90 días al Central.
Por ello, el ente rector de aquel país multó por US$ 9,6 millones a Itaú Paraguay, la sanción más alta que se había registrado hasta ese entonces.
Itaú aseguró que "los sistemas de criptomonedas no cuentan con mecanismos aptos y suficientes para prevenir operaciones fraudulentas derivadas de su actividad de intermediación, mientras que Itaú sí los tiene; no son fiscalizados por el regulador en la materia, mientras que Itaú sí lo es; y no están sujetos a requisitos de prevención y cumplimiento que definen su ámbito de responsabilidad, mientras que Itaú sí lo está".
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